Uruguay fue pionero al declarar al agua como un derecho humano en 2004, a través de un pronunciamiento popular. Sin embargo, la apuesta al agronegocio de la soja y el maíz transgénico, o a commodities como la producción de celulosa, han afectado profundamente la calidad del agua, con altos niveles de contaminación y fósforo en cursos de agua, produciendo cianobacterias que llegaron a afectar el uso de las playas en la pasada temporada de verano.

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, junto a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), se opusieron a la aprobación de la ley de riego de 2017 porque la normativa fomenta actividades que amenazan el acceso al agua potable, excluye la participación de la sociedad civil y de los usuarios y genera un mercado lucrativo del agua en manos privadas.

Esas organizaciones presentaron un recurso de inconstitucionalidad a los decretos sus 366/18 y 368/18 que reglamentan la Ley de Riego y, tras agotar las vías administrativas, la demanda fue elevada el 6 de agosto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) a la Suprema Corte de Justicia.

El máximo tribunal debe evaluar si declara inconstitucional la ley. Analizamos este panorama con María Selva Ortiz, de REDES-AT Uruguay, quien remarcó la necesidad de “frenar este modelo de agronegocio” y advirtió la urgencia de esta medida porque revertir los procesos de contaminación que ya están en curso puede llevar por lo menos una década.