Entrevistas

Honduras: al menos ocho defensores/as socio ambientales asesinados/as en un mes

Entrevista con Elsy Banegas, luchadora social y coordinadora de COPA

RMR - Movilización en Tegucigalpa 2016 RMR - Movilización en Tegucigalpa 2016

A una semana de iniciado el nuevo año Jairo Bonilla y Alí Domínguez fueron asesinados mientras trabajaban en Concepción, departamento de Colón, a unos pocos kilómetros de su comunidad, Guapinol. Ambos eran defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, también llamado Carlos Escaleras, donde nacen 34 fuentes de agua.

Diez días después y en la misma región, Omar Cruz, presidente de la cooperativa campesina Los Laureles e integrante de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, y su suegro Andy Martínez, tuvieron el mismo destino.

Las comunidades ancestrales garífunas también han sido objeto de persecución y asesinatos en el primer mes del año. Pasados los primeros 15 días de enero tres jóvenes mujeres originarias de Travesía, Janahira Aranda, Ana Castillo y Cristy Espinosa, fueron asesinadas en su comunidad, cerca de Puerto Cortés, en el departamento que lleva el mismo nombre. El mes cerró de la misma manera, con el asesinato del líder socio ambiental Ricardo Arnaúl Montero, garífuna integrante del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz la misma comunidad en donde hace más de dos años desparecieron cuatro defensores garífunas, ubicada en el departamento de Atlántida.

La paradoja: defender la vida significa encontrar a la muerte

Los intereses por las tierras y las fuentes de aguas en Honduras son múltiples y todos impactan de la manera más cruda en las comunidades que viven en la tierra y de la tierra. El extractivismo con sus proyectos mineros y agroindustriales, la intromisión histórica de Estado Unidos, el turismo de elite que ansía las costas del Mar Caribe, el tejido de impunidad y los amigos que el ex presidente, Juan Orlando Hernández, dejó antes de su extradición para ser enjuiciado por narcotráfico, confluyen en el mismo país y despliegan sus violencias de diversas formas: persecución, amenazas, hostigamiento, criminalización y asesinatos a sangre fría.

La dirigente Elsy Banegas, integrante del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA) y coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Populares Aguán (COPA), conversó con Radio Mundo Real. COPA está integrada por organizaciones campesinas, sindicales y de mujeres, de la región del Aguán, zona que ya casi perdió la cuenta de sus muertos/as por defender el derecho a la tierra, la naturaleza y los derechos humanos.

Banegas vive en carne propia las lógicas que la oligarquía hondureña instaló en su región para hacerse de sus tierras. Su hijo, Fernando Alemán Banega, fue asesinado en octubre de 2016. No es por falta de organización y lucha que estas zonas son asediadas por sicarios, paramilitares y agentes de seguridad de corporaciones mineras o agroindustriales. Es gracias a una estructura de violencia e impunidad encallada en la historia del país.

La coordinadora de COPA contó que el Valle del Aguán fue incluido como parte de un proceso para una reforma agraria “que pudiera garantizar a las familias campesinas una forma de vida que permitiera una justicia social en el campo, con la tenencia de las tierras”. Pero, según la dirigente, a través de los años los diversos intereses empresariales lo han impedido y los gobiernos buscaron “siempre favorecer a la oligarquía nacional”. Desde el año 2014 COPA está enmarcada en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las incesantes violencias, pero esto no ha evitado los asesinatos. Sobre esto Banegas es clara, porque es una realidad cotidiana para ella y su organización: las empresas mineras y agroindustriales no dejan de presionar a los gobiernos y amenazar al campesinado. “Hemos visto voluntad política porque se firman acuerdos (…), pero la realidad es otra”.

Una historia de impunidad

“Los defensores de los ríos están presos y los responsables del saqueo y los altos índices de corrupción del país andan libres”. Con esta frase Banegas sintetiza una historia de impunidad. Pero la historia no solo se compone de injusticias y corrupción, sino también de luchas y resistencia para modificar esa realidad y de memorias para tener presentes esas luchas.

El Parque Nacional Botadero fue denominado Carlos Escaleras en 2014, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabilizó al Estado hondureño por el asesinato, en 1997, de Escaleras, un activista que luchó contra la instalación de una planta extractora de aceite de palma dentro del parque, cerca del río Guapinol. Allí precisamente se proyecta hoy la instalación de una planta peletizadora de hierro del megaproyecto minero Inversiones Los Pinares, a la cual resiste la comunidad de Guapinol. Los Pinares es propiedad de Lenir Pérez, un gran beneficiario del narco estado que dejó anclado Hernández.

La empresa es parte del conglomerado de capitales EMCO, donde también se encuentra ECOTEK, la mayor planta de procesamiento de óxido de hierro de Centroamérica que, según denuncia la comunidad organizada de Guapinol, opera sin licencia ambiental dentro del área protegida Parque Nacional montaña de Botadero. 

“Estamos defendiendo el agua y con eso la vida”, dijo con convicción Banegas, y detalló cuáles son las herramientas de los poderes hondureños para hacerles claudicar. “Se inicia con un proceso de desprestigio, luego intentan comprar dirigentes, cuando no te compran (…) te criminalizan, una criminalización que es el reflejo del desvío de la aplicación de la justicia, con mentiras, inventos, con procesos que ordenan las empresas mineras o agroindustriales, y si no te asesinan”.

A raíz de los primeros asesinatos del año varias organizaciones nacionales como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Coalición Contra la Impunidad de Honduras, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, entre muchas otras, y entidades de carácter global como Amnistía Internacional  y la Comisión Interamericana de DDHH, emitieron declaraciones de solidaridad y exigieron investigaciones independientes.

Sobre estas peticiones y exigencias Banegas contó que aún no tienen ninguna respuesta concreta, aunque ya presentaron todas las denuncias en los lugares correspondientes y subrayó que seguirán insistiendo en su reclamo.

Entre lo dicho y lo hecho

La imparcialidad de la Policía y la justicia no está asegurada en Honduras y son varios los motivos de desconfianza. Inmediatamente después de los asesinatos de Alí y Jairo las fuerzas policiales dijeron que las muertes eran resultado de un robo y descartaron que el crimen estuviera vinculado a temas ambientales. Esto generó un rechazo contundente de la comunidad organizada de Guapinol.

El 2 de febrero la misma comunidad emitió un comunicado donde expresó: “no hay confianza ni en el Ministerio Público ni en la Policía de Tocoa para realizar una investigación independiente en este caso. Ya han demostrado su parcialidad y son los responsables de utilizar pruebas ilegales para criminalizar a las personas defensoras en la zona, incluyendo a Alí, y desalojar violentamente el Campamento Agua y Vida en Guapinol. El 19 de enero, la familia de Alí Domínguez solicitó que el caso fuera trasladado a la Fiscalía de Delitos Contra la Vida con el apoyo de la ATIC [Agencia Técnica de Investigación Criminal], pero el Fiscal General no da respuesta”.

Ali Domínguez fue uno de los 32 activistas judicializados por defender el río en 2018 cuando Los Pinares intentaba instalar su mina de óxido de hierro. Es dable entender que no sea casualidad, y aumenta la desconfianza, que la fiscal que en ese entonces los envió a la cárcel sea la misma que hoy tiene las causas de los asesinatos.

Lo mismo sucede con la Policía. Banegas cuenta que el 9 de enero, mientras la seguridad privada de la empresa DINANT tiraba gases y balines a las familias de la cooperativa El Chile, la Policía miraba e incluso se reía. Un dato no menor: la empresa DINANT vinculada a la agroindustria y los alimentos ultraprocesados es de la familia de empresarios Facussé, la misma contra la que luchó Escaleras en los años 90.

Tanto la Fiscalía General como el Ministerio Público fueron nombrados por el gobierno de Juan Orlando Hernández y su periodo constitucional aún está vigente. Bajo la protección de la constitución ambos poderes actúan con total impunidad. Actualmente, Honduras está en un proceso electoral para la composición de una nueva Corte Suprema de Justicia y aún queda por definir el nombramiento del nuevo Fiscal, lo que abre una esperanza de un mejor sistema judicial.

Ayer y hoy el Aguán resiste, no habrá excepción

“En este marco que tenemos un nuevo gobierno, todavía hay esperanza puesta en que este segundo año puedan realmente buscarse las alternativas, que sólo se han expresado en una voluntad política de resolver las diferentes problemáticas. En todo este año hemos visto y hemos sentido y sufrido la violencia de estas empresas”.

La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional se hizo presente en el territorio cuando los asesinatos de enero se hicieron públicos. El 23 de enero esa Secretaría realizó una conferencia de prensa desde el lugar.

Banegas mencionó que en febrero de 2022 se firmó un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaria de Seguridad, el Instituto Nacional Agrario y 29 cooperativas agrarias, “para la solución del Conflicto Agrario relacionado a la Recuperación de las Tierras de la Reforma Agraria en el Bajo Aguán”. En julio del mismo año la Plataforma Agraria, basándose en ese acuerdo, realizó una nueva petición para poner fin a la violencia, acceder a sus tierras y a la justicia.

Las comunidades del Aguán trabajan en cercanía con la Organización Fraternal Negro Hondureña (OFRANEH) y las comunidades de garífunas que sufren la misma situación de despojo y violencia, varios kilómetros más al norte.

“Estamos exigiendo justicia y esclarecimientos, que se cancelen los megaproyectos como el caso de Los Pinares, y que se entreguen las tierras de la reforma agraria a los campesinos que les pertenecen y fueron despojados ilegalmente”, dijo Banegas. “Nosotros tenemos una lucha pacífica basada en derechos legítimos (…), y somos víctimas de la gran violencia que nos están imponiendo”.

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