En base a las más de 40 denuncias presentadas por Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, ante el Ministerio Público Fiscal, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH‐OEA) presentó este 4 de marzo un requerimiento fiscal contra 16 personas por presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) lamentaron la tardanza de la Misión en solicitar este requerimiento fiscal, considerando que la organización y su coordinadora Berta Cáceres, habían denunciado en innumerables ocasiones los proyectos de minería, hidroeléctricas y similares, “como proyectos de muerte y de saqueo no sólo contra el pueblo Lenca sino en todo Hondurasˮ.

“Mientras no sean desmanteladas las estructuras mafiosas dentro del estado en colusión con la empresa privada (DESA), no pararán las muertes y ataques contra las comunidades indígenasˮ, advirtió el COPINH en un comunicado.

También criticaron que no se presenten acciones judiciales contra los dueños de la empresa DESA, la familia Atala Zablah -que integra el Directorio de DESA-, el ex ministro Rigoberto Cuéllar, entre otros.

“No es un caso aislado, representa la forma de funcionamiento del saqueo de los bienes del pueblo hondureño por parte de la inescrupulosa empresa privada -dice el COPINH-. Es la misma situación que sufren las comunidades en el río Petacón de Reitoca, Jilamito y Pajuiles en Atlántida, Azacualpa en Copán, Guapinol en Colón y en los proyectos extractivistas de las ZEDES en la costa norte y en Choluteca. Así como la extracción de madereras en Locomapa y en los bosques de Intibucáˮ, añade la organización lenca sobre otros proyectos a lo largo de la geografía hondureña promovidos por capitales locales y extranjeros.

Las pruebas de Berta

La investigación contiene pruebas de que los 16 acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA.

La Misión sugiere que se revisen los contratos que aún estén vigentes y la normativa que los regula, “pues de seguir con esta política energética podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra a la ENEE, ya que es posible que todos los contratos atados a fuentes renovables se encuentren bajo la misma modalidad”, señala el informe.

El COPINH también responsabiliza a los bancos financiadores por este fraude, en especial al Banco Centroamericano de Integración Económica, el FMO (de origen holandés), FinnFund (finlandés) y FICOHSA (de Honduras) por su colusión ante estos actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.

El requerimiento Fiscal se formuló contra:

1) Francisco Rafael Rivas Bonilla

2) Julio Alberto Perdomo Rivera

3) Catarino Alberto Cantor López

4) Luis Eduardo Espinoza Mejía

5) Ana Lourdes Martínez Cruz

6) Aixa Gabriela Zelaya Gómez

7) Darío Roberto Cardona Valle

8) Mauricio Fermín Reconco Flores

9) José Mario Carbajal Flores

10) Óscar Javier Velásquez Rivera

11) Roberto Aníbal Martínez Lozano

12) Roberto David Castillo Mejía

13) Julio Ernesto Eguigure Aguilar

14) Raúl Pineda Pineda

15) Carolina Lizeth Castillo Argueta

16) Saida Odilia Pinel

Autor intelectual

Roberto David Castillo ya está acusado como autor intelectual por el crimen de Berta Cáceres, ya que era el Gerente General de DESA al momento del asesinato. Fue capturado en marzo de 2018 y permanece en prisión preventiva esperando el juicio. Castillo también se desempeñó como presidente de POTENCIA Y ENERGÍA DE MESOAMERICA S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá, una de las dos accionistas de DESA.

A su vez, Castillo tuvo el cargo de Teniente Segundo en Inteligencia Militar antes de retirarse del Ejército de Honduras. En 2007, como oficial miliar intervino junto al ejército en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, desde donde luego se vinculó con DESA y el proyecto de Agua Zarca.

Por el feminicidio político de Berta Cáceres han sido sentenciados siete hombres en noviembre de 2018, que actualmente esperan la ratificación de la condena privados de libertad.