Este 2 de diciembre se cumplieron 33 meses del crimen de la defensora del pueblo lenca y de su territorio, Berta Cáceres, ocurrido en su hogar de La Esperanza, departamento de Intibucá (Honduras), así como del intento de homicidio contra el ambientalista Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México.

El caso fue llevado a juicio luego de muchas irregularidades en la investigación del Ministerio Público fiscal que afectó el acceso a la justicia de la familia Cáceres y de la organización de la que son parte, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como el acceso a pruebas y resultados de allanamientos en la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponían Berta Cáceres y su pueblo.

Ante recusaciones y amparos presentados por los abogados de Cáceres contra la fiscalía y el tribunal por mostrar falta de imparcialidad en el proceso judicial, los magistrados decidieron expulsar de las audiencias a la representación de las víctimas.

A pesar de todos los contratiempos y las suposiciones de que el crimen cometido el 2 de marzo de 2016 podía quedar impune, el 29 de noviembre fueron condenados 7 de los 8 imputados por asesinar a Cáceres y por la tentativa de homicidio de Castro. Si bien no han sido imputados hasta el momento los miembros de la familia Atala Zablah -integrantes de la Junta Directiva de DESA considerados los autores intelectuales del crimen-, en los alegatos quedó explícita la participación de varios integrantes de la empresa en dar órdenes para matar a Cáceres porque ella y su organización les representaban un “problema” para llevar adelante el proyecto Agua Zarca.

En la reconstrucción de los hechos leída el jueves 29 previo al veredicto, quedó establecido que Sergio Rodríguez (gerente de Comunicaciones de DESA) coordinó con Mariano Díaz (mayor del Ejército hondureño) para que éste se encargase de planificar el asesinato. Díaz contactó a Douglas Bustillo (teniente retirado y exjefe de seguridad de DESA) que se reunió con Henry Hernández (exmilitar) en La Esperanza “para conocer la zona de la vivienda de Berta Cáceres”, ubicar a la coordinadora del COPINH y darle seguimiento a través de informantes pagos.

En una serie de mensajes, a través de chats telefónicos, Hernández le confirmó a Díaz que estaba dispuesto a “hacer el trabajo” -en referencia a dar muerte a Cáceres-. El 6 de febrero de 2016, le informaron a un ejecutivo de DESA que la acción no había sido realizada por falta de un vehículo. También hicieron referencia a movilizaciones del COPINH que “interrumpían” la construcción de la represa. El 21 de febrero, Bustillo retomó comunicaciones con Hernández (y éste con Díaz) para reactivar el plan de asesinar a Berta y “buscar la manera de que Díaz y Bustillo no se vieran directamente involucrados en el hecho”, por lo que contactaron a sicarios para ejecutar a la defensora ambiental. Finalmente, el 2 de marzo de 2016, entre las tres y las cuatro de la tarde, llegaron a la ciudad de La Esperanza. Ese mismo día Berta Cáceres asistía al centro Utopía para un foro junto a Gustavo Castro y fue ejecutada en su casa por la noche, cuando ya se había ido a dormir, mientras que Castro fue herido y los ejecutores huyeron creyendo que lo habían matado también.

Si bien la condena a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Haroldo Torres se conocerá el 10 de enero de 2019, se estiman penas que pueden ir de los 20 hasta los 50 años de prisión. El segundo juicio por el caso será contra Roberto David Castillo, presidente de DESA, ya que existen pruebas en su contra que dan cuenta de cómo intermediarios se coordinaban con él para perseguir y asesinar a Berta. Castillo es sobrino del diputado Rodolfo Irías Navas, del Partido Nacional por Atlántida; es militar, graduado de West Point (2004) y trabajó en el Departamento de Inteligencia y Contra inteligencia del Estado Mayor Conjunto. La familia Cáceres luchará por enjuiciar a otros autores intelectuales.

Una de las hijas de la defensora asesinada, Bertha Zuniga Cáceres, habló con Radio Mundo Real sobre el fallo judicial. La joven opinó que el juicio ha sido “muy difícil y desgastante”, pero destacó que “es importante que haya dos personas condenadas vinculadas a la empresa”.

“El Estado sigue en deuda porque no hay voluntad política para investigar judicialmente a la familia Atala Zablah, sabiendo que es financiadora del Partido Nacional, ni a funcionarios que pudieron actuar en connivencia para encubrir el crimen”, añadió Zuniga.

Para ella y el COPINH hay “pactos de poder” que no han permitido procesar esta familia tan poderosa y creen que el Estado hondureño pretendía cerrar el caso con este juicio. Desde la organización no cesarán en la búsqueda de justicia, van “por los más grandes” y su desafío inmediato es presentar un recurso de amparo para quitar a DESA la concesión de Agua Zarca.