Rodrigo Negrete Montes es un abogado colombiano que trabaja 25 años en temas ambientales. Apoya a los procesos en resistencia en el territorio, principalmente a las Consultas Populares para frenar proyectos mineros energéticos y para que las comunidades decidan el tipo de desarrollo que quieren en su territorio.

Aldo Orellana López y Philippa de Boissière del Centro para la Democracia entrevistaron a Negrete especialmente para RMR. En la charla, el abogado destacó que las Consultas son un mecanismo constitucional que ahora se encuentra “en riesgo” debido a una tutela que busca limitar su alcance, interpuesta por la empresa Mansarovar (China-India) y que ahora está siendo revisada por la Corte Constitucional que deberá pronunciarse pronto.

Negrete comentó sobre lo que podría pasar si a Corte Constitucional frena las Consultas y los escenarios posibles en un país donde “los procesos de titulación de mineras, proyectos de generación eléctrica e hidrocarburos se toman en Bogotá, por el gobierno de administración central y terminan materializándose en cada municipio de Colombia”: he allí la tensión social que produce esta locomotora minero energética. “Los municipios más pobres y violentos de Colombia son los municipios mineros”, afirmó el abogado.

Datos y Cronología

Las consultas están frenando la política minero-energética del gobierno colombiano. En 2013 se realizó la primera Consulta en el municipio de Piedras. En 2016, la Corte Constitucional emitió la sentencia T 445 señalando que la minería podría ser prohibida por municipios, vía acuerdos municipales, y que las Consultas permiten ordenar el territorio cuando defienden el patrimonio ecológico y cultural. Después de eso se hicieron se hicieron siete Consultas más en 2017.

En las nueve consultas que se suman hasta el momento casi el 100 por ciento de las personas expresó su rechazo a la minería, hidrocarburos e hidroeléctricas. Una de ellas fue en la población de Cajamarca en el mes de marzo de 2017, donde la población le dijo NO a un proyecto de minería a cielo abierto de Anglogold Ashanti.

Por otra parte, hay once Consultas que no se realizaron porque el gobierno no las financió y fueron bloqueadas; pero hay unas 50 más en curso.

También se lograron 25 acuerdos municipales mediante los cuales también se prohíbe la minería e hidrocarburos. Los acuerdos son actos administrativos del consejo municipal que también tienen la potestad de prohibir estas actividades.

Los hechos y posibles escenarios

Para Rodrigo Negrete, las Consultas Populares son una “rebelión democrática” que está en riesgo.

El gobierno colombiano dice que con estas medidas se están perdiendo recursos. Y desde el año pasado ya emprendió una estrategia que contempla amenazas a los municipios, diciéndoles que no recibirían regalías por la explotación de recursos y azuzó a demandar los acuerdos municipales por gobiernos departamentales. Otro es el tema financiero que el gobierno no financió y posteriormente le pidió a la Corte Constitucional revisar la acción de Tutela de Mansarovar.

En junio de 2017, en el municipio de Cumaral, departamento de Meta, el 98 por ciento de la población rechazó los hidrocarburos. La empresa Mansarovar interpuso una acción de tutela que ahora está siendo revisada por la Corte Constitucional para limitar el alcance de las Consultas.

Si la Corte frena las Consultas se tendrá que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otras instancias como las Naciones Unidas, para hacer respetar el derecho de las comunidades a elegir sobre su territorio.