El 7 de abril de 2020 las bases y las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) colapsaron y causaron un gran derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, que llegó rápidamente al río Napo. Ambos ríos forman parte de la cuenca del río Amazonas, que desemboca en el océano Atlántico. El episodio contaminó el agua, los suelos, el aire, la vegetación y los animales e impactó directamente sobre las comunidades que habitan la zona, quitándoles sus medios de vida.

Dos años después, el 28 de enero de 2022 el OCP se rompió nuevamente y provocó un derrame que llegó a los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo, en el norte de la Amazonía de Ecuador, y contaminó el Parque Nacional Cayambe-Coca, área protegida del país.

Estos dos desastres ambientales fueron noticia, pero son apenas dos episodios de una lista interminable. Los derrames son constantes y permanentes, aunque no todos lleguen a los medios de comunicación.

De 2015 a 2021, se registraron cerca de 900 derrames de petróleo en Ecuador, según cifras oficiales del Ministerio de Ambiente ecuatoriano. En 2003 se derramaron 8.000 barriles en la laguna de Papallacta; en 2006 fueron 650 barriles en el rio Tiuputini; en 2008 la ciudad amazónica de Baeza recibió forzadamente 8.000 barriles más; en 2010 el río Teaone se vio teñido por 1.300 barriles; en 2013 fueron 5.500 barriles los que cayeron sobre Wínchele; un año después 2.000 barriles se esparcieron sobre el río Parahuaico. Y no hay paso del tiempo que olvide el emblemático caso Chevron en el país.

Radio Mundo Real conversó con el abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), sobre los últimos derrames, los impactos del avance de las petroleras, la responsabilidad del Estado, la impunidad de las trasnacionales y las luchas por un cambio de modelo que permita la vida de todos y todas.

La construcción del OCP data de los años 2002 y 2003, cuando el gobierno de Ecuador estaba a cargo de Gustavo Noboa. En ese momento los discursos aseguraban “vamos a duplicar la producción petrolera, eso va a dinamizar la economía ecuatoriana y va a sacar de la pobreza a todo el país”, contó Fajardo, y cuestionó que “han pasado 18 años y la economía del país sigue peor que antes”. Aunque el discurso es el mismo.

La zona donde están ubicados tanto el OCP como el SOTE entró en un proceso de erosión regresiva, un proceso natural de derrumbamiento de las orillas de los ríos. “Las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano no han tomado ninguna precaución”, aseguró el abogado, y enfatizó que quienes sufren los daños y consecuencias son mayoritariamente las comunidades indígenas: “en la parte ecuatoriana del río hay 128 comunas indígenas del pueblo Kichwa. Para ellos el río es la principal fuente de alimentación, el lugar de recreación, la vía de comunicación y acceso, el río es la vida de los Pueblos Indígenas”.

Poca prevención, nada de reparación, mucha repetición

“En la Amazonía ecuatoriana se están produciendo de 3 a 4 derrames de petróleo por semana, al año podemos tener un número superior a los 200 derrames”, aseguró Fajardo, y explicó que “no existe política pública del Estado ecuatoriano en la prevención, en la reparación y en la no repetición de los desastres ambientales”. Para el abogado y activista esto significa “complicidad directa del gobierno ecuatoriano con las empresas petroleras públicas o privadas”.

El protagonista indiscutido de los últimos desastres ambientales en la Amazonía ecuatoriana ha sido el OCP. Esta empresa privada opera irresponsablemente en el país y transporta crudo de varias trasnacionales, entre ellas la empresa francesa Perenco, la española Repsol y la nacional Petroecuador, entre otras canadienses y chinas.

“Las empresas petroleras públicas, privadas, nacionales o transnacionales y el Estado ecuatoriano, han ido diezmando progresivamente la vida y la economía de subsistencia de los Pueblos Indígenas, han ido eliminando su forma de vida tradicional hasta crear enormes necesidades. Una vez que tienen esas grandes necesidades las empresas vienen a ofrecerles pequeños puestos de trabajo a fin de comprar impunidad”, analizó el integrante de la UDAPT.

Para Fajardo la evasión de responsabilidades es clara. “Es una cuestión criminal e intencional de parte del Estado ecuatoriano y de las empresas trasnacionales, progresiva, sistemática y cada vez más cruel en contra de estas comunidades indígenas y también campesinas”.

Desde UDAPT ofrecen soluciones legales y jurídicas a las comunidades, realizan acciones administrativas y acompañamiento, visibilizan y procuran recursos para los pueblos afectados. Pablo Fajardo reconoció que en el ámbito legal es muy difícil avanzar por la “captura corporativa del sistema judicial”. Sin embargo, a nivel internacional resaltó que “un Tratado Vinculante abriría el espacio para que las poblaciones tengan acceso a la justicia frente a los crímenes corporativos”.

Respuestas tardías o nulas, pasarse la responsabilidad como pelota de una empresa a otra, mentiras en medios de comunicación y la complicidad del Estado, son algunas de las artimañas de la impunidad trasnacional que, para Fajardo, pueden transformarse según la resistencia de la comunidad y la fuerza de movilización popular.

La vida no tiene precio, pero las perspectivas a veces engañan. Para el activista esto sucede con el negocio del petróleo, “lo miran en cifras económicas, no lo miran en cuestión de vida, dignidad y soberanía”.

Sobre el final de la entrevista con RMR el abogado habló sobre cuáles son las posibles acciones y trasformaciones en material legal, social, política y cultural para hacer frente a esta problemática.

Entre ellas destacó la solidaridad internacionalista: “lo que pasa en Ecuador no es un hecho aislado, pasa en muchas partes de América Latina, África y Asia, es bueno que tengamos conocimiento y capacidad para entender y tejer redes solidarias de alianzas en todo el contexto global, a fin de que nos demos cuenta de que la industria extractiva petrolera es perversa y criminal”.