Desde la Campaña Global para reivindicar la Soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad, una red global de más de 200 organizaciones, movimientos, sindicatos y comunidades afectadas a nivel mundial por las empresas transnacionales, lamentaron esta decisión judicial tomada el 4 de abril en Canadá y exigieron, una vez más, que se establezca un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y los derechos humanos.

En 2015, los siete jueces de la Corte Suprema de Canadá decidieron aceptar la jurisdicción para llevar el “proceso de ejecución” en Canadá, acatando la legitimidad de la decisión de la Corte Suprema del Ecuador sobre Chevron. Esta decisión representó una gran esperanza para las comunidades indígenas de la Unión de Afectado/as por Chevron – Texaco en Ecuador (UDAPT) de que la justicia podría ser alcanzada.

Sin embargo, el 23 de mayo de 2018, la Corte de Apelación de Ontario rechazó la demanda de los/as afectados/as, bajo el argumento de que Chevron de Canadá era una empresa autónoma e independiente de Chevron matriz y que, por lo tanto, no tenía ninguna obligación con la justicia ecuatoriana. Esto representó un golpe más al pueblo indígena ecuatoriano. Los afectados decidieron apelar y esa apelación ha sido rechazada.

«LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES LA VIDA DE LA GENTE»

Eso dijo Pablo Fajardo, el abogado que representa a la Unión de Afectados y Afectadas por Chevron-Texaco (UDAPT) a Radio Mundo Real, tras conocerse la decisión de la Corte canadiense.

«Es un día de mucha tristeza para nosotros. Hemos peleado 25 años en distintas cortes del mundo, en los últimos 6 en el sistema judicial canadiense. Luego de toda esta batalla, aún teniendo la razón, la Corte Suprema de Canadá rechazó nuestra apelación y prácticamente ya no hay chances de seguir por esta vía en ese país», dijo.

Fajardo afirmó que la UDAPT tiene la razón a denunciar a la transnacional «porque el crimen de Chevron es innegable, es visible y tangible: cada año se generan por lo menos 200 nuevos casos de cáncer«, debido a la contaminación ambiental que han producido los derrames de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, detalló el abogado.

Criticó el sistema judicial canadiense: «Está hecho para proteger a las corporaciones, pero jamás para proteger a los pueblos indígenas y al bien común de todos que es la Tierra».

«Necesitamos avanzar a la construcción de un nuevo sistema de justicia que permita juzgar los crímenes corporativos», añadió, señalando que la UDAPT seguirá luchando para hacer justicia porque «lo que está en juego es la vida de la gente».

LOS DAÑOS DE CHEVRON

Cabe recordar que las operaciones de Chevron en la Amazonía afectaron profunda y negativamente la vida de los pueblos indígenas, el ecosistema, el agua y los bienes comunes.

Entre 1964 y 1992, la empresa desechó cerca de 650.000 barriles de petróleo crudo y más de 16 mil millones de galones de aguas residuales en los ríos y suelos de la selva, afectando la salud y formas de vida de más de 30.000 indígenas y campesinos de diferentes comunidades El nefasto saldo de sus actividades en Ecuador llevó a que el caso sea conocido como el “Chernóbil en Amazonía”.

Ante un desastre de esa envergadura, es que la UDAPT lucha desde hace más de 25 años y actualmente su objetivo es lograr la ejecución de la sentencia ecuatoriana, con el objetivo de que sean reparados los daños ambientales, sociales y culturales causados por la petrolera. La sentencia de la justicia ecuatoriana es irrevocable, por lo que lo/as afectado/as persistirán en su lucha por el acceso a la justicia en otras jurisdicciones extranjeras hasta que se reparen los daños.

La decisión de la Corte Suprema de Canadá demuestra una vez más la arquitectura que ampara la impunidad de las empresas transnacionales. El caso Chevron no es único. Ante la gran cantidad y el carácter sistemático de los conflictos sociales y ambientales generados por las empresas transnacionales en todo el planeta, la Campaña Global exhorta a los Estados a avanzar consistentemente en la negociación de un Tratado Internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y llama a la solidaridad internacional con las comunidades amazónicas afectadas por Chevron.