El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) está en alerta ante la posible reactivación del proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí, que desarrollarían la empresa Eletrobras junto a Ebisa de Argentina.

De realizarse, el proyecto se convertiría en el complejo hidroeléctrico más grande de América Latina, con una presa construida a cada lado del río Uruguay, afectando a 35 municipios entre Argentina y Brasil, lo que implicaría a unas 12.600 personas -según cálculos oficiales- o a más de 20 mil personas, según cálculos del MAB.

Nos comunicamos con Tatiane Paulino de la coordinación nacional del MAB en Río Grade do Sul para analizar los impactos y afectaciones que podría provocar este proyecto si se reactivara.

«Enfrentamos dos virus en Brasil: la COVID-19 y el negacionismo de Bolsonaro -dijo la activista-. El país pasa por una crisis económica, más de 19 millones de personas tienen hambre… y en este contexto van a reactivar un proyecto hidroeléctrico que implicaría expulsar a miles de personas de los municipios donde viven, sin haber sido consultadas previamente sobre qué opinan del proyecto ni haberles brindado información de a dónde podrían ir a vivir. Además, la construcción de estas megarepresas implica inundar 60 hectáreas del Parque Turvo y unas 90 mil hectáreas en total serían afectadas, entre ambos países».

EL PROYECTO

El proyecto hidroeléctrico binacional Garabí-Panambí se remonta a los años 70, cuando Argentina y Brasil estaban viviendo dictaduras. Desde entonces pasó por varios avances, contratiempos y resistencias.

La propuesta que se maneja actualmente es de 2010, basada en los Estudios de Inventario Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Uruguay realizados por las empresas Eletrobras de Brasil y Ebisa de Argentina. Supone la construcción de la presa de Panambí con una altura de 130 metros, que inundaría unas 60 hectáreas del Parque Estatal de Turvo, que alberga especies animales en peligro de extinción, como el jaguar, el tapir, el puma, el águila arpía, entre otras especies de fauna y flora.

Con ese dato, la Justicia decidió frenar la construcción, respondiendo a una acción civil pública presentada por los Ministerios Públicos de Santa Rosa y del Estado de Rio Grande do Sul contra el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) y Eletrobrás. Entre 2015 y 2017 varios tribunales ordenaron frenar los estudios de impacto ambiental y se ordenó al IBAMA que «se abstenga de seguir adelante con el proceso de concesión de licencias ambientales para construir la central eléctrica de Panambi o cualquier otra que implique un daño directo o indirecto al Parque Estatal de Turvo».

Pero el próximo miércoles 28 de abril la situación podría cambiar, ya que el IBAMA y Eletrobrás presentaron un recurso en el tribunal TRF4 de Porto Alegre para reanudar los estudios de impacto ambiental en la presa de Panambí. «Si se aprueba la reanudación de los estudios esto significará un aval para la construcción del complejo hidroeléctrico binacional», advierten desde el MAB.

«La gente no fue consultada por estos proyectos y vive con mucha angustia e incertidumbre lo que podría pasar con ellos si se aprueba la construcción de la hidroeléctrica», dijo Tatiane Paulino, recordando que miles de personas se dedican a la pesca artesanal y a la agricultura.

Las mega represas serían construidas en el río Uruguay, en la frontera entre Brasil y Argentina, entre el estado de Rio Grande do Sul (BR) y las provincias argentinas de Corrientes y Misiones. El proyecto incluye dos presas: la de Garabi ubicada desde los municipios de Garruchos (BR y ARG), afecta a 8 municipios brasileños y 7 argentinos. La presa de Panambi se encuentra en los municipios de Alecrim (BR) y Panambi (ARG), llegando a 11 municipios brasileños y 9 argentinos.

«Todos los días hay nuevos proyectos de privatización en Brasil, como éste que retoma la privatización de Eletrobras a través del proyecto hidroeléctrico binacional», advirtió la coordinadora del MAB.

Mientras siguen sin desarrollarse políticas que garanticen los derechos de afectados por represas, «hay una connivencia entre el gobierno y el estado de Río Grande do Sul para garantizar todos los medios legales para desarrollar la construcción del proyecto con Eletrobrás. Las autoridades están discutiendo una nueva ley ambiental en el Estado de RS para autorizar la reducción del Parque Turvo y justificar así la construcción de la hidroeléctrica».