El Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa Sala 1 condenó por unanimidad este lunes 5 de julio al empresario y oficial de inteligencia hondureño David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, en calidad de coautor. La pena que recibirá se dará a conocer el 3 de agosto.

El fallo validó, entre las principales pruebas, las numerosas comunicaciones telefónicas e intercambios de mensajes de texto y chats de WhatsApp desde donde Castillo coordinó acciones de seguimiento a Berta Cáceres y al COPINH. Los jueces destacaron especialmente las comunicaciones entre Castillo y Douglas Bustillo, un teniente retirado y ex encargado de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), que fue juzgado y condenado en 2018 por el femicidio de Cáceres junto a otros seis hombres acusados como autores materiales.

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, un ex funcionario público del ente estatal de energía, que luego pasó a ser presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). También es un oficial de la inteligencia militar hondureña, en condición de retiro, graduado de la academia militar estadounidense de West Point. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, dos años después del asesinato de Cáceres en su hogar de La Esperanza (Intibucá); pretendía huir del país, aunque ya estaba señalado por la familia Cáceres, el COPINH y diversos organismos de #DDHH como uno de los autores intelectuales del femicidio político de la ambientalista.

Castillo se desempeñó como presidente de DESA, empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ) que pretendía construir en la comunidad Río Blanco de Intibucá. Ante la «oposición» al proyecto que presenta el Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), coordinado por Cáceres, «los directivos de DESA buscan realizar acciones para neutralizar acciones de Berta y de COPINH», sigue el fallo; acciones que fueron coordinadas en dos grupos de WhatsApp donde participan los directivos de DESA.

Entre esos directivos había integrantes de la familia Atala Zablah, que no fueron mencionados en absoluto a lo largo del fallo y son justamente aquellos a los que la familia Cáceres considera como «autores intelectuales» del crimen. Si bien la acusación privada que representa a las hijas y a la madre de Berta solicitó que Daniel Atala (gerente financiero de DESA) se presente como testigo «para que declare sobre sus movimientos económicos destinados a atacar a la población lenca y a mi mami» -como explicó Laura Zúniga a RMR en una entrevista reciente– esto no se pudo concretar porque este empresario está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal.

No obstante, el fallo asegura que en las pruebas telefónicas «hay información que sólo puede ser manejada a nivel de DESA» y que «los mensajes permiten inferir que querían eliminar a Berta Cáceres«.

Las conversaciones de Bustillo son con “directivos de DESA, entre ellos, Castillo”, detalló el tribunal, para coordinar el seguimiento de las acciones de Berta y contactar a miembros de las fuerzas militares (activos y retirados) y a sicarios para organizar la ejecución de la defensora ambiental. Aunque el registro de las comunicaciones de Castillo con Bustillo se dan desde el 8 octubre de 2015 hasta el 6 de marzo, de 2016, el militar no trabajaba como encargado de seguridad para DESA desde julio de 2015, un detalle sobre el que los jueces insistieron, cuestionando que no había una relación laboral por la que Castillo y Bustillo debieran seguir en contacto -un argumento que había utilizado la defensa de Castillo para justificar los mensajes entre ambos.

En este sentido, el tribunal estableció que desde octubre de 2015, cuando Castillo cambia el nombre del grupo de WhatsApp integrado por otros directivos de DESA como Sergio Rodríguez (gerente de comunicaciones de la empresa) a «Seguridad PHAZ», desde aquí coordinan «servicios de vigilancia sobre las actividades de Berta Cáceres y lo que haga el COPINH contra Agua Zarca». Entre los mensajes destacaron cuando Rodríguez menciona que «se deben encaminar acciones contra Berta y Tomás Gómez porque cuando ellos no llegan el movimiento se debilita» e incluso planifican boicots a las radios del COPINH.

Como la oposición al proyecto Agua Zarca se fortalece desde noviembre de 2015, en los mensajes entre Castillo y Bustillo queda probado cómo «se determinó acabar con la vida de Berta Cáceres para poner fin a la oposición -dice el fallo-, acción a cargo de Bustillo, con medios facilitados por Castillo». «Bustillo se comunicó con un amigo suyo que a ese año era miembro activo de Fuerzas Armadas (Mariano Díaz), para acabar con la vida de Berta Cáceres, algo probado mediante llamadas telefónicas monitoreadas en el marco de otras investigaciones», aclaró el tribunal.

Como ya se había mencionado en el primer juicio de la causa, las comunicaciones entre Castillo y Bustillo, que coordinaba el sicariato, prueban que hubo al menos un intento de asesinato antes de consumar el femicidio la noche del 2 de marzo de 2016 en la residencia de Berta ubicada en La Esperanza, Intibucá. El 2 de febrero de 2016 las comunicaciones prueban que Díaz estaba vigilando y fotografiando a Berta y le iba comunicando a Bustillo los movimientos de la líder lenca. El 5 de febrero, Castillo habló con Bustillo sobre una “misión” y le pide que cuide «los accidentes de la escena», pero el día 6 Bustillo le informa que la misión fue «abortada»: «Ayer no se pudo. Esperaré lo que usted diga porque ya no tengo logística” y Castillo le responde: “Yo no necesito la información, necesito lo que ustedes va a presupuestar para el trabajo”. Dos días antes del crimen, Daniel Atala le hizo una transacción financiera a Castillo que probaría el pago que éste le hizo a Bustillo para ejecutar a Cáceres. Finalmente, la acción se realizó el 2 de marzo «siguiendo el plan», dice el fallo, y «en el transcurso del día 3 de marzo Bustillo se comunica vía telefónica con Castillo».

Por todo esto, para el Tribunal «no queda espacio para dudas que David Castillo coordina con Douglas Bustillo frente al crimen de Berta Cáceres».

«El tribunal se encuentra plenamente convencido de que David Castillo ha tenido participación material e intelectual como coautor del asesinato de Beta Cáceres», sentencia el fallo del Tribunal de Setencias de Tegucigalpa.

Faltan los Atala

La decisión judicial llega después de 40 audiencias en la capital hondureña, con «jornadas maratónicas» -como definieron desde el Poder Judicial hondureño-, con un esfuerzo colectivo entre el COPINH, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras, la OFRANEH y otras organizaciones que sostuvieron el Campamento Feminista Berta Vive frente a la Corte durante los tres meses del proceso judicial, la presión internacional para que se realizara el juicio tras múltiples dilaciones por parte de la defensa de Castillo durante los dos años y medio de su prisión preventiva, junto a la cobertura cotidiana de las audiencias desde el equipo de comunicación del COPINH que garantizó el acceso a la información y la condición de un juicio oral y público.

Para la familia de Berta, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el COPINH esta es «una victoria popular de justicia para Berta; un paso al rompimiento del pacto de impunidad. Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia», considerando el apoyo que sectores empresariales manifestaron públicamente hacia Castillo horas antes del fallo e incluso el apoyo económico y legal que brindó la familia Atala al acusado.

Por eso, Bertha Zúniga expresó en una conferencia de prensa brindada en las afueras de los tribunales que la Causa Berta Cáceres «no termina con esta resolución sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen: Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas».

La coordinadora del COPINH también exigió que se cancele «de manera inmediata» la concesión sobre el Río Gualcarque de la comunidad Lenca y «se procese a todas las personas involucradas en su ilegal y corrupta concesión» y «que sean desmontadas las redes criminales que actualmente persisten, que actuaron durante el juicio para promover la impunidad y que son responsables de graves delitos expuestos durante el juicio de lo cual aportamos la prueba». Cuando en agosto de 2020 se anunció que Castillo sería llevado a juicio, Zúniga había advertido en RMR que él era una «pieza clave» para mostrar cómo funcionó la estructura criminal detrás del femicidio de su madre, pero que se necesitaba «voluntad política» para llegar a los máximos responsables: los Atala.

La activista también denunció «el maltrato sistemático y constante hacia las víctimas por parte de los funcionarios públicos: es inadmisible que a una víctima en su proceso se le corte la palabra o se le niegue u obstaculice la entrada a un recinto judicial».

Junto a ella habló el abogado Víctor Fernández, que destacó que esta decisión judicial «no es el final» sino «la continuidad del compromiso para hacer justicia integral en la causa Berta Cáceres», que da esperanza ante «los centenares de crímenes que han ocurrido en este país, que siguen el mismo patron de asesinato».

La lideresa Rosalina Domínguez, que declaró como testigo, expresó que «mataron a Bertita porque no la podían encerrar. Pensaron que, quitando a Berta, Río Blanco iba a callar, pero se jodieron. ¡Se joden los Atala! ¡Se jode DESA! ¡Nunca van a llegar a Río Blanco!». Llamó a las mujeres de COPINH a resistir: «Yo también sigo amenazada, pero ando sola y sin armas. No nos vamos a rendir, ni nos vamos a callar. ¡Agarren ánimo de luchar, acá tenemos el calor!», dijo entre aplausos.

Por último, Yessica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, celebró el fallo luego de cinco años de lucha e invitó a las personas presentes a acompañar la inauguración del parque Campamento ¡Viva Berta!, donde instalaron una escultura para recordar a la defensora y para marcar este espacio de recuperación territorial donde, durante 90 días, funcionó el campamento feminista. «Los territorios son de nosotras y nosotros -dijo Yessica-. Vamos a seguir el ejemplo que Berta nos dejó».