La abogada y defensora de derechos humanos Glenda Ayala Mejía es comisionada y presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras (MNP-CONAPREV). Desde fines de 2021 su integridad física y la de su familia están en riesgo tras recibir una serie de amenazas.

Aunque hace más de 20 años que Ayala trabaja para la administración de justicia en Honduras, como fiscal de derechos humanos durante cuatro años y jueza de ejecución de sentencia los restantes 16 años, “nunca recibí una amenaza o situación de peligro como la que estoy viviendo actualmente”, dijo en diálogo con Radio Mundo Real.

En el 2016 fue electa por la sociedad civil para integrar el MNP-CONAPREV por un período de tres años y en 2019 fue ratificada por tres años más. En este segundo periodo, las amenazas contra su persona se agudizaron de la misma manera que la militarización de su país.

“En los primeros tres años si bien es cierto que ha habido obstrucción al trabajo y dificultades de acceso, hasta este momento no había tenido una amenaza tan fuerte como la que estoy enfrentando, es una situación dónde hay un plan preconcebido para causar daño a mi persona y a mi familia”, contó la abogada.

Contexto militarizado

En el mismo año que se ratifica su cargo, en Honduras se decreta un estado de emergencia de los centros penitenciarios: sólo en el mes de diciembre de 2019 murieron más de 50 personas privadas de libertad y el Presidente entregó la administración de cárceles a las Fuerzas Armadas. Para Glenda Ayala, a partir de esta decisión comenzó “una involución en materia de derechos humanos”.

El MNP-CONAPREV tiene entre sus cometidos realizar visitas a los centros de privación de libertad, custodia o internación para asegurar que se respeten los derechos humanos en dichas instituciones. A partir de 2019, la renuencia al trabajo al CONAPREV se hizo más notoria. Ayala señala que “la obstrucción de los ingresos fue en ascenso” y que, como comisionada nacional, ha sido víctima de discriminación por ser mujer.

En este contexto, desde el MNP-CONAPREV, la abogada y defensora ha denunciado violaciones a los derechos humanos en cárceles, aislamiento e incomunicación de personas privadas de libertad, corrupción en la administración de los centros e ingreso de objetos prohibidos e ilícitos con complicidad de funcionarios.

Además, el Mecanismo de Prevención impulsó que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos investigue la denuncia contra el subdirector de la penitenciaria Tamara que, a principio de 2020, dio una golpiza y fracturó a una persona privada de libertad. Ayala asegura que esta situación “ha generado represalia por parte de autoridades”.

“Estamos en un estado de indefensión en nuestro país donde ha imperado un régimen militarista represivo y las personas que trabajamos y luchamos por la defensa de los derechos humanos tenemos una situación cuesta arriba”, dijo. Y denunció que acudió en dos ocasiones a los mecanismos de protección para presentar declaración y pruebas de las represalias sufridas, para tener protección por parte del Estado, “y la respuesta fue negada”.

“Que las personas, los funcionarios del Estado, los miembros del orden asignado a estos centros tengan prácticamente licencia y protección para delinquir, es una situación grave por la que atravesamos los que estamos trabajando y señalamos este tipo de situaciones arbitrarias. Obviamente seremos ese blanco al que hay que quitar para seguir”, lamentó Ayala.

El 28 de diciembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado solicitando al Estado hondureño que “adopte las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Glenda Carolina Ayala Mejía y su núcleo familiar”. Estas medidas de protección no se hicieron efectivas hasta 23 días después que se le asignó una custodia.

Futuro incierto: “No hay condiciones en Honduras para seguir desempeñando mi labor”

Desde hace un mes, Glenda Ayala y su familia se encuentran en una situación grave de inseguridad. Por eso varias organizaciones, entre ellas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizaron un llamado a la solidaridad internacionalista para dar visibilidad a su caso y salvaguardar la vida de la comisionada.

La Fiscalía está investigando el caso a partir de pruebas y personas señaladas por Ayala, lo que incrementa el riesgo porque profundiza la exposición de la abogada. En sus palabras: “Sin perjuicio del resultado del proceso, seguimos demandando la judicialización de los casos que se remiten al Ministerio Público. (…) A la fecha solo hay un caso judicializado de los que hemos remitido, esto significa que la impunidad está favoreciendo a las personas que tienen herramientas del Estado para causar daño”.

Este 27 de enero asume el gobierno de Xiomara Castro en Honduras. La transición que traía esperanza de cambio y vuelta a la institucionalidad se vio desbaratada, según Ayala, por los sucesos del 20 de enero, donde 20 diputados de Libre, el partido de Castro, no votaron lo acordado, generando conflictos y divisiones en el partido próximo a gobernar. Además, hace unas semanas atrás se aprobó un decreto legislativo que establece la intervención de forma indefinida de militares en cárceles.

“Considero que puede haber muchas mujeres más que estamos al frente de instituciones como el CONAPREV y que podemos estar pasando por una situación similar. Para erradicar las prácticas de tortura necesitamos fortalecer los compromisos nacionales con los Estados que han ratificado la Convención [contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes] y el protocolo [facultativo de la Convención], para brindar una protección a los responsables de los mecanismos nacionales, sino corremos el riesgo de que muchos de los que trabajamos en este contexto seamos meramente figuras decorativas por temor o riesgo a las represalias por hacer nuestro trabajo” reflexionó Ayala sobre el final de la entrevista.