Este jueves 29 de noviembre la Sala 1 del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa (Honduras) anunció el veredicto sobre el femicidio de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza (departamento de Intibucá), condenando por asesinato a dos militares y 2 trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponía la defensora del territorio y del pueblo lenca por sus impactos socioambientales en torno al río Gualcarque.

Los imputados fueron: Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de DESA), Mariano Díaz (mayor en activo del Ejército de Honduras), Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA), Henry Hernández (ex militar), Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte; resultando condenados los primeros siete y absuelto el último de estos hombres. Mientras que Rápalo, Torres, Duarte y Hernández fueron condenados a su vez por la tentativa de homicidio contra Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México, que estaba en la casa de Cáceres el día del crimen y recibió una herida de bala en su oreja izquierda.

El tribunal indicó prisión preventiva para los 7 condenados hasta el 10 de enero de 2019, cuando dará a conocer la pena que sufrirá cada uno en la cárcel.

Familiares de Berta Cáceres y la organización que ella coordinaba, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), emitieron un comunicado tras conocerse el veredicto. Hicieron énfasis en que esta decisión judicial «NO satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas»; en cambio, perpetúa la impunidad de los autores intelectuales vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos-DESA.

COMUNICADO COMPLETO:

Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia.

Las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.

Desde el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para negar la verdad como parte de una justicia real.

Lo que ha quedado todavía más claro de este proceso judicial del cual hemos sido expulsados, debido a que no nos hemos callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en los tribunales, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, están detrás de toda la trama de persecución, hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta Cáceres.

Nuestra participación como víctimas es parte fundamental en el proceso de justicia y el Estado, al excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este país y que tanto daño hace.

Durante el juicio fuimos testigos, así como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que evidencian esta participación. Esto también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres, del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y del Estado de Honduras.

Preguntamos al Estado y sus instituciones ¿Qué intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??

Exigimos que sean traídos ante la justicia a todos los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen.

Con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se profundizan nuestros esfuerzos.

Estas condenas, son el primer escalón en la búsqueda de justicia y la familia, Gustavo Castro, el COPINH y los equipos legales hemos estado acompañados de quienes creen en Berta Cáceres, en su palabra y acción y sabemos que van a seguir estando coherentemente del lado de la verdad y la justicia en las batallas venideras que con total determinación haremos.

La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.

¡La justicia hondureña está en deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño!

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 29 días del mes de noviembre del año 2018.