Testimonios

Los desafíos del Acuerdo de Escazú en Uruguay

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay destaca la importancia de acceder a información vinculada a acuerdos entre Estados y empresas.

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En Uruguay, el Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Ambiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó el 9 de septiembre el informe «Derechos de Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales”.

En la realización del informe participó REDES- Amigos de la Tierra Uruguay, cuyo integrante Alberto Villarreal enfatizó durante la elaboración y presentación del documento la necesidad de que se garanticen los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, que es parte de los compromisos que implica el Acuerdo de Escazú.
En diálogo con Radio Mundo Real, Villarreal dijo:

«Para que la justicia ambiental por la que luchamos se haga realidad en Uruguay y en todo el mundo es condición indispensable, más no suficiente, que se garanticen los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Por eso saludamos la ratificación por Uruguay en septiembre del año pasado del Acuerdo de Escazú sobre estas materias».

Para elaborar el informe, el Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Ambiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos trabajó más de seis meses y mantuvo reuniones interinstitucionales, antes y después de que el Parlamento uruguayo ratificara en septiembre de 2019 el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” conocido como “Acuerdo de Escazú”. Sin embargo, todavía falta la reglamentación de esa nueva ley en Uruguay.

El integrante de REDES también remarcó que cuando se consideren los asuntos ambientales y los derechos de acceso a la información y a la participación pública se contemplen procesos como reglamentaciones, acuerdos o contratos entre el Estado y las empresas, que pueden potencialmente afectar el ambiente o afectar la capacidad del Estado de velar por la protección del medioambiente.

«Sin que eso quede claramente explícito es muy fácil que prevalezcan otra vez sobre una legislación de derechos humanos muy loable, como ésta, la legislación comercial y el derecho de los inversionistas y la impunidad de las empresas transnacionales que se establecen en el país, con instrumentos como los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, e incluso los contratos Inversionista-Estado, en los que se habilita a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado por políticas públicas incluso de protección ambiental que puedan afectar sus ganancias e inversiones.

Es fundamental que un acuerdo de esta naturaleza tenga una concepción amplia de los asuntos ambientales, que podamos acceder a la información sobre los acuerdos que se están negociando, los tratados y contratos, de manera tal de asegurar que esos instrumentos jurídicos no afecten ni prevalezcan sobre la legislación ambiental, como esta del Acuerdo de Escazú», añadió Alberto Villarreal.

Durante la presentación del informe, Villarreal expuso comentarios al informe en este sentido, compartiendo el espacio con la Relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García Muñoz; el Oficial de Asuntos Ambientales de la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL e integrante de la Secretaría del Acuerdo de Escazú, David Barrio Lamarche, la Directora de la INDDHH, Mariana Blengio Valdés, además de representantes del Ministerio de Salud Pública, de Ambiente, y de organizaciones de la sociedad civil.

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