Del 7 al 24 de setiembre se realiza el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica en Costa Rica, organizado por la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica y apoyado por el gobierno del país. Como respuesta a esta actividad organizaciones ecologistas costarricenses, del resto de América Latina y del mundo iniciaron la campaña Movida global por los ríos y los pueblos, un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta.

Radio Mundo Real entrevistó a Osvaldo Durán Castro de la Red latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR) para conocer sobre esta movida que denuncia las falsedades en las narrativas corporativas respecto a la energía hidroeléctrica “limpia, verde y sostenible”. Además, llaman a una urgente transición energética justa y respetuosa, que tenga como prioridad el respeto de los derechos de los pueblos y los ríos.

Derechos humanos y bienes comunes

“Más del 53 por ciento de las cuencas hidrográficas del mundo han sido brutalmente alteradas, se calcula que 2.456 cuencas han perdido prácticamente sus cualidades naturales. Un estudio reciente del laboratorio de la Evolución de Diversidad Biológica de Toulouse (Francia) muestra que en América Latina hay 25 millones de personas que podrían contraer una enfermedad que ponga en riesgo su vida asociada a la contaminación acuática”. Estos son solo algunos de los impactos generales que Durán pone sobre la mesa para desmontar las falsas soluciones de los proyectos hidroeléctricos.

La instalación de represas trae consecuencias graves en varios ámbitos interrelacionados: social, ambiental, cultural, económico y político. “Lo más visible que provocan es deforestación y cambios de los usos del suelo donde se instalan; alteraciones definitivamente irreparables en los ecosistemas de los ríos, que en la mayoría de los casos son alimento de las personas que los habitan”, afirmó Durán y sumó: “también provocan una indiscriminada mercantilización y privatización del agua, lo cual incluso lleva a la desnacionalización cuando las empresas son propiedad de transnacionales”.

Incontables comunidades y poblados alrededor de todo el mundo se ven desplazadas de sus territorios por proyectos hidroeléctricos. Son alejadas de sus fuentes de vida: los ríos, de donde toman agua, así como utilizan este bien común para riego y pesca artesanal. Además, los ríos están vinculados a la cultura material y simbólica de los pueblos: “Los valores humanos y culturales asociados con los ríos y la convivencia de la gente han sido permanente despreciada por la industria y los gobiernos del mundo”, subrayó Durán.

El referente de REDLAR menciona que dentro de los impactos humanos y sociales se encuentra también la criminalización y judicialización de la defensa de los territorios y la persecución de los/as defensores/as y recuerda que el agua es un bien público y de uso colectivo; por eso, “cuando se privatiza el agua, se está privatizando un bien fundamental para la vida de las personas”.

El caso de Berta Cáceres es un claro ejemplo de la persecución a defensoras ambientales y su asesinato, además de ser un crimen empresarial y político, fue un “feminicidio territorial”, como demostró la evidencia planteada por su familia y el COPINH. Al respecto dijo Durán: “las mujeres son en la mayoría de los casos las más afectadas”. Además, esto se cruza con otras opresiones, los mayores impactos los sufren los pueblos más pobres y las comunidades pueblos originarios que sufren “más presión y desplazamiento porque sus ríos se han mantenido limpios y con ecosistemas resguardados”.

El discurso versus la realidad

La represa Bajo Sesan II en Camboya, El Zapotillo en México, Hidroituango en Colombia, la represa del río Bío Bío en Chile, Yacyretá instalada en Argentina y Paraguay, la megarepresa del Renacimiento en Etiopía y el anuncio de construcción de seis nuevas represas en Honduras –y resistencias a proyectos de ese tipo como que da el Consejo Indígena Lenca de Reitoca-, son muestras fehacientes de proyectos hidroeléctricos que han traído desplazamiento, ruptura de comunidades, muertes, desastres ambientales e incluso conflictos internacionales.

“Las represas hidroeléctricas son parte de una economía extractivista”, enfatizó Durán y agregó: “la pérdida del agua para los pueblos es una pérdida de un derecho humano fundamental que no puede justificarse de ninguna manera en aras de negocios”.

El modelo extractivista es parte del modelo económico neoliberal que reparte responsabilidades, pero no riquezas, que divide las culpas, pero no lo recursos. “Por supuesto que no todos tenemos la misma responsabilidad, no puedes decirles a las personas que viven en la pobreza extrema provocada, resultado de estos modelos económicos, que tiene la misma responsabilidad en el consumo energético del mundo que las elites que se reúnen en Davos”.

“Que todos tenemos la misma responsabilidad es sencillamente una gran mentira con la que ellos pretenden expiar su culpa y responsabilidad, diciendo que somos igualmente responsables, por supuesto que asumimos nuestra responsabilidad éticamente. Esto significa entender a la hidroelectricidad y a la generación de energía como parte de modelos que tienen que ser socialmente inclusivos”, reafirmó Durán.

Sobre el horizonte energético deseable Durán asegura que “la transición requiere revisiones políticas y los gobiernos tienen que asumir estas responsabilidades. Estamos viviendo en un modelo que les da de comer a las vacas, a los cerdos y a las gallinas que viven en el norte mejor que a las personas del sur del mundo; mientras no revisemos ese modelo, ningún modelo energético va a ser viable”.

Movida global y transición justa

Sobre la Movida global por los ríos y los pueblos, Durán contó que se originó “como parte de nuestra responsabilidad de decirle al mundo que Costa Rica no es un país de energías limpias, verdes y sostenibles, eso es una farsa en Costa Rica y en todo el mundo”. En estas dos semanas se realizan distintas actividades de formación y divulgación como foros y conversatorios virtuales. También habrá actividades presenciales en distintas ciudades.

Existe además una declaratoria que aún recoge firmas y apoyos para ser entregada a autoridades. Para Durán, un nuevo modelo energético tiene que revisar la escala de los proyectos y generar energía accesible a toda la población. En sus palabras “esto no es una disputa técnica, es una disputa ética y política”.

Durán profundiza sobre la cuestión ética de la transición energética: “Tenemos en el mundo todas las tecnologías posibles para producir energía, tenemos todas las fuentes energéticas posibles para dar sustento energético dignamente a todas las personas del mundo, el problema ético es que hay concentración de riqueza y de energía”; por eso es necesario “un tránsito que revise condiciones e impactos de cada una de las energías, de prioridad al respecto de los derechos de a gente y de los ríos”.

“No podemos seguir explotando indiscriminadamente los ecosistemas como si fueran interminables. Ninguna fuente energética puede ser sustentable mientras se siga destruyendo a la tierra, mientras se privaticen los bienes comunes y se concentre la riqueza porque eso implica despojar a los pueblos, acaparar gigantescos territorios violentando los derechos de la naturaleza”, afirmó el integrante de REDLAR.

Finalmente, Durán llamó a la solidaridad como herramienta para enfrentar todas las formas de destrucción de la vida.