Matías Paz, Walter Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel fueron detenidos, junto a otros tres asambleístas -Aldo Flores, Sara Fernández y Ailén Diamante Saracho- actualmente con detención domiciliaria, el 12 de abril, dos días después de los incidentes ocurridos en la caminata número 583, una manifestación pacífica que las/os vecinas/os realizan desde hace once años contra la megaminería.

Desde la Asamblea El Algarrobo denuncian que los ataques a las oficinas de la empresa minera Agua Rica fueron causados por infiltrados para criminalizar a los defensores de la tierra y el medio ambiente, “quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso” expresaron en sus redes sociales. A partir de estos sucesos la Fiscal Soledad Rodríguez, emitió varias órdenes de allanamiento y detención, como consecuencia se mantenía privados de su libertad a siete asambleístas.

El 26 de abril, vencidos los plazos y sin pruebas para pedir la prisión preventiva la Fiscal Marta Nieves firmó un decreto de liberación bajo una caución de $300.000 (pesos argentinos), el abogado Juan Figueroa solicitó una baja en el monto que fue cedida, finalmente los familiares pudieron garantizar el pago y los ambientalistas quedaron en libertad, aunque seguirán vinculados a las causas y su cuestionado proceso judicial.

En un comunicado publicado en Facebook la Asamblea asegura que su lucha continuará hasta que no haya ningún ambientalista judicializado y las mineras se retiren de sus territorios.

Si querés conocer más sobre la lucha contra la megaminería en la localidad de Andalgalá te recomendamos la lectura de esta nota.