El gobierno japonés confirmó el 14 de abril la decisión conocida en 2020, gracias a la divulgación del informe del subcomité del ALPS, de verter al océano agua contaminada tras el desastre nuclear en la central de Fukushima, por el tsunami ocurrido hace 10 años en la isla.

La decisión del gobierno se tomó en una reunión de gabinete, es decir que no fue sometida a audiencias públicas ni a debate parlamentario.

Dicha agua habría sido tratada con el supuesto sistema para el procesamiento avanzado de líquidos (ALPS) y almacenada en tanques en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Desde AT Japón recordaron que ha habido propuestas «para el almacenamiento estable en grandes tanques sólidos usados para almacenar petróleo, pero tales alternativas no fueron tenidas en cuenta ni debatidas».

«La decisión se tomó a través de un proceso muy poco democrático que dejó de lado a muchas voces de la oposición e inquietudes tanto a nivel nacional como internacional, inclusive de la industria pesquera. Por lo que rechazamos firmemente esta decisión», expresó Ayumi Fukakusa, a cargo de Cambio climático y Energía en AT Japón.

Dicha organización se ha manifestado en las calles y emitió un comunicado en el que denuncia que:

1. Se desconoce la cantidad total de material radiactivo que contiene el agua. El agua del tanque contiene unos 860 billones de becquereles de tritio. Además, se calcula que quedan unos 1.200 billones de becquereles en el edificio del reactor y en su interior;
2. Alternativas propuestas, por ejemplo, por la Comisión Ciudadana de Energía Nuclear, nunca fueron discutidas ni tenidas en cuenta, a pesar de ser medidas bien documentadas;
3. Incumplimiento de la promesa con las comunidades pesqueras. Desde inmediatamente después del accidente en la central nuclear, los pescadores locales han sufrido el vertido intencionado y no intencionado de agua contaminada por parte de TEPCO: en abril de 2011, TEPCO vertió 10.000 toneladas de agua contaminada como medida de emergencia. En ese momento, no se consultó a los pescadores, y la Federación Nacional de Asociaciones de Cooperativas Pesqueras protestó enérgicamente contra TEPCO. Por su parte, dicha federación adoptó el 23 de junio de 2020 una resolución especial contra el vertido de agua contaminada en el mar.
4. Ha sido un proceso de toma de decisiones antidemocrático, que no mantuvo sesiones informativas ni audiencias públicas sobre el contenido de esta polémica propuesta de verter aguas contaminadas al océano.
5. Es necesario un debate abierto y transparente. El gobierno debería revelar la información sobre la cantidad total de material radiactivo que contiene el agua contaminada tratada y llevar a cabo una revisión y un debate abiertos sobre las alternativas y los riesgos.

Por su parte, el Comité de Acción Ciudadana para la Desnuclearización definió la decisión del gobierno japonés como «terrorismo nuclear» y anunció en un comunicado que tomará «todas las medidas para evitar el vertido de aguas residuales radiactivas en los océanos en el futuro».

El 12 de abril, un comité conjunto coreano-japonés entregó una petición internacional al gobierno japonés. La petición fue firmada por 64.600 personas de 86 países. Piden poner en consideración el aumento de los llamamientos a nivel internacional para que se siga utilizando el almacenamiento de residuos nucleares en tierra y a largo plazo, en lugar del vertido al mar.