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Brasil: Proyecto de ley niega derecho a la tierra para pueblos indígenas

Se trata del PL 409/2007 aprobado en Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados por 40 votos contra 21.

Leo Otero / Media Ninja

El texto aprobado en la comisión parlamentaria brasileña el 24 de junio modifica la normativa de demarcación de la tierra indígena y establece un marco temporal para reconocer la propiedad de los pueblos originarios sobre territorios ancestrales. El proyecto pasó al pleno de la Cámara de Diputados y se retomará en agosto. Si lo aprueban se enviará al Senado para sancionar la norma definitivamente.

Radio Mundo Real conversó con Roberto Antonio Liebgott, coordinador de la región Sur del Consejo Indígena Misionero (CIMI) para conocer la trastienda del PL 490 y las consecuencias que tendría sobre las comunidades indígenas.

Sobre la modificación de la normativa de demarcación de la tierra, Liebgott destacó cuatro impactos principales sobre tierras y vidas indígenas.

El primero, “modifica el procedimiento de la demarcación de tierras indígenas transfiriendo una obligación que hoy es del Gobierno Federal al Congreso Nacional, transfiere la competencia de un poder a otro poder”. Esto implica que para demarcar cada tierra se necesite una ley. Liebgott detalló que “en Brasil hoy hay 1.296 tierras indígenas, si para cada tierra el Congreso Nacional precisase de un proyecto de ley para promover la demarcación tendríamos 1.296 leyes diferentes, lo que es un absurdo e inviabilizaría cualquier posibilidad de demarcación”.

El proyecto de ley 409/2007, también llamado PL 490, contiene la tesis de “marco temporal” que está en proceso de sentencia en el Supremo Tribunal Federal (STF). El marco temporal establece que los territorios sólo pueden ser demarcados si los pueblos indígenas son capaces de acreditar que ocuparon el área previamente o en la fecha exacta de la promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988. Aquí está el segundo y más polémico impacto según el coordinador del CIMI: “Todos aquellos pueblos que fueron obligados y apartados de sus territorios por el conflicto y la violencia o que fueron expulsados, perderían el derecho a la demarcación de las tierras que hoy reivindican (…) y lo peor de todo, la ley prevé la revisión de demarcaciones que ya sucedieron, entonces inviabiliza demarcaciones futuras y puede retroceder con demarcaciones que se hicieron en el pasado”.

“La PL 490 rompe con los derechos que los pueblos indígenas tienen de usufructo exclusivo de sus territorios. Hoy en la ley brasilera, una tierra indígena es propiedad del Estado pero su uso es exclusivo de los indígenas, nadie más puede usarlas. Con este proyecto de ley se abre la posibilidad de que cualquier interesado en explorar económicamente una tierra pueda hacerlo”, este tercer impacto nombrado por Liebgott está ligado a la cuarta consecuencia grave que el proyecto puede traer. En Brasil existen al menos 126 pueblos indígenas en situación de riesgo, denominados “aislados” por su falta de contacto con el resto de la sociedad. El PL 490 relativiza la protección de sus territorios y compromete su futuro permitiendo que cualquier persona ingrese a sus tierras.

La tesis de “marco temporal” como instrumento de presión

La discusión sobre el “marco temporal” debía retomarse en el STF el próximo 30 de julio. Finalmente se postergó para agosto teniendo en cuenta que si la tesis jurídica era rechazada por el Tribunal, esta decisión debía anular cualquier legislación aprobada por el Congreso basada en este criterio. Consultado sobre el tema Roberto Liebgott realizó una lectura vinculada a la coyuntura parlamentaria:

“Nuestra evaluación es que la iniciativa parlamentaria que pone en discusión y votación este proyecto de ley es para traer al escenario nacional la discusión sobre la temática indígena de forma negativa, caracterizando a los indígenas como un problema para el desenvolvimiento económico del país y para forzar al Poder Judicial a que vote de acuerdo a lo que el Congreso Nacional aprobó. Es una estrategia política y también una estrategia jurídica de poner límites a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”.

En cuanto a que el tema se haya pospuesto para el mes de agosto, “da la posibilidad que los sectores anti-indígenas, que son contrarios a los derechos de los pueblos originarios se re articulen y conformen un gran frente contra la posibilidad de que el STF reconozca y valide los derechos ancestrales de los pueblos sobre sus territorios” reflexionó Liebgott.

Amigos de la Tierra Brasil se pronunció contra el “marco temporal” bajo la consigna “las tierras son todas indígenas”.

Muchas otras organizaciones brasileñas se han mostrado contrarias a esta tesis. En una carta dirigida al STF, más de 300 artistas, juristas y académicos exigen protección para los pueblos indígenas y hacen un llamado a la justicia: “Como brasileños no indígenas y constreñidos por la indignidad del trato dado a la pueblos originarios, instamos a esta Corte a no hacer triunfar la concepción de la justicia de Trasímaco refutada por Sócrates `la justicia sirve a los intereses de la mayoría fuerte y lo injusto le es útil y ventajoso´”.

Reveses institucionales

El gobierno federal de Brasil tiene un órgano destinado a las políticas indigenistas, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). En una audiencia con el Ministerio de Justicia, varios líderes indígenas pidieron la remoción del presidente de FUNAI, Marcelo Xavier.

“El gobierno federal instrumentalizó y estructuró el órgano indigenista para que pasaran a discutir con los diferentes sectores económicos que desean explorar tierras indígenas formas específicas de exploración territorial, pasando por encima de los derechos y los intereses de los propios indígenas. Entonces [la FUNAI] se tornó una interlocutora no para defender derechos indígenas sino para defender intereses económicos” contó Liebgott y recordó que mientras las comunidades indígenas fueron duramente reprimidas por manifestarse en la puerta de la FUNAI, el presidente de la Fundación recibía puertas adentro a personas ligadas al agronegocio y las mineras.

Teniendo en cuenta la cooptación de la FUNAI y la falta de representación indígena en el parlamento –en la cámara de diputados solo una representante, Joenia Wapichana, pertenece a los pueblos originarios – las decisiones y discusiones se llevan adelante sin ninguna participación de las personas, pueblos y comunidades involucradas.

Un proyecto que no debe ser ley

El PL 490 aún tiene un recorrido por delante y el panorama es incierto. Una de las posibilidades, en caso de ser aprobado por ambas Cámaras legislativas y convertirse en ley, es que los pueblos indígenas presenten un recurso de inconstitucionalidad, principalmente porque ataca derechos fundamentales de los indígenas consagrados en el artículo 231 de la Constitucional Federal de Brasil. Así lo explica Roberto Liebgott:

“No podría haber un proyecto que altera la Constitución a través de una ley ordinaria, necesitaría un proyecto de enmienda de la Constitución Federal, aún si fuera para reglamentar la Constitución no podría ser a través de una ley ordinaria, sino una ley complementaria y este proyecto no complementa, sustituye, altera dramáticamente la Constitución Federal”.

Resistencia ancestral

Organizaciones indígenas resisten a este proyecto desde hace varias semanas con manifestaciones en todas las regiones del país. En Brasilia se llevó adelante como medida de lucha el acampe «Levante por la Terra” con la participación de más de 800 personas de 45 pueblos de todo el país. El 22 de junio fueron duramente reprimidos por la policía militarizada; como resultado, dos personas fueron hospitalizadas y al menos otras 10 heridas.

La articulación y organización de los pueblos y comunidades indígenas frente a la embestida conservadora antiderechos estuvo presente a nivel nacional con una gran participación de movimientos sociales.

Liebgott señaló que “fue un periodo lindo, brillante, de movilización y articulación de los pueblos indígenas en Brasil, mostraron su fuerza y la importancia de articular entre la diferentes regiones del país para defender sus derechos fundamentales”. Destacó además la participación de los jóvenes y el componente cultural en la lucha indígena. “Las luchas indígenas no solo tienen el componente político, ellas traen consigo un bagaje de ancestralidad, de espiritualidad, o sea su acción política está permeada de un componente que es mucho mayor que la acción física propiamente, es una composición de acciones espirituales que dan fuerza y fundamento, sustento y coraje para que estos pueblos puedan articular”.

Durante el mes de julio las instituciones estatales entran en receso y será un tiempo de “rearticulación” para las comunidades. En agosto, junto con las funciones públicas, el acampe en defensa de la tierra volverá a Brasilia.

Las próximas etapas del proceso del PL 490 no son esperanzadoras teniendo en cuenta la coyuntura política de Brasil. “Tenemos poca expectativa en la Cámara de Diputados porque la mayoría de la bancada parlamentaria es compuesto por personas que están ligadas a los sectores exploratorios de la tierra y la naturaleza”, expresó Liebgott.

Aunque el futuro es poco alentador, el recurso de inconstitucionalidad y la resistencia indígena nacional abren una ventana en el oscuro Brasil que ruralistas, mineros, empresarios y religiosos fundamentalistas se empeñan en construir.

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