“Es grave que la familia de Berta Cáceres y el COPINH no tengan representación legal en este primer juicio. Ha sido una decisión arbitraria del tribunal, como respuesta a la insistencia de la familia Cáceres en que el proceso alcance a los autores intelectuales”, afirmó el abogado colombiano Reinaldo Villalba, presidente del Colectivo de Abogados “José Alvear Restreo” (CAJAR), a Radio Mundo Real.

Este colectivo es una de las 17 organizaciones que integran la Misión Internacional de Observación conformada por expertos y expertas en Derecho, que han seguido de cerca el proceso judicial que está en marcha en Tegucigalpa para juzgar a ocho imputados por el femicidio político contra la defensora del pueblo lenca, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su hogar de La Esperanza.

Villalba ha podido presenciar algunas audiencias la semana pasada y, en diálogo con Radio Mundo Real, detalló las “fallas” que percibió en el juicio que comenzó a pesar de que el tribunal de la Sala 1 de Sentencias de Tegucigalpa fue recusado por la representación legal de la familia Cáceres -representación que luego fue excluida del proceso, pasando a ser representada la parte afectada por el Ministerio Público fiscal que las hijas de Berta habían denunciado por irregularidades en la investigación-.

“El Ministerio Público no ha investigado el crimen, no ha considerado el contexto en que ocurrieron los hechos, lo que dificulta identificar las estructuras criminales que existen detrás del crimen”, denunció Villalba a RMR.

También sostuvo que “no se están investigando todos los delitos” que engloba el crimen de la coordinadora del Consejo Cívico de Organización Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), como por ejemplo, la asociación ilícita que abarcaría a sicarios y a autores intelectuales.

Villalba aseguró que en la actitud del MP ante la investigación previa al juicio y durante el mismo, ha mostrado “ausencia de voluntad política” para esclarecer el crimen: “No ha preparado bien a sus testigos, (el fiscal) no se ha preparado bien, ni ha hecho los esfuerzos necesarios para obtener toda la información bajo el pretexto de que no tenía la tecnología adecuada” para analizar pruebas que podían obtenerse de escuchas telefónicas, a partir de dispositivos móviles incautados a directivos y empleados de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).

El referente de CAJAR no duda en calificar que en este juicio el derecho de las víctimas al acceso a la Justicia “se ha violado”. Entre la enumeración de estas violaciones, Villalba detalla: la familia ha solicitado al Tribunal una copia de lo actuado en las audiencias y se las han negado; han prohibido la transmisión en directo de las audiencias, lo que ha impedido que el juicio sea efectivamente “público” y ha afectado la labor de periodistas; inclusive, han prohibido que ingresen a la sala a integrantes del COPINH miembros del pueblo lenca “por hacer uso de su vestimenta tradicional”, lo que configura un ataque discriminatorio.

Constatadas estas violaciones al debido proceso, quienes integran la Misión de Observación Internacional han solicitado que la Justicia hondureña resuelva cuanto antes los recursos de amparo pendientes contra el Tribunal; que permita participar a las víctimas en el proceso, incluido el COPINH, que dé publicidad al proceso, y que deje la causa abierta para identificar, investigar y enjuiciar a los máximos responsables del hecho.

Villaba también señaló que les extrañó que el MP “no haya hecho una investigación más profunda sobre cómo el COPINH fue víctima de persecución” mucho antes de cometido el femicidio de Cáceres.