La defensora mapuche Moira Millán debe declarar este 21 de febrero en Comodoro Rivadavia, acusada de “coacción doblemente agravada”, aunque ya había sido absuelta el 19 de septiembre pasado porque no había pruebas contra ella. Desde el Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir convocan a una caravana desde el territorio recuperado Lof Pillán Mahuiza hacia el juzgado federal de la citada localidad chubutense.

La causa por “coacción doblemente agravada” fue «armada» por el juez Guido Otranto, quien la acusaba de haber ocupado la fiscalía de la ciudad de Esquel adonde Millán había ido el 20 de septiembre de 2017 para apoyar a la comunidad mapuche de Vuelta del Río.

Por esos días, esa comunidad estaba reclamando contra los allanamientos ilegales y violentos que habían sufrido por parte de Gendarmería y la policía que “buscaba” a Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto de 2017 tras una fuerte represión contra esa comunidad originaria que realizaba una movilización para exigir la libertad del lonko Facundo Jones Huala.

Contra esos allanamientos, que son parte de las acciones de hostigamiento que estos defensores del territorio sufren a diario, en tierras compradas por empresarios extranjeros como Benetton y Lewis, desde Vuelta del Río se movilizaron para visibilizar su “miedo a que los maten, miedo de que los puedan desaparecer”, dijo Juana Antieco, integrante del Movimiento de Mujeres indígenas sobre el Buen Vivir, a RMR.

Moira fue absuelta por el juez Gustavo Lleral, el juez que tomó el caso de desaparición forzada de Santiago Maldonado después de que Otranto fuese apartado, porque no había pruebas contra ella y ninguna persona corrió riesgo de vida durante la ocupación pacífica del juzgado.

Sin embargo, la fiscal Silvina Ávila apeló la absolución y por eso Moria Millán debe presentarse este 21 de febrero a declarar en la causa. “Hay directivas concretas del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, de perseguir y criminalizar a la weychafe y a otros hermanos y hermanas, a través del Comando Unificado que actúa en tres provincias patagónicas [Río Negro, Chubit y Neuquén]. Persiguen a quienes levantan la voz, a los que no claudican ni se venden por un cargo político -dijo Antieco-. Es una forma de aleccionarnos. Pero no van a poder: vamos a seguir resistiendo con dignidad. Nacimos violentadas por el Estado y hemos perdido hasta el miedo a tener miedo”.

La defensora mapuche remarcó que en sus comunidades “estamos sobreviviendo a un genocidio preexistente, recuperando nuestros saberes. Fuimos una nación a ambos lados de la Cordillera de los Andes y nos unimos: eso es considerado “peligroso” por los gobiernos argentino y chileno”, agregó Juana, denunciando el acuerdo que realizó el gobierno argentino de Mauricio Macri con la gestión de Michelle Bachelet para “entregar” a Facundo Jones Huala por una causa en la que ya había sido absuelto por falta de pruebas en 2013, como parte de la campaña contra las comunidades indígenas como el nuevo “enemigo interno” a combatir.

Moira Millán ha señalado: “Soy una más en la larga lista de perseguidas y perseguidos, no soy la primera ni la única. Exijo mi absolución definitiva y la de todos mis pu lamngen hermanos y hermanas. Y a ustedes, pueblos del mundo, les pido apoyo y solidaridad con la nación Mapuche”.

Se estima que hay al menos otros 50 mapuche procesados de manera arbitraria y con causas armadas la Justicia que actúa “al servicio de los intereses de políticos corruptos y empresarios detrás de proyectos extractivistas con miras a explotar la Patagonia”, dijeron desde el Movimiento de Mujeres Indígenas.