Dos años y medio después del femicidio político de la defensora hondureña Berta Cáceres iba a comenzar el juicio para ventilar los hechos ocurridos el 2 de marzo en La Esperanza, Intibucá, fecha en que la “guardiana de los ríos”, como se conocía a Cáceres, fue asesinada en su hogar, a manos de sicarios. Desde su familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalan a la empresa DESA como autora intelectual del asesinato.

El 17 de septiembre pasado era la fecha fijada en Tegucigalpa para dar inicio al juicio contra los 8 imputados por el crimen. Debido a la acumulación de irregularidades en el proceso de investigación del Ministerio Público fiscal y de considerar que el Tribunal no cumplía con la imparcialidad necesaria para abordar el caso, la representación legal de la familia Cáceres recusó a los jueces y pidió que se nombraran a otros magistrados y magistradas.

A pesar de que esa decisión debía ser tomada en 3 días, ha pasado un mes sin cambios. La recusación contra el tribunal continúa en curso, además de 4 amparos que no fueron admitidos por la Corte de Apelaciones y van a ser repuestos para que se reconsidere la decisión, informaron desde la organización que coordinaba Berta. Un recurso de amparo es para que el COPINH, a través de sus integrantes, sea reconocido en su condición de víctima del crimen de Berta y pueda participar del proceso penal; dos recursos de amparo para que se incorpore al proceso el material probatorio que fue inadmitido por el tribunal a cargo del caso, a fin de que sirva para mostrar los antecedentes del asesinato y su vinculación con el trabajo de Cáceres en el COPINH como lideresa indígena y defensora de los derechos de las comunidades Lencas en contra del proyecto Agua Zarca; sumado a un recurso de amparo para que el juicio sea transmitido en vivo para que las comunidades y las organizaciones nacionales e internacionales puedan dar seguimiento a las audiencias.

Obviando estos amparos al proceso judicial, la Sala de lo Penal pretendía reanudar el juicio este lunes 15 de octubre. Pero el equipo legal que representa al COPINH y a la familia de Berta presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Corte de Apelaciones «por falsear información», dijeron, asegurando que se encuentran firmes las resoluciones en el proceso de recusación contra el tribunal.

Desde el COPINH sostienen que “la acusación privada exige un debido proceso. No se puede iniciar un juicio con todas las irregularidades existentes”. «No podemos cubrir las irresponsabilidades del Tribunal, sino denunciar sus abusos frente a todos», sostuvo el abogado Víctor Fernández. «¿Cómo es posible que el Tribunal de Sentencia se constituya hoy estando recusado?», cuestionó.

Su colega, Heidy Alachán, abogada integrante del equipo legal del COPINH, también brindó detalles sobre el estado de la causa y señaló que otra preocupación es el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados en el caso, “lo que será única y exclusivamente responsabilidad del Estado de Honduras debido a los retrasos del Ministerio Público para entregar la información correspondiente y del Tribunal de Sentencia por el encubrimiento a este hecho”.