“La política agrícola ha sido siempre correspondiente a los diferentes modelos económicos adoptados por el país, los mismos que han tenido la característica de privilegiar a grupos económicos nacionales y a corporaciones transnacionales, en detrimento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y del equilibrio ecológico”.

Esas líneas son parte del diagnóstico realizado por CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador para el informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe*.

En entrevista con Radio Mundo Real, el activista Walter Gómez, de CESTA, profundizó sobre la acumulación de poder de las empresas trasnacionales en su país y las políticas del sector agrícola que lo fomentan. “El gobierno está fortaleciendo su relación con algunas transnacionales, sobre todo de semillas y agrotóxicos, principalmente la Bayer-Monsanto, que es una de las proveedoras de insumos más importante de la región” dijo.

El lobby es una de las principales estrategias de las grandes empresas para incidir en las políticas públicas y toma de decisiones de los países. Gómez dio algunos ejemplos claros. La estrechez diplomática entre China y El Salvador ha promovido que Syngenta (actualmente de capitales chinos) introduzca en el país nuevas variedades híbridas de semillas.

Algo similar sucede con Bayer-Monsanto, según Gómez, que tiene gran cercanía con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y utiliza el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) para validar algunos pesticidas y herbicidas antes de comercializarlos. “Estas instituciones gubernamentales deberían estar al servicio de pequeños y medianos productores agrícolas, no al servicio de empresas grandes, que ya tienen capital suficiente para abrir sus centros de investigación y hacer sus propios estudios”, reflexionó el activista.

“Se oye a diputados diciendo que no nos podemos negar a esta tecnología, que nuestros agricultores tienen derecho a sembrar semillas transgénicas para mejorar sus ingresos y salir del estado de pobreza, cuando lo que hay en el campo es prácticamente abandono, el Estado que tenemos no ve, para él no existe la clase campesina”, agregó Gómez.

Posterior a realizarse el diagnóstico de CESTA, El Salvador aprobó la “Ley General de Recursos Hídricos”, también llamada “Ley General de Aguas”, que, en el texto, garantiza el agua y el saneamiento como derecho humano. Pero, según contó Gómez, “es ley muerta, no ha cambiado absolutamente nada, las comunidades siguen protestando porque no tienen acceso al agua potable”.

Además, desde CESTA ven con preocupación que la norma facilita la operación e introducción en el mercado de empresas nacionales y trasnacionales que envasan agua, “entre ellas la Coca Cola que está explotando el acuífero de Nejapa, y se le hacen concesiones de 65 mil metros cúbicos al año de agua”. “Lo más dramático es que las comunidades alrededor de estos acuíferos están prácticamente sin acceso a agua potable”, subrayó Gómez.

Estas políticas que permiten el avance de capitales trasnacionales en el país latinoamericano no son nuevas, tienen un acumulado histórico que, como muestra la relatoría de CESTA, comenzó a principios del siglo XX con la producción de añil, que habilitó el cultivo del café y configuró un modelo económico basado en la exportación de ese producto. Con el paso del tiempo este modelo avanzó y sobre 1950 llegó la llamada “revolución verde”, que introdujo nuevas tecnologías en el campo, entre ellas las semillas híbridas, los fertilizantes químicos, pesticidas y una gran mecanización agrícola.

El modelo económico agroexportador profundizó el conflicto por la tierra y con ello la marginación de los/as campesinos/as e indígenas, según relata el informe de CESTA. Este fue uno de los desencadenantes de la guerra civil que duraría 12 años (1980 a 1992), y daría paso posteriormente a la instalación del neoliberalismo en el país, que dejó las políticas de producción nacional de lado y se entregó al libre mercado.

El modelo neoliberal consolidó una elite poderosa salvadoreña y desplegó una fuerte represión social. Según Gómez, “hay muchos temores, las voces de la sociedad civil están siendo intimidadas, hay prohibiciones de manifestarse, no se puede argumentar y no se puede salir a la calle libremente”. Una muestra clara de la intimidación a los movimientos sociales fue la del 1 de mayo, cuando el gobierno de El Salvador de Nayib Bukele dijo públicamente que quienes asistieran a la movilización por el Día de los/as Trabajadores/as estarían apoyando a terroristas.

Pero la indignación ante la injusticia y la búsqueda de una transformación del sistema puede más que cualquier amedrentamiento. Gómez contó que desde CESTA articulan con el Movimiento de víctimas, afectados y afectadas por el cambio climático y corporaciones (MOVIAC): “estamos desarrollando acciones para fomentar la soberanía alimentaria y para denunciar algunos megaproyectos que se quieren instalar, como el tren del Pacífico, la ciudad bitcoin y el aeropuerto bitcoin; estos proyectos implican el desalojo de familias y la concesión de un área estatal a grandes transnacionales”.

*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.

El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país.

En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.

Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.

Accede aquí a todas la notas y entrevistas.