En el marco de la semana de Movilizaciones de la «Campaña Global para desmantelar el poder Corporativo y poner fin a la Impunidad» en Ginebra, mientras se lleva a cabo la cuarta ronda de negociaciones para la firma de un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, se realizó un evento paralelo con miradas desde América Latina hacia este tratado.

En el evento participaron Alejandra Porras de Coecoceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y Pablo Fajardo, representante legal de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT) de Ecuador, además de Adoración Guamán, de la Universidad de Valencia (España), Zenayda Serrano de MUFRAS-32 (El Salvador), Felipe Bolley (FIAN Internacional, Brasil), Raphaela Lopes (Justicia Global, Brasil) y Humberto Cantú Rivera (Universidad de Monterrey, México).

Este tratado, defendido por más de 200 colectivos y organizaciones bajo la «Campaña Global”, podría prevenir y remediar los daños y violaciones producidas por las empresas transnacionales, cuestionando el predominio de inversionistas y negocios asentados sobre los tratados comerciales por encima de los derechos humanos.

Porras destacó los principales puntos recogidos en el Informe Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central de ATALC: “Las mujeres defendemos la vida y luchamos día a día para hacer frente a la escalada de abusos y saqueos de recursos y expropiación a los que el capitalismo pretende someternos. Enfrentamos múltiples opresiones y batallamos contra la colonización capitalista y contra el patriarcado y pagamos un fuerte precio: desde amenazas, presiones psicológicas, agresiones físicas, hasta la muerte”.

La integrante de Coecoceiba recordó a Berta Cáceres, cuyo crimen permanece impune desde marzo de 2016. Su figura representa un emblema de lucha contra los saqueos de las transnacionales en complicidad con los Estados, de los recursos estratégicos de los pueblos, esenciales para poder existir, como el agua, los bosques, la flora, fauna y biodiversidad. “Este saqueo nos ha traído pobreza, miseria, destrucción ambiental, y el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y de bienes comunes”, señaló.

A su vez, enumeró ciertos acontecimientos que dan cuenta de cómo este proceso de despojo ha avanzado: desde los acuerdos de paz en los 80 al plan Puebla-Panamá – “creado con el objetivo de potenciar la interconexión eléctrica que ha provocado impactos muy importantes, con la mayoría de los ríos represados en Centroamérica, para exportar energía porque no se necesita tanta como la que se produce”-, llegando a otros fenómenos como las alianzas público-privadas y la multiplicación de Tratados de Libre Comercio en distintos países, que entregan bienes naturales como el agua a las empresas transnacionales.

Esos tratados de negociación implican que las empresas estén exoneradas de impuestos, además de que ocupan sistemas de zonas francas, y son las principales evasoras a nivel nacional en Costa Rica y en otros países. Los proyectos están vinculados a extractivismo, hidroeléctrica, monocultivos. Y todas esas empresas están vinculadas a violaciones a los derechos humanos debido brechas y corrupción en los sistemas jurídicos locales, con la complicidad de los Estados.

Por su parte, Pablo Fajardo se refirió a la causa contra Chevron y detalló el procedimiento llevado a cabo para ratificar la sentencia contra esa transnacional petrolera en Argentina. Utilizó el caso para ejemplificar cómo las transnacionales someten a los gobiernos y los presionan haciendo una «compra de impunidad directa».