Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) presentó este viernes el estudio “Solidaridad Internacionalista y lucha frente al poder transnacional. Reflexiones a propósito de la pandemia de Covid 19 y las violaciones empresariales a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos”.

Existía la necesidad de explicar mejor “qué significan los derechos de los pueblos, y la relación directa con la justicia ambiental, en tanto las violaciones de los derechos de los pueblos son violaciones del derecho a la alimentación, derecho al agua, derecho a la tierra, derecho al territorio, a un ambiente sano”, dijo a Radio Mundo Real el autor del trabajo y facilitador regional de ATALC, Danilo Urrea. “Los derechos de los pueblos son violados a seres humanos que enfrentan poderes corporativos y representan luchas colectivas”, explicó.

El documento es fruto de un proceso de trabajo entre ATALC y NOAH – Amigos de la Tierra Dinamarca, y pone especial foco de atención en El Salvador, Brasil, Costa Rica y Haití, con trabajos de los grupos de Amigos de la Tierra de esos países (CESTA, AT Brasil, COECOCeiba y Haití Survie).

Danilo, que también es el punto focal del Sistema de Solidaridad Internacionalista de Amigos de la Tierra Internacional, agregó que otra motivación importante del estudio fue dar cuenta de cómo se agravaron los atropellos contra los pueblos durante la pandemia. Se buscó evidenciar “las características principales de lo que comprendemos como un Estado de excepción que generó restricciones a las libertades, a la movilidad, pero que al mismo tiempo siguió generando poder para las empresas transnacionales, bancos, sectores enriquecidos de las sociedades, mientras se generaban violaciones graves a los derechos de los pueblos, los derechos humanos, con énfasis en las violaciones a los derechos de la mujer”.

La solidaridad internacionalista frente al avasallamiento de las empresas transnacionales

Radio Mundo Real quiso entender los motivos que llevaron a NOAH a ser parte de esta investigación. Una integrante de la organización, Ingvild Haukeland, argumentó que América Latina es uno de los lugares más peligrosos para ser defensor/a ambiental, y “eso está muy relacionado a nuestro consumo aquí en Dinamarca y en Europa en general”.

La activista razonó que para hacer un trabajo de solidaridad adecuado, hay que entender cómo trabajan los grupos en sus países, cuáles son los principales desafíos y amenazas que enfrentan, incluso para pensar las estrategias a seguir. “Aunque estamos luchando contra los mismos problemas estructurales, la economía capitalista extractivista, es muy diferente la forma en la que hablamos. Aquí (en Europa) la conversación es a menudo más abstracta, hablamos de emisiones de CO2 (dióxido de carbono), y cuando converso con compañeros/as en América Central o América del Sur ellos/as se refieren mucho más a la defensa de los territorios contra los proyectos destructivos. Queríamos aprender de los movimientos de allá”.

Danilo, en tanto, consideró que “se hace necesario que la solidaridad se convierta en una construcción interregional y colectiva”. “Sabemos que la mayoría de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos tienen lugar en países del Sur global, y que existe un potencial de la región europea para ayudar a visibilizar esas violaciones. Es un tema que también le compete al Norte global, porque algunos de los agentes que cometen las violaciones son empresas transnacionales de esa región”.

Ingvild coincidió con su compañero colombiano. “Las sedes de esas compañías están aquí, y el dinero sale de aquí, tanto de bancos como de fondos de pensión. Definitivamente podemos actuar en esta región”, dijo la ambientalista. “También pienso que un rol importante para nosotros/as aquí es ser vigilantes y criticar cuando esas empresas intentan lavarse de verde y decir que están haciendo las cosas bien. Nuestro papel es denunciar sus mentiras, exponer los daños que esas transnacionales provocan en el Sur global y hacerlas responsables”, agregó.

Derechos vulnerados: accionar de las transnacionales y atropellos de los Estados

El nuevo estudio de ATALC caracteriza las violaciones a los derechos de los pueblos en América Latina y el Caribe y especifica cuáles son los derechos vulnerados en el período de pandemia. En la entrevista con Danilo quedan varias líneas de reflexión claras: las empresas transnacionales han reforzado la sistematicidad y las formas en que se aplica la criminalización de los movimientos sociales; siguen fortaleciendo además sus prácticas criminales, salvaguardadas a través de la arquitectura de la impunidad; tienen gran participación en la militarización y el despojo territorial.

El ambientalista colombiano dio algunos ejemplos. Contó que, en lo relacionado a militarización de territorios, “en países como El Salvador la pandemia se utilizó para que las fuerzas de seguridad del Estado usaran la fuerza militar con objetivos políticos y no para enfrentar la emergencia sanitaria”.

En los países estudiados hubo capturas, procesos judiciales, envíos a prisión de personas que se opusieron a actividades de empresas transnacionales.

Danilo alertó que “los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres aumentaron sistemáticamente” en pandemia. Dijo que en Costa Rica hubo más de 230 000 desocupadas, 120 000 nuevas desempleadas. Las mujeres fueron expulsadas del mercado de trabajo, tuvieron que quedar encerradas en sus casas con sus agresores y se multiplicaron los ataques.

Hubo además violaciones al derecho humano al agua. El estudio de ATALC destaca por ejemplo que en los momentos más alarmantes de la pandemia, cuando el presidente de El Salvador Nayib Bukele anunciaba una cuarentena nacional y la Organización Mundial de la Salud promovía el lavado de manos frecuente como defensa, muchas comunidades del área metropolitana de la capital San Salvador sufrían una interrupción prolongada del suministro de agua. Algunas de esas comunidades pasaron hasta 22 días sin el servicio.

Danilo aseguró que en Brasil el hambre alcanzó niveles récord. Según un estudio citado en el trabajo de ATALC y realizado por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Red PenSANN), de los 211.7 millones de habitantes de Brasil, 116.8 millones vivían con algún grado de inseguridad alimentaria (leve, moderada o grave). El hambre alcanzó a 19 millones de personas en el momento álgido de la pandemia en ese país.

Por su parte, para Ingvild fue importante tener el tiempo y la capacidad de analizar el vínculo entre las restricciones de derechos democráticos durante la pandemia y el aumento de la impunidad de las empresas transnacionales, la mayor criminalización y en general un ambiente muy complicado para el trabajo de los movimientos sociales o de la sociedad civil. Se pudo “tener una comprensión más profunda sobre las fuerzas que están por detrás de los problemas que vemos, para que podamos realmente pensar respuestas que atiendan las raíces que los causan”, manifestó Ingvild.

De la resistencia a la ofensiva

Ante este diagnóstico del incremento generalizado del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe, y específicamente en El Salvador, Brasil, Costa Rica y Haití, el nuevo estudio de ATALC termina esbozando algunas respuestas desde los pueblos y sus movimientos sociales.

Sobre esto, Danilo aseguró a Radio Mundo Real que “el momento político que leemos en la región nos muestra cómo la reafirmación de un sujeto político popular colectivo tiene manifestaciones muy claras en el cambio de correlaciones de fuerza en la región, frente a los embates que en los últimos diez años ha llevado adelante el neoliberalismo”. En ese sentido, explicó que “los resultados recientes de las resistencias populares se muestran en resultados políticos institucionalizados: las victorias electorales en Chile y Honduras, la reversión del golpe de Estado en Bolivia, y ahora la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez después de 200 años de control de la República de Colombia por parte de la derecha y ultraderecha”.

El facilitador regional de ATALC reivindicó el proceso de la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo para construir unidad con otros movimientos sociales de la región. Además, resaltó que “seguimos trabajando la construcción de solidaridad con alternativas que son bien puntuales”, como la lucha por un Tratado Vinculante, actualmente en negociaciones en Naciones Unidas (ONU), para la búsqueda de justicia ante las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales.

En tanto, Ingvild contó que diversas organizaciones sociales europeas están presionando en la región por un instrumento vinculante que permita juzgar el accionar de las empresas transnacionales a lo largo de toda su cadena de valor, más allá del proceso internacional que se da en ONU.

La integrante de NOAH consideró que tienen mucho trabajo por hacer en el Norte global para intentar cambiar el sistema y no consumir tanta energía y materiales que llegan desde el Sur global, desde proyectos de transnacionales que atropellan territorios y derechos de los pueblos. “Una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta región es reconocer que es nuestro estilo de vida en el Norte global el que realmente está causando todos estos problemas”, evaluó.