“Lo que vemos a nivel internacional y a menudo a nivel nacional también es un desequilibrio entre los derechos de los pueblos y los derechos de las empresas”, advirtió el ambientalista Sam Cossargilbert, de Amigos de la Tierra Internacional (ATI), en una actividad en la que expuso sobre el mecanismo de arbitraje de diferencias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).

El ISDS “es un sistema de justicia sesgado, organizado por abogados privados, no por jueces, y es una herramienta para la impunidad corporativa”, razonó el co-coordinador del programa de Justicia Económica de ATI.

Cossargilbert participó el 6 de septiembre en un webinario denominado “Derechos (solo) para las empresas, obligaciones (solo) para los Estados: cómo el marco legal internacional protege el lucro”, organizada por Justiça Ambiental – Amigos de la Tierra Mozambique. La actividad dio inicio a una serie de webinarios que Justiça Ambiental realizó sobre impunidad corporativa y derechos humanos.

En ese primer webinario Cossargilbert (Australia) coincidió con tres expositoras más: la activista Susan Nakacwa (Uganda), representante de GRAIN; la profesora titular de Derecho en la Universidad de Valencia, España, Adoración Guamán (Ecuador); la activista Erika Mendes, de Justiça Ambiental.

Aristas de la arquitectura de la impunidad I: el ISDS

“En ATI decimos que lo que necesitamos son derechos para los pueblos y reglas para las empresas”, señaló Cossargilbert.

El co-coordinador de Justicia Económica de ATI explicó que a nivel internacional las grandes empresas transnacionales tienen derechos muy sólidos y privilegios que son legalmente vinculantes y cuestan a los gobiernos muchos miles de millones de dólares. En cambio, dijo el activista, los derechos humanos son a menudo un derecho blando, no exigible y difícil de obtener.

Una herramienta clave para defender los derechos de las empresas transnacionales es el ISDS, un mecanismo incluido en numerosos acuerdos comerciales y de inversiones para solucionar controversias entre inversionistas y Estados.

Cossargilbert aseguró que el ISDS “es un mecanismo usado en varios cientos de acuerdos comerciales y es una corte comercial secreta para las empresas”. “Es una forma de justicia privada en la que inversores extranjeros pueden demandar a Gobiernos y Estados por casi cualquier política que impacte sus ganancias. Hay unas 1000 demandas a nivel mundial en la actualidad”, agregó.

Pero además este sistema de solución de controversias inversionista-Estado opera como un mecanismo de disuasión. Las empresas utilizan la amenaza a los Estados con una demanda internacional para obligar a los gobiernos a frenar las normativas que pretenden implementar en pro del bien público, pero que las compañías consideran que perjudican sus márgenes de ganancias.

Numerosas organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo resisten y denuncian al ISDS, al tiempo que reclaman a sus Estados que no firmen tratados comerciales y de inversiones que estipulen esa herramienta.

Aristas de la arquitectura de la impunidad II: el libre comercio

Susan Nakacwa habló especialmente de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y la amenaza que implican para los/as productores/as familiares de alimentos. Por eso la activista de GRAIN inició su presentación hablando de la importancia de la agricultura familiar.

“No se puede negar que los pequeños/as agricultores/as alimentan al mundo y son la mayoría en el continente africano”, dijo. Según cifras de GRAIN, África alberga al menos a 33 millones de pequeños/as agricultores/as, y la mayoría son mujeres.

Nakacwa destacó que “las mujeres contribuyen con alrededor de 60 por ciento de la fuerza de trabajo en la agricultura y con hasta el 80 por ciento de la producción total de alimentos”. “Las mujeres son las que custodian las semillas, las que las salvan, las plantan y mantienen, son las que alimentan a sus familias”, agregó.

Luego de esas consideraciones previas, la representante de GRAIN analizó los TLC. Primero aseguró que los procesos de negociaciones de “todos los TLC nunca son justos, ni equilibrados, ni transparentes”. Y además es necesario entender, consideró, que los TLC no nacieron ayer. “Son la continuidad del colonialismo, el imperialismo, la explotación”.

Luego Nakacwa habló sobre los vínculos entre los TLC y la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el rol de ese organismo para la aparición de los derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio, que favorecieron los procesos de privatización de las semillas en beneficio de empresas dedicadas a los agronegocios. “El principal objetivo de los TLC es la mercantilización de las semillas, porque una de las cosas que hacen es criminalizar los derechos de los/as agricultores/as, en favor de los derechos de los obtentores” (sobre variedades vegetales, por la aplicación de las reglas de propiedad intelectual), dijo Nakacwa. Se produce una “erosión genética, la diversidad genética de África se pierde”, lamentó.

Aristas de la arquitectura de la impunidad III: las cadenas de valor y el velo corporativo

Según la jurista Adoración Guamán, hay que definir claramente la gravedad del tema de los abusos de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales, según datos del propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). “Desde el día que se aprobaron los Principios Rectores (sobre derechos humanos y empresas, ONU, 2011), que evidentemente no cambiaron esta trágica realidad, hasta la actualidad, se han elevado 660 comunicaciones hacia empresas y Estados relativas a violaciones de derechos humanos cometidas por empresas”, dijo la especialista. “Y además el crecimiento es exponencial. De ese total, 448 se han cometido entre 2019 y la actualidad”, aseguró.

Guamán hizo referencia a los abusos de Chevron en la Amazonia ecuatoriana, país de donde ella es originaria, y consideró que ese caso pone de manifiesto cómo la lex mercatoria, un Tratado Bilateral de Inversión (firmado entre Ecuador y Estados Unidos, de donde es originaria Chevron), “rompe el Estado de derecho”. “No solamente se permite a las transnacionales proteger sus derechos como inversores, se les permite además violar derechos humanos”, denunció.

La profesional explicó el concepto de cadena de valor, porque dijo que es fundamental atender toda esa cadena de la operativa de las empresas transnacionales a la hora de atender los casos de violaciones a los derechos humanos de esas empresas, para que no puedan evadir sus responsabilidades.

Otro mundo posible

Para Guamán, la única solución real y posible para hacer frente a la arquitectura de la impunidad que viola los derechos humanos y la naturaleza todos los días es el Tratado Vinculante que se negocia en el seno del Consejo de Derechos Humanos de ONU. Y este fue el punto sobre el que centró su charla en el webinario la activista Erika Mendes, de Justiça Ambiental. La ambientalista primero destacó que los abusos de derechos humanos cometidos por empresas transnacionales están muy extendidos a nivel mundial.

Mendes también hizo referencia al gran desequilibrio que existe entre la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de las empresas. “Este modelo socio económico concede varios derechos y privilegios a las grandes corporaciones, con miles de acuerdos de libre comercio y tratados de inversiones que garantizan que los intereses de los inversionistas son salvaguardados”, dijo. “Y por otro lado no existe ni un instrumento internacional vinculante que responsabilice y regule a las corporaciones transnacionales cuando estas violan derechos humanos o dañan el medio ambiente”, fustigó.

La representante de Justiça Ambiental contó de la importancia del Grupo Africano, que representa a 54 países del continente, en la defensa del Tratado Vinculante desde el inicio de las negociaciones de ese instrumento en ONU en 2015. Dijo además que hay cientos de organizaciones y movimientos sociales de los cinco continentes que presionan por el Tratado.

En esa línea, Mendes enumeró las demandas de los movimientos sociales sobre ese instrumento legalmente vinculante, ya que preocupa el rumbo que ha tomado el proceso negociador. La activista destacó: el foco debe estar puesto en las transnacionales; se debe incluir la responsabilidad solidaria de la empresa matriz (la transnacional) en toda la cadena de valor; debe asegurarse la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversiones; se deben estipular obligaciones directas para las empresas; debe haber un mecanismo de implementación eficaz, con un tribunal internacional que permita atender los casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales; los derechos y demandas de los/as afectados/as por esas violaciones deben estar en el centro de todo el proceso de negociación; esa negociación y la implementación del Tratado Vinculante deben estar protegidas da la captura corporativa.

Para Mendes, es necesario exigir a nuestros gobiernos que concurran y participen activamente en las negociaciones del Tratado en ONU. “No nos podemos dar el lujo de terminar este proceso con un Tratado vacío. Necesitamos terminarlo con un mecanismo internacional que sea efectivo”, sentenció.