Este lunes se cumple el primer aniversario de la masacre de ocho indígenas en la aldea de Datal Bonglangon, provincia de Cotabato del Sur, en la sureña isla filipina de Mindanao. Los habitantes de la pequeña comunidad pagaron con sus vidas los reclamos por sus tierras ancestrales y la resistencia a una industria cafetalera y minera de exportación.

Su sangre tiñe de culpa a la empresa y al gobierno de Rodrigo Duterte, reconocido internacionalmente por su política de fuego indiscriminado: “primero tirar a matar y después preguntar”. Hubo una investigación por los crímenes pero no han habido procesamientos. Algunos habitantes locales no han vuelto a sus hogares por temor. El año pasado más de 40 personas fueron asesinadas en Filipinas por defender sus tierras y el medio ambiente, lo que convirtió al país en el más peligroso de Asia en ese sentido, según un informe de Global Witness.

La organización Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas, que este lunes reclama públicamente justicia por los asesinatos de hace un año, entrevistó para Radio Mundo Real a Datu Dande Danyan, que ahora preside la organización de los demandantes de los pueblos indígenas y campesinos T’boli–Manobo (TAMASCO). Ellos reclaman que se les devuelvan sus tierras y justicia por lo ocurrido hace un año.

Dande es el sobrino de Datu Victor Danyan, líder de la comunidad asesinado en ese ataque. Nuestro entrevistado perdió más familiares ese día: dos primos, hijos de Victor, llamados Victor Junior y Artemio, y al esposo de su prima Marivic (también hija de Victor), de nombre Pato Celardo.

“Quiero justicia por el asesinato de mis familiares a manos de soldados del gobierno. Para la comunidad, la justicia significa que nos devuelvan nuestras tierras”, dijo Dande a Radio Mundo Real. La entrevista se realizó en el lenguaje local Ilonggo, y Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas realizó la traducción.

Dignidad y lucha: falsedades del gobierno frente al derecho a la vida y a la tierra

La excusa del régimen de Duterte, que actualmente aún defiende y hasta promueve expresamente una dictadura al estilo de la de Ferdinand Marcos (1965-1986), en la que miles de personas fueron arrestadas, asesinadas, torturadas y desaparecidas, fue que se sospechaba que los habitantes de la aldea de Datal Bonglangon, en Lago Sebu, Cotabato del Sur, eran rebeldes del grupo Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés). Y así explicó el gobierno que el 27 Batallón de Infantería abriera fuego a mansalva, el 3 de diciembre del año pasado, contra las viviendas de madera de la aldea, con sus cultivos de maíz aledaños.

Una semana antes el gobierno de Duterte había suspendido las negociaciones de paz con el Partido Comunista de Filipinas y dispuesto mano dura, política a la que apela continuamente, con la insurgencia comunista.

Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas dijo este lunes en un posteo de Facebook, en el que además difunde un video por el aniversario de la matanza, que etiquetar como rebeldes a las comunidades T’boli y Manobo de Lake Sebu “es ignorar sus derechos como defensores de su tierra y dominio ancestral”. “Durante más de 28 años lucharon junto a Datu Victor para proteger su dominio ancestral de la invasión con las plantaciones de café y la minería de carbón”.

Son diversos los grupos que alegan que las explicaciones del gobierno nacional son sencillamente falsas. La federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional (ATI), con presencia en más de 80 países, emitió un comunicado público el 14 de diciembre del año pasado en el que dijo: “la pretensión del ejército filipino de justificar los asesinatos tachando a Datu Victor de insurgente comunista es simplemente insostenible; Datu Victor luchó incansablemente por medios pacíficos y legales desde 1991, cuando la empresa obtuvo la primera licencia para plantaciones de café, para obtener reparaciones por esos acaparamientos empresariales de tierras, a pesar de la persecución permanente que sufrió de manos de los guardias de la empresa y las fuerzas militares del gobierno”.

Dande explicó a Radio Mundo Real que la lucha empezó cuando las comunidades indígenas solicitaron un certificado de título de dominio ancestral sobre sus tierras.

Una nota del diario británico The Guardian, del 21 de julio de este año, explica que en 1991 un arrendatario anterior, una empresas maderera, llegó a la zona con excavadoras y motosierras y que los habitantes fueron expulsados por matones armados, según relatan los aldeanos de más edad. El bosque de la zona, que daba alimentos y medicinas a las comunidades locales, fue tirado abajo, y 11 862 hectáreas fueron adquiridas por un plazo de 25 años por Silvicultural Industries.

La gente que vive en Datal Bonglangon y organizaciones ambientalistas explican que esa empresa es parte de un gran conglomerado de los agronegocios, la industria minera y la construcción, levantado por David Consunji, un antiguo ministro de la dictadura de Marcos. Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas agrega que Silvicultural Industries tiene una unidad militar auxiliar, entrenada por el Ejército nacional.

Según el comunicado de diciembre del año pasado de ATI, las empresas Consunji han invadido territorios ancestrales para explotar minas y establecer plantaciones de café. Datu Victor y las comunidades locales T’boli–Manobo esperaron 25 años para que se les devolvieran sus tierras. Pero en 2016, cuando caducó el permiso a Consunji para sus plantaciones de café, el gobierno nacional amplió la concesión, con manipulaciones judiciales y sin consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, al que obliga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.

Fue entonces que Datu Victor y otros integrantes de las comunidades locales, seguros de que tenían derecho legal sobre las tierras ocupadas por Consunji, entraron al predio y cortaron plantaciones de café. En su lugar cultivaron maíz. También ordenaron a los guardias de seguridad de la compañía que se marcharan. La situación para los indígenas era y es de emergencia total: las tierras a donde los confinaron no les dan para plantar lo que necesitan para alimentarse y se padece hambre. No obstante, hubo órdenes de arresto contra Datu Victor y sus compañeros de lucha.

Una mediación de representantes de la Iglesia Católica fijó una instancia de negociación entre el dirigente y el gobierno nacional para el 4 de diciembre de 2017. Pero la reunión no se concretó; un día antes los militares lo acribillaron junto a otros siete habitantes comunitarios. Los relatos de los pobladores locales de lo que vivieron ese día, y de cómo debieron manipular los cuerpos de sus familiares y vecinos para poder enterrarlos, son espeluznantes.

La nota de The Guardian de julio pasado asevera que grupos de derechos humanos, militantes pro derechos de los pueblos indígenas, expertos forenses independientes y activistas del mundo de las leyes aseguran, al igual que ATI, que Datu Victor era un campañista respetable y pacífico, que fue silenciado deliberadamente.

Vivir bajo amenaza

“Tuve que esconderme a causa de las amenazas y el hostigamiento”, dijo Dande, que ahora lidera a TAMASCO, a Radio Mundo Real. Lo propio había sufrido Datu Victor, que más de una vez debió dejar sus tierras para protegerse. “Esto ha afectado significativamente a mi familia. Difícilmente puedo verlos, mis hijos siempre deben faltar a clases. Y también ha afectado a la comunidad, no estoy más con ellos por ahora, no tenemos reuniones. Casi todos los integrantes tienen temor de ser asociados con el NPA”.

El dirigente se refirió también a la demanda de justicia de las comunidades indígenas y campesinas bajo el paraguas de TAMASCO. “Justicia para mi es que se responsabilice a los que sembraron la intriga. Quiero justicia por el asesinato de mis familiares a manos de soldados del gobierno. Para la comunidad, la justicia significa que nos devuelvan nuestras tierras, y se expulse a los capitalistas extranjeros que manejan las plantaciones de café dentro de nuestro dominio ancestral”.

Finalmente Dande relató que TAMASCO aprobó una resolución para aceptar y requerir apoyo nacional e internacional, que ya han recibido aunque no lo habían pedido. Y explicó que ya solicitaron a varios grupos y al gobierno asistencia, para que se les cubran necesidades básicas que no pueden atender debidamente en el contexto de inseguridad en el que viven.