Informes Especiales

Un informe especial de la Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, advierte sobre un patrón común de ataque a pueblos indígenas en todo el mundo por parte de gobiernos que, aliados con proyectos de inversión transnacional en industrias extractivas, agronegocios, infraestructura, represas hidroeléctricas y tala, expulsan a las comunidades de sus territorios.

He sido alertada sobre cientos de casos de ‘criminalización’ desde casi todos los rincones del mundodeclaró Tauli-Corpuz este 27 de agosto. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”.

La relatora denunció que “el sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción”.

Como ya han registrado informes de organizaciones sociales, el patrón de persecución y agresión a defensores de pueblos y territorios implica “campañas de difamación y discursos de odio” para caracterizar -en este caso- a los pueblos indígenas como “obstáculos para el desarrollo, o en el peor de los casos, como ‘terroristas’ o ‘matones’”, sumado a amenazas continuas a las comunidades, que incluyen “órdenes de arresto por cargos inventados” y el arresto de líderes que esperan su juicio durante largos años.

Estas agresiones muchas veces acaban con asesinatos de defensores y defensoras, sumado al militarismo en sus territorios y la aplicación de leyes antiterroristas contra comuneros y comuneras. La propia relatora de Naciones Unidas integra una lista de “terroristas” creada por el gobierno de Filipinas, “en represalia por abogar por los pueblos indígenas de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarización”, declaró Tauli-Corpuz.

APUNTANDO A GUATEMALA

Si bien el informe de ONU destaca que alrededor del 80 por ciento de los crímenes cometidos contra defensores del medio ambiente se concentraron en solo cuatro países (Brasil, Colombia, México y las Filipinas), Guatemala se destaca en el mapa que registra este tipo de asesinatos en 2018, ya que cuenta con una veintena de homicidios y femicidios, especialmente en la zona de Alta Verapaz, contra el pueblo maya Q´eqchi’, como ocurrió con Juana Raymundo (integrante del Comité de Desarrollo Campesino – CODECA) o Ramón Choc (del Comité Campesino del Altiplano – CCDA).

En Alta Verapaz, Petén, Jalapa y otras zonas, los conflictos se dan “por la falta de acceso a la tierra y se enfrentan a empresas de monocultivos de palma y caña e hidroeléctricas a las que el gobierno le cede los espacios”, explicó Cristina Ardon, representante legal del Comité Campesino del Altiplano a RMR. Ella señaló que ha habido desalojos “incluso en zonas de áreas protegidas” y que los compañeros “siempre son acusados por usurpación.

Para nosotros el acceso a la tierra es una lucha casi inalcanzable, pero insistimos: el gobierno debe respetar la libre determinación de los pueblos”, dice la referente de la CCDA, una organización que, en estos momentos, acompaña a seis viudas y 19 niños que han quedado huérfanos producto del asesinato de sus padres.

Manuel Marroquín integra CODECA desde hace cinco años: “Defender derechos no es cosa fácil”, dice. Hace labores de formación política, económica y de derechos humanos para que las comunidades conozcan las leyes nacionales y estándares internacionales que les amparan.

Sobre los 13 defensores/as de CODECA que han asesinado en los primeros ocho meses de este año, Marroquín asegura: “Para algunos compañeros es difícil saber que mataron o criminalizaron a algún compañero, pero la mayoría de la gente tiene coraje y dice: ‘Murió un compañero. Que esa sangre sea semilla para nuestras luchas’. O sea que toda la persecución y matanza que han hecho contra compañeros nuestros nos ha fortalecido y tenemos que reivindicar su lucha por la defensa de nuestros derechos”.

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