El 28 de abril fue un día clave para definir el futuro del proyecto hidroeléctrico binacional con la represa Ganabí-Panambí entre Argentina y Brasil, ya que el tribunal TRF4 de Porto Alegre debía definir si daba lugar o no a un recurso presentado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) y Eletrobrás para reanudar los estudios de impacto ambiental en la presa de Panambí.

Finalmente, el recurso fue negado por el tribunal. De esta manera, el megaproyecto continuará paralizado, como lo está desde el 2015, cuando la Justicia hizo lugar a un amparo del Ministerio Público para proteger el terreno del Parque Estatal Turvo. Este parque conserva especies nativas de flora y fauna y unas 60 hectáreas serían afectadas por las inundaciones que implicarían las obras si la represa se construyera.

Además, entre 12 mil y 20 mil personas de unos 35 municipios brasileños y argentinos serían afectadas por las obras, al ser desplazadas del lugar y también por perder el sustento, ya que muchas trabajan como pescadores artesanales o agricultores.

El proyecto actual es de 2010 y se basa en los Estudios de Inventario Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Uruguay realizados por las empresas Eletrobras-BR y Ebisa-ARG. Del lado brasileño supone la construcción de la presa de Panambí con una altura de 130 metros.

Tatiane Paulino, coordinadora nacional del Movimiento de Afectados/as por represas de Brasil (MAB) analizó en Radio Mundo Real  la decisión del TRF4 y cómo seguirán la lucha para que la obra no se construya en Brasil ni en Argentina.

«El tribunal entendió que no hay cambios en las condiciones del proyecto para llevar adelante la construcción de estas represas sin afectar a los pueblos», dijo Tatiane. «Vienen con la promesa de trabajo y desarrollo para el territorio, el mismo cuento de siempre. Nosotros pusimos sobre la mesa que estos proyectos rompen los lazos comunitarios, traen pobreza y contaminarían lo poco de mata atlántica que queda en nuestros territorios».

«Este es un logro parcial, producto de la movilización sostenida de la gente que quiere poner el foco en la producción local y  agroecológica, pero seguimos alertas por lo que pueda pasar del lado argentino y luchando contra la privatización de la energía en Brasil», añadió Paulino.

La referente del MAB aclaró: «El río no nos divide, nos une», y remarcó que en los siguientes planes son mantener reuniones con las autoridades argentinas para frenar el avance de este proyecto en ese país y poner en debate el modelo energético, una transición justa y proyectar el acceso a la energía para los pueblos, no para las empresas.

Ese debate, además, se podría dar en una coyuntura donde Uruguay y Brasil plantean «flexibilizar» en Mercosur. Frente a esto, Paulino responde: «Tenemos que desarrollar una propuesta colectiva de desarrollo energético entre Argentina, Uruguay y Brasil, desde los territorios, para enfrentar las propuestas que vienen desde la óptica neoliberal de lucro que se sostiene a costa del sacrificio de la gente».