Hace once años la petrolera trasnacional Chevron, ex Texaco, recibió una condena histórica en Ecuador, fue obligada por la justicia de ese país a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por los daños causados a comunidades indígenas y pobladores/as de las provincias de Orellana y Sucumbíos en la región amazónica. Esta demanda fue presentada por la Unión de Afectados/as por las operaciones petroleras de Texaco (hoy Chevron), conocida como UDAPT, organización base de Amigos de la Tierra Internacional en Ecuador. A pesar de que esta condena fue ratificada en 2018 cuando la Corte Constitucional de Ecuador negó la acción de protección solicitada por Chevron, al día de hoy las 30.000 personas afectadas no han podido acceder a su reparación.

El nivel de impunidad roza lo absurdo, la cuenta bancaria de la compañía petrolera en Ecuador no llegaba a 400 dólares, por lo cual a nivel nacional no había fondos suficientes para cumplir la condena. Por otro lado, Chevron demandó al Estado ecuatoriano en instancias internacionales, específicamente en la Corte de Arbitraje de La Haya (Países Bajos), basado en el Tratado de Protección de Inversiones Ecuador – Estados Unidos, argumentando que el Estado no debería haber permitido la demanda de UDAPT que llevó a la sentencia del 2011. La Haya falló a favor de Chevron en primera y segunda instancia, actualmente se encuentra en instancias finales luego de que el Estado apelara. Aunque el fallo definitivo aún no se determinó, el gobierno ecuatoriano ya destinó 2.000 millones de dólares de su presupuesto para pagar la cuantía.

Como Chevron no tiene activos en Ecuador, la UDAPT trabajó incansablemente para hacer valer la sentencia reparatoria en otras partes del mundo donde la compañía petrolera sí tiene activos, pero el Estado ecuatoriano se ha encargado, con diferentes estrategias, de que no sea posible. Ante esta situación el jueves 23 de marzo UDAPT dio a conocer, en rueda de prensa, una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Ecuador, para que esta evalúe si el caso se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su demanda se encuentra también una petición de medida cautelar para que el Estado deje de intervenir y truncar la posibilidad de reparación a nivel internacional.

Radio Mundo Real entrevistó a Julio Prieto, asesor legal de la UDAPT, para conocer más sobre la demanda presentada contra Ecuador en la CIDH.

“El gobierno está interfiriendo en un caso entre privados a favor de la compañía Chevron”

según contó Prieto el Procurador General del Estado “envió oficios pidiendo que no se reconozca la sentencia de los habitantes ecuatorianos” a las cortes supremas de otros países, como en el caso Canadá y Argentina. Para el abogado esto es una conducta violatoria de los derechos humanos ya que los estados deben garantizar recursos judiciales efectivos y subrayó:

“No se entiende como un estado interfiere en la corte de otros estados para que no reconozcan su propia sentencia”.

Es por esto que también piden una medida cautelar a la CIDH para poder avanzar en ejecutar la sentencia en otros países sin que el estado interfiera nuevamente.

Tanto en Argentina como en Canadá la UDAPT había logrado un reconocimiento de la sentencia nacional y el embargo de los activos de Chevron para poder cobrar la reparación, pero ambos procesos cayeron en última instancia por intervención del entonces procurador general Iñigo Salvador.

En cuanto al laudo judicial de Chevron contra el Estado ecuatoriano en La Haya, Prieto explicó: “están ordenando al Estado ecuatoriano que viole sus propias leyes y vayan en contra de su orden público, la sentencia está ejecutoriada desde 2012 y no hay manera, ni procedimiento en la que pueda ser anulada o revertida”.

“Al parecer hay una especie de asociación entre Chevron y el gobierno de Ecuador, esto llega al punto en que hoy en día el actual Ministro de Energía Fernando Santos era abogado de Chevron, ya se ha expresado públicamente contra los afectados diciendo que son unos farsantes”

aseguró Julio Prieto. La única explicación posible ante los hechos sucedidos y sostenidos en el tiempo es que “el estado ecuatoriano está totalmente capturado por la embajada americana, que es una muy buena defensora de los intereses corporativos de sus empresas” afirmó el abogado.

Ante esta grave situación UDAPT emitió un comunicado junto a Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, al que se puede acceder aquí.

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