Cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fueron arrestados durante una violenta expulsión en la comunidad garífuna de San Juan, en la costa caribeña de Honduras, a inicios de julio. Las cinco personas fueron después liberadas pero enfrentan cargos penales por «usurpación agravada» de su propio territorio.

Esta criminalización ocurre en un contexto de creciente violencia contra las comunidades garífunas por la implementación de la «Ley para fortalecer y proteger el sector agrícola, proyectos energéticos, turismo, ganado y pequeños productores agrícolas”, también llamada “Ley Agroindustrial”.

Esta legislación, aprobada por el Congreso hondureño en junio de este año, beneficia a gigantes de la agricultura industrial, frena cualquier posibilidad de reforma agraria, congela los históricos reclamos de tierras y facilita los desalojos violentos, según denuncian organizaciones sociales, y de derechos humanos.

Además, con esta ley, el Estado hondureño ignora la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontró responsable a Honduras por violar los derechos a la propiedad colectiva, garantías y protección judicial, de las comunidades garifunas de San Juan, Punta Piedra y Cayos Cochinos, y ordenó la restitución y titulación efectiva de los territorios.

La Ley Agroindustrial prioriza intereses corporativos frente a los derechos territoriales ancestrales, amenaza la supervivencia de las comunidades y los pueblos que defienden la tierra y el territorio. Según informó Telesur, existen 1.000 órdenes de desaolojos pendientes en el pais, a partir de su implementación.

Organizaciones sociales, campesinas e indigenas de Honduras se mantienen movilizadas y organizadas contra esta ley. También presentaron una inciativa para realizar juicio político a Tomás Zambrano, presidente del Congreso de Honduras, por su responsabilidad en la aprobación de la normativa. 

OFRANEH mantiene un campamento por tiempo indefinido frente a la Corte Suprema en Tegucigalpa, la capital hondureña, y exige que se anule el proceso iniciado contra las cinco personas garífunas (cuatro hombres y una mujer) criminalizados por defender su tierra. 

Compartimos un video de Miriam Miranda realizado por De Pueblo y Barrio.