Cabo Delgado, la más norteña de las provincias mozambiqueñas, duele. La invasión de la industria gasífera transnacional, los ataques de grupos extremistas y el despliegue militar de un gobierno que parece odiar a su pueblo, crean un caldo de cultivo que da miedo: asesinatos, desapariciones forzadas, persecución de periodistas y militantes sociales, desplazamientos de poblaciones, son algunos condimentos.

En un contexto de pobreza extrema, las comunidades locales se sienten irrespetadas, desatendidas, violentadas, y esperan respuestas de un Estado en el que, al mismo tiempo, no confían. Mientras las familias buscan cómo sobrevivir, desplazadas por los ataques de los grupos insurgentes y por las empresas de los combustibles fósiles de numerosos países del Norte global, la Covid 19 que esas mismas compañías introdujeron ya hace estragos, en una zona donde los servicios de salud dan pena.

El mapa de abusos que sufre Cabo Delgado es entonces bastante más complejo que el ya de por si gravísimo componente de los brutales ataques que por casi tres años han sufrido las comunidades locales de parte de grupos extremistas, en el último tiempo con regularidad semanal. Se destaca el grupo Al Shabab de Mozambique, también llamado Estado Islámico de África Central.

Jóvenes desesperanzados, frustrados, encontraron en el fundamentalismo religioso y en el discurso contra la corrupción del Estado y de la vieja política, el sentido de pertenencia que nunca tuvieron. Atacan pueblos y ciudades, decapitan a civiles, secuestran a mujeres y niños (desaparecidos hace meses), y se estima que han provocado unos 900 muertos. Se calcula que más de 100 000 personas han sido desplazadas, con sus aldeas incendiadas.

La organización Justiça Ambiental (JA!) – Amigos de la Tierra Mozambique, con presencia en Cabo Delgado, alerta a nivel mundial sobre la situación extrema que atraviesan las comunidades locales de la zona, y exhorta a actuar en solidaridad internacionalista. Apunta especialmente a los países del Norte global de donde provienen las transnacionales del gas que operan en esa región mozambiqueña, que llenan sus bolsillos por un negocio que para funcionar precisa allí que se atropellen los derechos humanos. Radio Mundo Real entrevistó al activista mozambiqueño Daniel Ribeiro, integrante de JA!

Del orgullo de las revueltas por la independencia a la rabia actual

El norte de Mozambique tiene una rica tradición de luchas. Según nos contó Ribeiro, algunas de las batallas más icónicas por la independencia del imperio portugués se dieron en Cabo Delgado. Allí las comunidades “se sienten muy orgullosas” de ese pasado “y el respeto es algo muy importante para ellas”. “Cuando tú continuamente las irrespetas, menosprecias, violas sus derechos y les quitas lo poco que tienen, eso antes o después causará inconvenientes”.

Al mismo tiempo, el norte mozambiqueño es una de las zonas menos desarrolladas del país, con muy pocos hospitales y otros puestos de salud, y grandes dificultades en el sistema educativo. Lo que muchas veces ha salvado a la población de la zona de graves crisis sanitarias, como la del SARS (síndrome respiratorio agudo severo) por ejemplo, es que estaba desconectada del sistema global, según nos explicó Ribeiro. Pero eso cambió con la llegada de las gigantes extranjeras del petróleo y el gas.

En tanto, casi el 80 por ciento de la población mozambiqueña depende para vivir de la agricultura o de la pesca. “Esto quiere decir que el vínculo con la tierra y el medio ambiente es crucial para las formas de vida y el bienestar”, nos explicó Ribeiro.

Pero la apuesta del gobierno a convertir a Mozambique en uno de los gigantes del gas natural licuado del mundo, ya forjó al desplazamiento de más de 550 familias (para hacer lugar a la infraestructura), a las que llevaron lejos del océano (Índico) o a parcelas de tierra mucho más pequeñas y lejos de las nuevas casas.

Esta situación provoca incertidumbre en la gente, nos relató Ribeiro, que no sabe si podrá generar sus propios alimentos, ya que perdió el acceso al mar o a la tierra, y se apresta a vivir una crisis alimentaria. El activista mozambiqueño razonó: “¿Qué pasa si no le das opciones a la gente en sus territorios para resolver sus problemas, lidiar con ellos, para proteger a sus familias y sus tierras? Ningún individuo se mete en formas extremas de violencia si tiene una opción más fácil y pacífica. Entonces, esa violencia es más una indicación del nivel de frustración e ira de la gente en el norte del país”.

La industria gasífera de Mozambique: desplazamientos de comunidades, militarización y Covid 19

Son dos los proyectos gasíferos offshore que se destacan en Cabo Delgado y que ya tienen sus permisos aprobados y el financiamiento necesario, y se espera que inicien sus operaciones de extracción en 2022. Los dos emprendimientos están situados en la cuenca del río Rovuma, cerca de la frontera con Tanzania.

Uno es el “Proyecto LNG de Mozambique”, liderado por la empresa estadounidense Anadarko, en el Área de Concesión 1. La participación de Anadarko en el proyecto es ahora propiedad de la compañía francesa Total, que en mayo de 2019 adquirió los activos de la corporación estadounidense en África. Por otra parte, el proyecto “Coral South Floating LNG”, liderado por la corporación italiana Eni y la estadounidense ExxonMobil, se encuentra en el Área de Concesión 4. Ambos proyectos no han empezado obras en las aguas mozambiqueñas, aunque sí en la superficie terrestre.

Sin embargo, el nuevo negocio hidrocarburífero mozambiqueño favorece también a otras empresas gigantescas del sector, como la inglesa BP y la anglo holandesa Shell, a bancos franceses como BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole, compañías estatales chinas e indias, empresas japonesas como Mitsui, y también compañías coreanas, entre otros actores.

No extraña entonces que con el traslado de personas de estas corporaciones entre Cabo Delgado, la capital del país Maputo y los países de origen de las empresas, la Covid 19 haya entrado a Mozambique y la región gasífera se haya transformado en el epicentro de la pandemia en el país. El primer caso confirmado en Cabo Delgado fue de un trabajador extranjero en el sitio de construcción de Total. Y en dos semanas, dos tercios de los infectados con Covid 19 en Mozambique eran empleados de la petrolera francesa o estaban vinculados a ella (personal de empresas proveedoras de servicios de Total).

La transnacional aisló a sus enfermos en el sitio de sus obras de infraestructura, pero cocineros, personal de limpieza y guardias de seguridad, entre otros, llegan todos los días de las aldeas aledañas para servirles. Total empezó a testear a sus empleados, pero los esfuerzos para testear y proteger a las comunidades locales han sido insuficientes, advirtió Ribeiro.

En tanto, JA! sostiene que los ataques de los grupos extremistas en la zona han sido la excusa perfecta para que el gobierno la militarizara, aunque en realidad el objetivo, dice la organización, es proteger a las transnacionales. Pero, en tres años hubo un solo ataque a un convoy de una empresa contratista.

En la entrevista, Ribeiro nos contó que los militares apostados en la zona han perseguido a líderes comunitarios, activistas, periodistas que levantan las voces de las comunidades locales y a organizaciones sociales, con el propósito de “ocultar la verdad”. JA! debió remover de Cabo Delgado a su staff permanente allí, debido a algunas amenazas, y no se sabe si se podrá volver.

“Los militares atacan en la noche, entran a las casas de la gente, no se pueden alegar arrestos porque no hacen arrestos, simplemente se llevan personas. No sabemos a dónde, cuáles son los cargos, no tenemos información”, dijo Ribeiro en base a experiencias que JA! ha tenido en la zona.

Todo esto ha provocado aún más miedo en la población local. Las comunidades alertan que los soldados imponen toques de queda al azar y atacan a la gente.

Ribeiro denunció que las intimidaciones de los militares a la población civil se repiten con regularidad y que el gobierno tiene la intención de ampliar la militarización. Para eso, explicó, reclutan a personas jóvenes a la fuerza en las ciudades. “La acción militar no va a resolver los asuntos sociales”, fustigó Ribeiro. En cambio, consideró, hay que atender las causas estructurales de la grave situación en Cabo Delgado: corrupción, el rol de las transnacionales y un modelo de desarrollo que beneficia a las elites. “La situación es grave, y si le añades la epidemia, es realmente muy triste”, dijo.

Las demandas populares, el llamado internacional y la reivindicación ineludible: cambiar de sistema

Radio Mundo Real quiso saber cuáles son las principales demandas de las comunidades locales afectadas por la industria gasífera. Ribeiro reivindicó los reclamos que ellas manifestaron desde antes que se las desalojara: los pescadores querían estar cerca del mar y los agricultores tierras cercanas a sus casas, con predios no menores a los que tenían. En cambio, se llevó a los/as pescadores/as a cerca de 20 kilómetros del mar y a agricultores/as se les dieron casas pero no tierras, y los predios que se propone entregarles quedan lejos de sus nuevos hogares. Sin embargo, se les dio una compensación económica. Como resultado, hay mucha gente sin tener nada que hacer durante el día, y se incrementa el alcoholismo y la violencia doméstica, por ejemplo.

El activista mozambiqueño relató que algunos habitantes de las comunidades afirman que desde que las compañías gasíferas llegaron la gente es más pobre. “Eso es inaceptable. Antes por lo menos tenían comida, sus predios para producir, el océano”. Y tal vez lo peor sea el descrédito, la desesperanza: las comunidades saben que el gobierno, manchado por la corrupción y sus atropellos a los derechos humanos, no las escuchará.

A Ribeiro le indigna sobremanera que las transnacionales (y los gobiernos de los países de donde provienen) operen en Mozambique apalancadas por un gobierno acusado de graves violaciones de derechos humanos y corrupción. “Esas compañías son cómplices, son catalizadoras, amplifican, son las que desarrollan más recursos para que nuestro gobierno siga haciendo lo que hace”, fustigó.

Es por eso qua JA! apuesta a denunciar internacionalmente lo que ocurre en Cabo Delgado. “Antes que nada queremos que la gente muestre que tiene los ojos puestos en Mozambique, que observa lo que ocurre, y que se solidaricen”, dijo Ribeiro, que apuntó especialmente a los nacionales de los países de donde han llegado las corporaciones gasíferas. “La gente no quiere estar asociada con el derramamiento de sangre, pero esa sangre está en las manos de esas empresas y en las banderas de sus países”. Por eso, el activista exhortó a los ciudadanos de esos estados del Norte global a actuar en contrapartida frente a esas empresas y sus gobiernos. Según Ribeiro, el mensaje a empresas y gobiernos debe ser muy claro: “no queremos esto”. “Si paramos ahora hay aún una chance de revertir esta situación. Podemos hacerlo”, aseguró.

El activista de JA! criticó además que la apuesta de su país por la industria gasífera va a contrapelo de lo que la ciencia reconoce hoy a nivel internacional: se puede prescindir de las energías sucias porque hay alternativas sustentables. Y se necesita un cambio. “No hay nada para arreglar en el sistema capitalista, el problema es justamente que funciona demasiado bien, exactamente como fue diseñado y como se espera que funcione. Pensar que se lo puede arreglar, mejorar o ajustar es no ser realista. Necesitamos un cambio de sistema”.

* JA! (Justiça Ambiental/Amigos de la Tierra Mozambique) y Amigos de la Tierra Internacional están pidiendo el apoyo de amigos/as en todo el mundo, para que firmen su carta dirigida al gobierno de Mozambique y a organismos de Naciones Unidas. Para hacerlo for favor añade tu nombre a este formulario de google. (link: https://docs.google.com/forms/d/1vXWlhGHmAV4bUMo3XV2LnUQe9iebfbqCkaFW8uXv-2Q/edit?ts=5ed92e68)