Habitantes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo resisten desde hace una década a la mina de oro Progreso VII. Ahora enfrentan una demanda millonaria que la empresa Kappes, Cassiday & Associates (KCA) hizo al Estado de Guatemala por 300 millones de dólares.

La demanda arbitral fue presentada ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

Las organizaciones que integran Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) junto a otras organizaciones internacionales se solidarizaron esta semana con las comunidades guatemaltecas que resisten pacíficamente al proyecto minero, sufriendo la militarización de la zona y los ataques socioambientales derivados de esta presencia.

Para analizar el caso, Radio Mundo Real entrevistó a Ana María Vásquez, integrante de CESTA-Amigos de la Tierra El Salvador y del programa regional de ATALC sobre Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo.

“Nuevamente los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Centroamérica ha firmado con Estados Unidos y República Dominicana amenazan a los estados de Centroamérica. En esta oportunidad, (la amenaza viene desde) una empresa instalada en Guatemala porque, según ellos, el Estado realizó incumplimientos», dijo Vásquez a RMR.

KCA “funciona bajo un proceso de total irresponsabilidad empresarial, con la licencia de explotación suspendida desde 2016” y porque “ha incumplido muchas de las normativas nacionales de Guatemala, como la consulta previa, libre e informada a las comunidades (como indica el Convenio 169 de la OIT)”, dijo Vásquez y añadió que la demanda arbitral llega «como un intento más de frenar la resistencia pacífica de La Puya«.

En este sentido, ATALC y otras organizaciones advirtieron que esta demanda «representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala». Consideran que la Corte Constitucional de ese país «ya está bajo presión, como resultado de la decisión del Presidente Jimmy Morales de desafiar la decisión de la Corte y expulsar al organismo de anticorrupción/anti-impunidad respaldado por la ONU: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)».

“Esto va a venir a ejercer mayor presión a las instituciones de justicia de Guatemala. Lo que se agrava mientras prevalezca la legislación de un acuerdo de libre comercio ante una legislación nacional. Ése es el temor que existe en estos momentos, cuando las demandas alcanzan instancias como el CIADI», dijo Vásquez. La integrante de CESTA destacó la importancia de avanzar hacia un Tratado Vinculante que proteja los derechos humanos ante el avance de las transnacionales.