A Costa Rica se lo reconoce internacionalmente como “país verde” por varias razones, entre ellas su amplia área forestal y la generación de “energía limpia”. Sin embargo, existen políticas y legislaciones para los sectores agropecuarios y energéticos que van en dirección contraria al medio ambiente y la soberanía nacional. Las bases de estas políticas están en los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) y los más de 15 acuerdos bilaterales en los que Costa Rica participa.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCeiba) realizó un diagnóstico* que evidencia como los sucesivos gobiernos han priorizado los intereses transnacionales sobre los del pueblo costarricense, fomentando un modelo agroexportador donde prima el lucro sobre la vida. En entrevista con Radio Mundo Real, la activista Mariana Porras, de COECOCeiba, contó: “importamos muchos de los alimentos que son parte de la canasta básica: frijoles, arroz y maíz. Estos cultivos, que han sido parte de la alimentación costarricense, se han dejado de producir a nivel nacional”.

Según el VI Censo Nacional Agropecuario de Costa Rica, realizado en 2014, el 61 por ciento de los granos básicos que se consumen en el país se obtiene de mercados externos: se importa el 34 por ciento del arroz, el 69 por ciento del maíz y el 73 por ciento del frijol. Esto implica una pérdida directa de soberanía alimentaria. Depender de otros países para la alimentación nacional puede traer consecuencias graves en contextos de guerra, pandemia y crisis climática.

Además, este tipo de políticas económicas neoliberales tienen consecuencias directas en pequeños/as y medianos/as productores/as, campesinos/as e indígenas. Porras nombró algunos de estos impactos; precios bajos, endeudamientos y reducción del sector.

Verde monocultivo

Una de las características de los modelos agroexportadores es el impulso a los monocultivos. En el caso de Costa Rica se privilegian los monocultivos de piña, banano y café para exportación. Como señala el informe de COECOCeiba, “los monocultivos se basan en el uso intensivo de plaguicidas, el acaparamiento de tierras, pérdida de soberanía alimentaria, contamina los suelos y los ecosistemas; con devastadoras consecuencias sobre la salud de las poblaciones”.

Costa Rica fue uno de los primeros países del mundo en usar plaguicidas. “Es de los países que más ingrediente activo de plaguicida utiliza por hectárea a nivel mundial”, subrayó Mariana. El informe de COECOCeiba recoge un estudio del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica que revela que 1 de cada 4 vegetales frescos consumidos en el país contienen plaguicidas en cantidades por encima de lo permitido.

Además de las consecuencias en salud y ambiente que tienen los plaguicidas utilizados, estas grandes extensiones de monocultivos generan disputas territoriales, acaparamiento de tierras, precarización laboral y violaciones a los derechos de trabajadores/as.

Costa Rica es el principal exportador de piña fresca a nivel mundial. Los productos para exportación deben ser certificados. El diagnóstico de COECOCeiba registra el caso de Rainforest Alliance, una certificadora internacional que, según reportó el periódico The Guardian en el 2020, certificó un monocultivo de piña donde escondieron a más de 800 trabajadores/as indocumentados/as en el momento de la auditoría.

Energía no tan limpia

Costa Rica considera la energía hidroeléctrica como energía limpia, porque en su producción no hay quema de combustibles fósiles, pero estos proyectos tienen impactos y daños al medio ambiente y las comunidades cercanas. Afectan directamente los ríos y la biodiversidad de las zonas donde se instalan. Según el informe de COECOCeiba, “el 99.4% del territorio nacional posee cobertura eléctrica”. Por esto Mariana aseguró “Costa Rica tiene su energía abastecida, no necesitamos la apertura de más hidroeléctricas”. Pero bajo la premisa de la “energía limpia”, se siguen instalando hidroeléctricas para exportar energía y sostener la creciente industria.

La ambientalista costarricense relató que actualmente “se habla de biocombustibles como alternativa, no solo para la producción de energía hidroeléctrica sino para la flota vehicular, una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono”. Los biocombustibles, llamados agrocombustibles por los grupos de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC) y Amigos de la Tierra Internacional, también se sustentan en monocultivos, ya que se necesita mucha cantidad de un producto para producirlos (por ejemplo, piña para la producción de etanol). “Como sector ecologista creemos que hay otras soluciones”, aseguró Mariana.

La activista socioambiental dijo a RMR que actualmente está en discusión el hidrógeno verde. “Todavía hay mucho desconocimiento, lo que conocemos es que para producirlo se precisa mucha electricidad y si precisa mucha electricidad obviamente hablamos de la apertura de hidroeléctricas. Todo este tipo de tecnologías y programas que se quieren implementar siempre han sido con falta de discusión con las organizaciones socioambientales del país, siempre son políticas que vienen desde arriba, desde el Estado”.

Impactos sociales

El modelo costarricense además de acaparar y concentrar tierras, imponer el agronegocio como forma de territorialidad nacional, debilitar las instituciones públicas, flexibilizar trámites a favor de las empresas transnacionales y otorgar beneficios fiscales a las grandes corporaciones, es completamente desigual para las mujeres. En Costa Rica sólo el 8% de la tierra de uso agrícola está en manos de mujeres, quienes además sufren mayor precarización laboral y tienen dobles o triples jornadas, que incluyen los trabajos en el hogar y los cuidados de la familia.

Una muestra de que la perspectiva de género no parece permear en la sociedad costarricense, según reflexionó Mariana, es que el actual presidente, Rodrigo Chaves, quien asumió su cargo en mayo de este año, tiene denuncias y sanciones por acoso sexual en el Banco Mundial, lugar donde se desempeñaba anteriormente como economista.

Si bien el nuevo gobierno acaba de asumir y todo es incertidumbre sobre las futuras políticas públicas, desde COECOCeiba se plantean estrategias de acción e incidencia para enfrentar el poder creciente y la impunidad de las empresas transnacionales: fortalecer la organización comunitaria, alertar y concientizar sobre las consecuencias de las cadenas agroindustriales, fortalecer las redes campesinas de producción y consumo de alimentos, y denunciar y exigir acciones concretas al Estado.

*A fines de 2021 ATALC realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.

El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país.

En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.

Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.

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