El 28 de junio de 2009, el gobierno de Manuel Zelaya sufría un golpe de Estado en Honduras. “Hubo una planificación muy grande para llevar a cabo esta forma de golpe ‘suave’”, dice la defensora del pueblo garífuna Miriam Miranda a Radio Mundo Real.

En esta década, el país cuyos habitantes protagonizan una de las mayores migraciones hacia Estados Unidos es un “laboratorio político”, al decir de la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Radio Mundo Real dialogó con Miriam Miranda para pedirle su reflexión a diez años del golpe, la escuchamos.

“Nadie se puede imaginar la tragedia y crisis humanitaria que vivimos en Honduras, donde los jóvenes migran hacia el norte, vivimos una narcodictadura, un Estado fallido donde reina la absoluta impunidad y el apoyo al capital transnacional”, ahora bajo el fraudulento gobierno de Juan Orlando Hernández.

El Dr. Juan Almendarez, otro referente en la defensa de los derechos humanos, ha dicho que actualmente el país vive una “multi-crisis”, entre ellas, una crisis ética que incluye una campaña “sistemática para dividir aquellos sectores del país que están profundamente interesados en la defensa de los derechos humanos, bienes naturales y fundamentalmente la soberanía y la dignidad histórica de nuestro pueblo”.

“Podemos decir, que después del golpe militar, la conciencia del pueblo se ha elevado al manifestar su repudio a las políticas punitivas y persecutorias en contra de quienes reclaman justicia contra la corrupción y la desigualdad social. La realidad del ser social del hondureño, ha influido profundamente en la articulación de los sectores salud y educación y progresivamente en otros grupos sociales que provienen de los grupos más pobres y oprimidos de América latina. A pesar de la represión policial y militar de la tortura y la muerte, el pueblo sigue manifestándose apoyando a los verdaderos dirigentes”, afirma Almendarez en su ensayo Honduras: semiótica de la violencia y el sujeto fragmentado.

En este contexto de represión, persecución de organizaciones sociales y criminalización de los defensores de los pueblos, el COPINH también está sufriendo un recrudecimiento del hostigamiento y judicialización contra sus integrantes, con detenciones arbitrarias y ataques a comunidades como Río Blanco, donde Berta Cáceres encabezó la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Vale decir que el crimen de Berta permanece impune, ya que los 7 hombres juzgados como autores materiales no han recibido su condena todavía e incluso un testigo clave de la causa ha sido asesinado.