El Tribunal Africano de los Pueblos (TAP) que se desarrolló este año, luego de su primera edición en noviembre de 2020, fue desarrollado por Amigos de la Tierra África, Milieudefensie (Amigos de la Tierra Países Bajos), Amigos de la Tierra Internacional y Rainforest Action Network.

Esta vez, el TAP tomó 10 casos, provenientes de 10 países donde Amigos de la Tierra tiene grupos miembro, organizaciones de base o aliadas, de Camerún, Gabón, Costa de Marfil, Ghana, Mozambique, Nigeria, Liberia, Tanzania, Sierra Leona y Uganda.

Los casos aportan pruebas contundentes sobre los impactos socioambientales y de género que provocan los agronegocios; en especial, las vulneraciones de plantaciones industriales como la caña de azúcar, la palma aceitera y los eucaliptos, en territorios y comunidades de los países mencionados.

Para torcer la impunidad corporativa con que avanzan las empresas transnacionales, el TAP permite “dar voz a las comunidades locales que sufren abusos y violaciones a sus derechos humanos y colectivos por parte del poder corporativo y que, de otra manera, no serían escuchadas por las autoridades”, explicó Rita Uwaka (coordinadora del Programa de Bosques y Biodiversidad AT África) durante la presentación de resultados del tribunal, realizada a través de un webinario, el 17 de diciembre.

Además de dar visibilidad a las comunidades que se ven directamente afectadas por las plantaciones industriales, el TAP permite identificar a los responsables “con nombre y rostro”, agregó Uwaka.

Entre las empresas acusadas en el tribunal están la Sociedad de Inversión por la Agricultura Tropical (SIAT) en Costa de Marfil; la Sociedad Camerunense de Palmares (SOCAPALM) en Camerún; OLAM en Gabón y la Compañía de Desarrollo de Aceite de Palma en Ghana, entre otras.

También se expone la responsabilidad que han tenido y tienen los gobiernos en estas violaciones a los derechos colectivos de los pueblos al promover los intereses privados de las corporaciones por sobre el bien común, sin regular las actividades de empresas transnacionales en los territorios.

VEREDICTO

Tras analizar los casos presentados, el tribunal popular compuesto por activistas expertos emitió un veredicto que hizo recomendaciones a las empresas transnacionales, a gobiernos, a donantes, a organizaciones de la sociedad civil, a organismos internacionales y a todos quienes toman decisiones, instándoles a respetar las decisiones de los pueblos, sobre todo de aquellas comunidades locales que se han visto afectadas por los agronegocios.

El veredicto comienza así:

“La tierra pertenece a las personas y a las comunidades, y se gestiona de forma que satisfaga sus necesidades al tiempo que mantiene un equilibrio con la naturaleza. Mientras que los promotores y financiadores de las plantaciones de productos agrícolas tratan a los árboles como mercancías y como sumideros de carbono, las comunidades dependientes de los bosques consideran que los árboles y los bosques apoyan su cultura y su producción de alimentos, tienen valores intrínsecos, un significado espiritual y son espacios que definen su identidad”.

Luego detalla diversas violaciones a los derechos registradas en los 10 casos presentados. En términos generales se registra una represión sistemática y el uso de las fuerzas de seguridad contra los pueblos afectados por proyectos de agronegocios. Sobre el acaparamiento de tierras los integrantes del tribunal indican que hay evidencias de cómo las empresas transnacionales “acaparan terrenos con la complicidad de los gobiernos y sus respectivos ministerios de agricultura, que facilitan la entrada de compañías a las comunidades y esto permite la destrucción completa de cultivos o su transformación a cultivos de palma (u otros monocultivos)”.

Uno de los asuntos que más ha llamado la atención es cómo las comunidades ven cómo sus territorios acaban en manos de transnacionales, sin que estos proyectos sean sometidos previamente a consultas libres e informadas, previstas en el Convenio 169 de la OIT.

La decena de casos presentados registran amenazas, negación de los derechos laborales y del derecho a la protesta, detenciones, encarcelamientos y asesinatos. Los testimonios de diversas mujeres que se presentaron como testigos en las denuncias demuestran que han sufrido situaciones de violencia basada en género, intimidaciones, abusos, acosos, en el marco de la instalación de plantaciones industriales.

En cuanto a las violaciones a los derechos laborales, el tribunal registró hechos de este tipo en todos los casos. El fallo también denuncia cómo la seguridad de las comunidades está en peligro por el despojo de los territorios, los desplazamientos forzados, la militarización y otras formas violentas que implican las instalaciones de estos agronegocios.

Estos proyectos tienen como consecuencia: desajustes socioeconómicos, daños medioambientales, corrupción, captura corporativa del Estado y campañas de “lavado verde” o “greenwashing”. No obstante, generan movimientos de resistencia en las comunidades organizadas.

RECOMENDACIONES

Por último, el tribunal emitió una serie de recomendaciones dirigidas a gobiernos y corporaciones, entre las que se destacan: que se cumplan las consultas libres, previas e informadas respetando el Convenio 169 de la OIT; que se respete el derecho a libre asociación y reunión de las comunidades que resisten la instalación de proyectos y plantaciones industriales; que se respete la libertad de expresión de estas comunidades; que los gobiernos implementen mecanismos para revisar los acuerdos que permitieron la implementación de plantaciones industriales y que rechacen nuevos tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que violan los derechos humanos; que los gobiernos se involucren en las negociaciones desarrolladas en Ginebra para lograr la aprobación de un Tratado Vinculante para amparar a los pueblos que sufren violaciones a sus derechos humanos y derechos colectivos por parte de empresas transnacionales.

“No son uno ni diez casos: es un problema estructural. Tenemos que pensar respuestas en forma estratégica para prevenir y mejorar vidas de personas afectadas”, dijo Danielle van Oijen, integrante de Milieudefensie, durante el webinario en el que se presentaron las conclusiones del TAP.

DAR CONTINUIDAD

Para AT África es importante dar continuidad a este proceso para mapear relaciones de poder que causan violaciones a derechos humanos y poner nombre y rostro a los que financian, además de mantener vínculos con organizaciones.

Otro de los objetivos del TAP, además de señalar la responsabilidad que tienen los gobiernos cuando no regulan la actividad de las transnacionales, es promover esta regulación a través de la aprobación de un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos de la ONU y “ejercer presión sobre los gobiernos para que provean acceso a la justicia y protección a las comunidades”, explicó Rita Uwaka.

Isaac Rojas, co-coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional, opinó que las pruebas presentadas ante el Tribunal Africano de los Pueblos son nuevos insumos para remarcar a nivel internacional “cómo avanza el poder corporativo” y por qué “este modelo y estas empresas no nos benefician”.

“Estos casos trascienden la situación geográfica y sirven no solo para demostrar cómo funciona el modelo de agronegocio y sus impactos socioambientales, sino para mostrar que esto no es ninguna alternativa, que no dan más trabajo en países que lo necesitan, y que la calidad de vida y los derechos de las comunidades no mejoran, sumado a que, en muchos casos, las comunidades no pueden estar en sus terrenos tradicionales”.

“Si bien los impactos se dan en países concretos -siguió Rojas-, los casos representan un modelo que se repite en otras regiones del mundo, como América Latina y Asia, y muchas veces son las mismas compañías las que generan estas afectaciones”.

Ante esto, Rita Uwaka subrayó que “no puede haber avance significativo si no vinculamos estos casos con la solidaridad internacional, con procesos más amplios de lucha internacional contra el poder corporativo”.

En este sentido, desde Amigos de la Tierra África y Amigos de la Tierra Internacional enfatizaron que seguirán de cerca la situación de las comunidades afectadas relevadas para el TAP y que generarán la mayor cantidad de instancias de diálogo con representantes parlamentarios, gobernadores y directivos de empresas, para hacerles llegar la documentación relevada y acabar con la indiferencia ante las violaciones a los derechos por parte de las corporaciones.

Como resultados positivos detallaron que en Liberia se logró conformar una Comisión de Derechos Humanos; también han logrado reuniones con directivos de Blackrock, empresa con numerosos negocios petrolíferos en el continente africano; y que se ha estrechado la colaboración entre los grupos de Amigos de la Tierra África y de Europa.

Además, Danielle van Oijen, de AT Países Bajos, dijo que actualmente trabajan en tres líneas simultáneas: 1) prevención, para evitar que se repitan los daños socioambientales en las plantaciones, a través de campañas nacionales para crear legislación antideforestación; 2) estrategias de litigio para acusar por daños y perjuicios a las empresas y poder resarcir a las víctimas y 3) campañas de difusión para advertir sobre el mal uso de la tierra por parte de corporaciones y lograr que las comunidades puedan acceder a sus bosques nativos y hacer gestión comunitaria de los mismos.