El 20 de mayo se aprobó el proyecto de ley (PL) 550 que modifica la Ley de Seguridad para Represas en la Cámara de Diputados de Brasil. El proyecto se armó y se debatió primero en el Senado, sin mayores objeciones. Estaba esperando tratamiento desde julio de 2019 en Diputados.

En el contexto de pandemia, con decenas de represas de proyectos mineros en riesgo de derrumbe -como ocurrió en Brumadinho o Mariana, por nombrar dos de los casos más resonados en los últimos años- el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) hizo “un fuerte cabildeo con los congresistas” para recordar lo importante que es que este proyecto se apruebe cuando antes.

Tchenna Maso, de la Coordinación nacional del MAB, dijo a Radio Mundo Real que sería «catastrófico» no contar con la renovación de la ley de seguridad de represas a tiempo. La ley vigente es de 2010. La que espera ahora la aprobación del Senado contempla una serie de puntos claves para garantizar derechos de reparación a personas que pueden ser afectadas por las represas en sus territorios, y responsabilidad jurídica de las empresas para pagar por los daños ocasionados.

El PL 550 establece “marcos más duros de responsabilidad ambiental y para las empresas”, dijo Maso.

El proyecto abarca medidas de seguridad en los proyectos de represas, las compensaciones financieras por la utilización de los recursos por parte de las mineras, y cambios progresistas en el código de minería. También implica más políticas de fiscalización, “lo que hace más difícil que las empresas obtengan licencias para construir represas”, consideró la integrante del MAB.

La nueva ley prohíbe construir nuevas represas con la técnica “a montante”, como las represas en Córrego de Feijao (Brumadinho) y de Rio Doce en Mariana, cuyos colapsos costó la vida a cientos de personas, cuando el lodo tóxico con residuos mineros arrasó con esos poblados en el estado de Minas Gerais.

El método “a montante” es más barato, pero también más peligroso, y está prohibido en varios países. En Brasil, al menos 84 represas de ese tipo siguen abiertas y 43 tienen “riesgo potencial” de sufrir derrumbes, informó la Agencia Nacional de Minería en 2019. Con la aprobación de la ley 550 “van a tener que parar estos emprendimientos”, explicó Tchenna Maso a RMR.

“Es una gran victoria la aprobación de esta ley en Diputados, porque allí el lobby de las empresas mineras siempre está muy presente. La norma establece mayor responsabilidad a las empresas: hasta ahora las multas eran de 2000 reales y con la ley se elevarían a un millón de reales; además habilita mecanismos de participación social en los proyectos y prevé políticas de reasentamiento para personas que viven en zonas de riesgo de derrumbe de las represas”.

La aprobación final de este proyecto de ley en el Senado es urgente, ya que garantizaría la serie de medidas que contempla el texto ante una ruptura de represas que, en este contexto de pandemia, “sería catastrófico”, dijo Maso.

Mientras tanto, para el gobierno de Bolsonaro el lucro vale la vida

A pesar del crecimiento exponencial de los contagios y fallecimientos por COVID-19 en Brasil, el gobierno decretó a la actividad minera entre aquellas actividades “esenciales” y la Vale -a cargo de la mayoría de los proyectos mineros en el país- “está trabajando al tope”, dijo Tchenna.

La coordinadora del MAB detalló que, durante la segunda semana de aislamiento social, Vale también propuso retiros voluntarios entre obreros y “apuró negociaciones con afectados de río Doce para cerrar el proceso judicial, intentando cooptar a las personas y cerrar acuerdos de indemnización individuales en vez de hacer acuerdos colectivos -que implican asistencias técnicas llevadas adelante por los propios afectados, que planifican y deciden cómo deben ser reparados por los daños que han ocasionado estas actividades mineras en su hábitat”.

Por el contrario, en Brumadinho avanza la elección de asesorías técnicas del MAB y se logró recuperar el cobro del 100% del monto del auxilio emergencial para las familias que lo recibían desde el año pasado, aunque no se logró ampliar ese resarcimiento económico para más afectados.