Este 19 de octubre la Sala 2 del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa convocó a una audiencia para dar comienzo al juicio por el crimen de la defensora del pueblo Lenca, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza (Intibucá). El Poder Judicial anunció el comienzo del proceso oral y público, a pesar de que sigue vigente la recusación presentada en su contra por el equipo legal que representa a la familia de Berta Cáceres. Y además decidió excluir del juicio a esta representación legal y a la abogada de Gustavo Castro, cuyo intento de homicidio también se juzga en la misma causa.

Desde el equipo legal sostienen que la convocatoria a la audiencia del juicio oral y público para juzgar a 8 imputados -entre autores materiales e intermedios del femicidio de la defensora hondureña- fue “ilegal” como todas las resoluciones que se tomaron el viernes. Se aguarda que la Sala de lo Constitucional resuelva un amparo por abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público.

Ese mismo día, el tribunal de sentencia decidió retirar la representación del equipo legal de la familia de Berta Cáceres, del COPINH y de Gustavo Castro (integrante de Otros Mundos Chiapas-Amigos de la Tierra México que sufrió intento de homicidio en el mismo momento en que Cáceres fue asesinada) excluyéndolos sin notificarles oficialmente, y le otorgó al Ministerio Público la representación legal de los intereses de las víctimas. El juicio se lleva adelante desde este lunes 22 en absoluta irregularidad, sin la representación de las víctimas en el proceso.

Cabe recordar las críticas que las hijas de Cáceres y sus abogados habían efectuado contra el MP, cuestionando su accionar que, en dos años y medio de investigación, tendió a proteger a los presuntos autores intelectuales provenientes de la empresa DESA.

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalaron que: «La acción del Tribunal se da como represalia ante las denuncias de la representación de las víctimas, que incomoda a las autoridades por su constante exigencia de un juicio independiente e imparcial. Asimismo, su decisión arbitraria establece, de manera contundente, el compromiso de las autoridades hondureñas de mantener en total impunidad a la estructura criminal responsable de los ataques sistemáticos al COPINH y del asesinato de Berta Cáceres».

Las actuaciones «ilegales e ilegítimas» del Tribunal de Sentencia compuesto por Esther Carolina Flores, José Anaín Orellana, Delia Lizeth Villatoro y Jocelyn Marie Donaire «serán denunciadas ante las instancias correspondientes, como parte de la lucha por la justicia y en contra de la impunidad», anunciaron desde la organización.

Las víctimas y su representación legal continuarán en la exigencia de un juicio que cumpla con las garantías de independencia e imparcialidad, junto a los pueblos indígenas, el pueblo hondureño y la comunidad internacional, por la condena de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Opacidad en el proceso

De visita por Honduras para relevar el estado de la causa judicial por Berta Cáceres y contactar a autoridades diplomáticas, gubernamentales y de justicia, el diputado español Pedro Arrojo (Podemos) brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que la decisión del Tribunal de dejar por fuera a los abogados de la familia Cáceres provocó el viernes una “estupefacción general”.

“Es evidente que esta decisión no es buena para darle fiabilidad al proceso judicial ante los ojos de la opinión pública. Es un punto negativo (en el proceso de justicia)”, dijo Arrojo. También señaló que le preocupa enormemente la percepción que tiene la familia y el COPINH sobre el nivel de opacidad en que se han manejado las investigaciones: “La impunidad tiene como principal coraza a la opacidad”, afirmó.

El diputado español añadió que el temor “fundado” de las hijas de Cáceres es que, producto de los numerosos errores procesales, y en el afán de acabar rápido con este juicio, “existe el peligro gravísimo de que una vez dictada la sentencia pueda haber un recurso de Casación que anule la sentencia y que contamine el futuro proceso por autoría intelectual, causando una catástrofe judicial”.

En busca de que ocurra lo contrario, el parlamentario expresó su deseo de que el juicio por Berta Cáceres “sea un punto de inflexión con la impunidad que existe no solo en Honduras, sino en América Latina en torno a los crímenes contra defensores de territorios”. “Estos delitos no son de una mara, o de delincuentes comunes, sino de delincuentes pagos que tienen detrás autores intelectuales y tramas políticas altamente poderosas”, sostuvo.

Por último, el diputado señaló a la prensa que en las reuniones que mantuvo con miembros del gobierno y de la Fiscalía le aseguraron que seguirán investigando autoría intelectual del crimen, que apunta a la familia Atala Zablah, según ha informado el COPINH.