Pasada la medianoche del 2 de diciembre, en el Resguardo Palmar Imbi Medio en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, el Pueblo Awá cerraba su cabildo con la elección de su nuevo y joven gobernador para el período 2019, Braulio Arturo García, hijo del histórico líder de esa comunidad indígena, Héctor García, fundador en 1986 del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI). Minutos después ambos serían asesinados a quemarropa por desconocidos que entraron al resguardo e hirieron gravemente a otras cuatro personas.

Pueden haber sido los narcos, las ban-crim o los ‘paras’. Todavía no han tenido respuesta ni acompañamiento del gobernador de Nariño, Camilo Romero -a quien esperan este 5 de diciembre en la asamblea extraordinaria de CAMAWARI que exige un Consejo de Seguridad para abordar el hecho-, ni de la Fiscalía, ni del Alto Comisionado para la Paz en Colombia. Por estas horas, el Cabildo ha recibido apoyo de organizaciones nacionales e internacionales y amenazas de los exparamilitares -hoy narcotraficantes- Águilas Negras mientras velaban a los García este lunes 4 en la vía panamericana frente al resguardo donde fueron asesinados, carretera que va de Pasto a Tumaco.

Territorio codiciado, el Pueblo Awá habita en Nariño, departamento al suroeste de Colombia, principal área productora de coca en ese país. Además de estar cercados por “cultivos ilícitos”, los Awá se oponen desde hace años a proyectos extractivistas en esta zona donde el domingo 25 de noviembre, a través de una consulta popular, los colombianos dijeron “NO” al fracking y a la minería a cielo abierto.

El 85 por ciento de la población en Ricaurte es Awá. Oscar Montero, asesor en derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) señaló a Radio Mundo Real que la situación que vive este pueblo indígena no es ajena a todo el contexto nacional, pero este pueblo “ha sido de los más afectados en su territorio por el conflicto armado”, siendo asesinados 36 de sus integrantes, con ataques que incluyen desde disparos a explosiones del oleoducto Trasandino que atraviesa la zona. “Han tenido más de diez masacres documentadas por Uniap y CAWARI y viven en constante defensa de la vida y del territorio”, agregó el integrante de ONIC, quien también denunció el femicidio de una adolescente de 16 años el mismo fin de semana en que fueron asesinados los García.

Ese caso refiere al crimen de Lola Cortes Taicus, asesinada en el corregimiento de la Guayacana, en el municipio de Tumaco, perteneciente a la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), donde el 3 de diciembre fue volado el oleoducto Trasandino en el quilómetro 98. A estos hechos debe sumarse el asesinato del defensor indígena Awá Iván Pai el miércoles 28 de noviembre.

Exigen medidas de seguridad y protección

Jaime Caicedo, líder awá de CAMAWARI, dijo que “si el gobierno hubiera puesto atención a las aclamaciones que nosotros hacíamos, se hubieran evitado las muertes de los compañeros». Reclamó que “las instituciones se ponen alertas cuando pasan sucesos como los del sábado, pero no ha habido acompañamiento por parte del Estado”.

Por eso exigen la presencia inmediata de funcionarios de Alto Nivel y poder de decisión del Gobierno Nacional en el marco de la Asamblea del Pueblo Indígena Awá de CAMAWARI, para que se puedan abordar las garantías de seguridad, protección y atención por los últimos casos ocurridos en ese territorio.