A 10 años de la siembra de Berta Cáceres repasamos el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos/as Independientes (GIEI Honduras). Este informe con perspectiva de derechos humanos, basado en pruebas testimoniales, expedientes y telecomunicaciones, constata que el feminicidio de la defensora Lenca fue ejecutado por sicarios, planificado por altos mandos corporativos, financiado por bancos internacionales de desarrollo y ocultado por el estado hondureño.
Berta Isabel Cáceres Flores, defensora del río Gualcarque y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue asesinada en marzo de 2016. Cáceres resistía la instalación de la represa Agua Zarca, propiedad de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA). Un proyecto originado y sostenido por un entramado corrupto, con concesiones ilegales otorgadas por el gobierno hondureño y sin la consulta previa, libre e informada a quienes habitan el territorio, el pueblo indígena Lenca.
Actualmente hay ocho personas condenadas por este crimen, entre ellas David Castillo, presidente de DESA, quien ordenó el asesinato. El resto de los condenados son funcionarios de la misma empresa y ex mandos militares, casi todos señalados por su autoría material. Entre ellos se encuentra el Mayor Mariano Díaz Chávez, quien también coordinaba operaciones de narcotráfico y proveía de armas, logística y personal, aprovechando su investidura militar.
El GIEI Honduras, conformado por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el asesinato de Cáceres fue «ejecutado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales».
Este informe prueba que el crimen fue predecible y prevenible. Berta Cáceres reportó más de 30 amenazas antes de ser asesinada. Además existen informes de inteligencia que dan cuenta de un intento anterior de asesinato. El trabajo también constata que hubo obstaculización en la investigación y criminalización de personas.
El reporte del GIEI Honduras evidencia también la manipulación de pruebas y la coacción a testigos, además de amenazas y hostigamiento a fiscales e investigadores. Todo esto con el fin de proteger a altos ejecutivos de DESA, integrantes de una elite económica que para ese entonces ya había capturado el Estado Hondureño con la anuencia y colaboración del entonces presidente Juan Orlando Hernández. Ex mandatario que luego fue procesado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos, y después indultado y promovido por el presidente de ese país Donald Trump.
Además, el informe constata que el asesinato fue financiado con desvíos de fondos de préstamos de bancos internacionales de desarrollo como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) para el proyecto Agua Zarca. La investigación muestra que más del 60 % de los recursos —equivalentes a unos 12 millones de dólares— fue objeto de desvíos y/o manejos irregulares.
Ese dinero fue destinado a financiar tareas de inteligencia, logística y pago a los sicarios, además de pagos a periodistas, abogados, informantes, policías y funcionarios públicos. El GIEI concluyó que los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca desempeñaron roles relevantes en el plan que finalizó con el asesinato de la defensora Berta Cáceres, específicamente Jacobo, José Eduardo, Pedro y Daniel Atala. Ninguno de ellos fue investigado hasta el momento. Incluso al día de hoy estas personas orquestan ataques de odio contra el COPINH y la familia de Berta Cáceres.
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Sobre los impactos del crimen, el informe asegura que: “los daños derivados del asesinato de la señora Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto Agua Zarca son múltiples, diferenciados y de carácter individual y colectivo”.
Las recomendaciones del GIEI al estado hondureño a partir de los resultados son: la revocación y disolución definitiva del proyecto Agua Zarca, la disolución y liquidación de DESA, la titulación y demarcación de la tierra ancestral Lenca en Rio Blanco. Además, el GIEI dispone la creación de programas de asistencia de salud y educativos, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del estado y la construcción de un memorial por la vida de Berta Cáceres.
El GIEI también insta a la apertura de archivos de inteligencia, la investigación de bancos financiadores, la continuación y profundización de investigaciones penales con alcance de coparticipación y delitos conexos, la investigación de responsabilidades de funcionarios que facilitaron o cometieron el crimen, la reforma integral del Ministerio Público, mecanismos nacionales de protección y leyes para modernizar el sistema de justicia penal.
Actualmente las estructuras que posibilitaron el crimen de Berta Cáceres hace diez años siguen intactas. Este informe provee de información y pruebas para que la Fiscalía enjuicie a los coautores que aún falta procesar, la alta cúpula que hasta el momento estuvo en total impunidad.
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Desde RMR acompañamos al COPINH y sus luchas, nos comprometemos a sostener la memoria de Berta Cáceres como inspiración para las luchas actuales y futuras.
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