Berta Cáceres, defensora del pueblo lenca, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su hogar ubicado en La Esperanza, departamento de Intibucá, 200 kilómetros al noroeste de la capital hondureña. Su crimen se produjo en el marco de la represión continua y sistemática que sufren quienes defienden los territorios y los derechos humanos en Honduras, especialmente desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Cáceres recibió el Premio Goldman en 2015 y encabezó la lucha contra la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que la empresa DESA quería llevar a cabo en el río Gualcarque. Dicho proyecto violó la consulta previa, libre e informada a los pueblos y forma parte de la profundización de un modelo de saqueo y despojo extractivista.

Pasados 30 meses de este crimen, cuyos autores intelectuales buscaron que fuera ejemplarizante para frenar la lucha de defensores y defensoras de pueblos y territorios en América Latina, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que lideraba Berta, busca obtener “verdad y justicia integral” a través del juicio que comenzará el 17 de septiembre, aunque el Ministerio Público Fiscal (MP) se resiste a indagar a los autores intelectuales vinculados a la empresa.

El largo camino a la justicia

El COPINH ha denunciado que a lo largo de la investigación judicial, a diferencia del acceso que tuvieron los representantes legales de DESA, el equipo de abogados que representa a la defensa de la familia Cáceres no ha tenido acceso a pruebas recabadas por el MP ni fueron notificados sobre allanamientos que se realizaron en la empresa.

Entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias de proposición de pruebas por las partes denunciada y denunciante y la fiscalía. Desde la defensa del COPINH habían propuesto que se incluyeran como “testigos del caso” a cuatro miembros de la familia Atala Zablah, integrantes del directorio de DESA, señalados como autores intelectuales del asesinato, y uno de los clanes más ricos de Honduras. La propuesta fue rechazada por el tribunal.

“¿Por qué negarse a escuchar la vinculación directa de la familia Atala Zablah con los autores materiales del crimen? ¿Qué hay detrás del rechazo al llamado a testificar a los dueños de la empresa que atacaba y agredía a Berta Cáceres?”, cuestionan desde el COPINH. Para Bertha Zúñiga, los miembros de la familia Atala Zablah tienen “gran influencia en las estructuras de gobierno”.

«Hay que entender que ella (Berta, su madre) fue objeto de persecución y ataques durante varios meses que, al ver que no la podían detener de una u otra manera, culminaron en su muerte, asesinando a una luchadora social, defensora de los territorios y de los pueblos indígenas. Ver qué personas se presentarán finalmente como testigos en el juicio será fundamental para lograr una verdad integral”, concluyó la actual coordinadora del COPINH.

¿Quiénes están acusados por el crimen de Berta Cáceres?

Los imputados son: Edilson y Emerson Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana y Óscar Aroldo Torres Velásquez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez, Henrry Javier Hernández Rodríguez y David Castillo, todos acusados por los delitos de asesinato y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa (autoria intelectual).

Los cuatro primeros están acusados como sicarios. A su vez, Henrry Javier Hernández Rodríguez coordinó a los asesinos materiales, era sargento y francotirador de las Fuerzas Especiales de Honduras; Henry estuvo bajo órdenes de Mariano Díaz en el 15º Batallón entrenado por Estados Unidos para la guerra de contrainsurgencia; Sergio Rodríguez era gerente social de la empresa DESA, encargado de Asuntos Ambientales del proyecto Agua Zarca: diseñó campañas de persecución contra COPINH y amenazó a Berta en reiteradas ocasiones, hostigamientos documentados en la data telefónica que es parte de las pruebas documentales del juicio.

Por su parte, Mariano Díaz Chávez era Mayor del Ejército hondureño y formaba parte de la tropa especial para actuar en la selva y en misiones nocturnas. Fue entrenado por las Fuerzas Especiales y los Ranger de Estados Unidos. Formó parte de una misión a Irak. En 1997 fue entrenado en la Escuela de las Américas; en 2005 fue entrenado en la Academia de la Fuerza Aérea de Panamá donde tomó un curso de contraterrorismo. Ha sido investigado por secuestro y tráfico de drogas. Instructor de la Policía Militar del Orden Público, creada por el actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

David Castillo era el presidente de DESA. Fue agente de inteligencia militar y empleado de la empresa nacional eléctrica de Honduras. Antes de ser asesinada, Berta había advertido a su familia que Castillo estaba llevando adelante tareas de inteligencia, siguiendo las actividades de la defensora, enviándole amenazas vía mensajes de texto y llamadas telefónicas, apareciendo en eventos públicos en los que ella participaba, también en su casa e incluso en el aeropuerto.

Tras varias dilaciones judiciales, el juicio oral y público comenzará el 17 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre en los tribunales de Tegucigalpa.