Hidroituango es un proyecto hidroeléctrico ubicado sobre el río Cauca que afecta a 16 municipios de varios departamentos colombianos, aunque la situación más grave es en el departamento de Antioquia. El emprendimiento pertenece a Empresas Públicas de Medellín (EPM) que tiene como principal accionista a la gobernación, actualmente en manos de Luis Pérez Gutiérrez.

En 2018 más de 20 poblados, localidades, corregimientos y municipios debieron iniciar proceso de evacuación y fueron desplazados de sus tierras bajo riesgo de que la presa se rompiera por obstrucciones generalizadas en los túneles de desviación del río Cauca. Así el proyecto energético más ambicioso de Colombia se convertía en un potencial desastre sin precedentes en el país, poniendo en riesgo a más de 130.000 personas.

En 2019 se produjo un hundimiento del suelo en el área y se declaró alerta roja para varias localidades del municipio de Ituango. El mismo año, algunos meses después, el cierre de una compuerta provocó que el río Cauca aguas abajo se secara casi en su totalidad, lo que generó un grave desastre ecológico con mortandad masiva de peces y dejó comunidades sin el recursos natural básico: el agua.

A tres años de las evacuaciones y desplazamientos de población local ante el riesgo de que Hidroituango se rompiera, las comunidades y poblados de la zona del proyecto esperan por una política nacional de reparación a los/as afectados/as y el reconocimiento de los daños económicos, sociales, ambientales y culturales. Además, denuncian que en la actualidad los impactos y los riesgos se incrementan.

El activista Juan Pablo Soler, integrante de Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (Comunidades SETAA) – Movimiento Ríos Vivos*, conversó con Radio Mundo Real sobre lo que ha pasado en el último tiempo con Hidroituango y las reivindicaciones actuales de la población organizada frente a ese proyecto de destrucción.

El desastre que comenzó en 2018 no es solo parte de la historia, es el presente de muchas vidas que están en riego permanente. “El riesgo que se generó hace tres años hoy es mucho mayor. No podemos poner la lupa solo en los hechos de aquel 28 de abril, sino también en los hechos que llevaron a que eso sucediera. Desde la comunidad académica se había advertido que geológicamente ese lugar no era el más indicado, sin embargo se hizo caso omiso y Empresas Públicas de Medellín optó por construir el muro donde hoy está dando problemas. Las comunidades advertimos insistentemente sobre las irregularidades con las que se estaba llevando el proceso”, contó Soler.

Además de irregularidades en su construcción, mentiras sobre la existencia de licencias ambientales y corrupción vinculada, Soler subrayó la impunidad con la que la empresa trabajó todo este tiempo.

“En este marco se dieron asesinatos de líderes sociales que todavía siguen en la impunidad”, dijo el activista. Y agregó que “este es un proyecto donde, en su área de influencia, han ocurrido más de 73 masacres documentadas, que neutralizan la movilización social y por otro lado el tejido de impunidad sigue reinando”.

Sobre la energía generada con Hidroituango nuestro entrevistado destacó que “no es posible llamarle de ninguna manera energía limpia”. “Es una forma obsoleta de generación y su forma de imponerse en los territorios debe rechazarse. Se debe optar por la construcción de otro modelo energético”, aseguró.

Organizaciones sociales que rechazan el emprendimiento denuncian que además de haber tenido escasas respuestas luego de la catástrofe de 2018, no se ha reconstruido la infraestructura dañada, el riesgo de rompimiento de Hidroituango sigue incrementándose exponencialmente y no hay diálogo con las comunidades afectadas.

Comunidades SETAA – Movimiento Ríos Vivos exige desmantelar controladamente el embalse de Hidroituango y cuestiona la necesidad del proyecto: ¿Qué tan necesaria es la generación de energía de Hidroituango para la población colombiana? ¿Para quién es la energía producida por Hidroituango?

Sobre el final de la entrevista Soler subrayó la necesidad de pensar y articular otras formas de generación y gestión de la energía. “Queremos tener una debate público que se dé pensando en clave de país, porque lo urgente y necesario es avanzar en una transición energética justa, con la participación de todos los sectores sociales, para la construcción de otro modelo energético, descentralizado, despatriarcalizado, desconcentrado y desprivatizado”.

*El Movimiento colombiano Ríos Vivos es una articulación de comunidades afectadas por represas conformada por Asoquimbo en el Huila, el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí en Santander, las Comunidades SETAA en Antioquia, la Organización Negros Unidos por la defensa del Río Anchicayá, el consejo comunitario Mayor del Río Anchicayá en el Valle del Cauca, la asociación de Consejos Comunitarios de Suárez –ASOCOMS– en el Departamento del Cauca, y CENSAT Agua Viva (Amigos de la Tierra Colombia), que acompaña diversas luchas ambientales en ese país.