Organizar el odio y planificar la miseria
Argentina bajo el gobierno de Javier Milei: perspectivas populares sobre el avance de la ultraderecha

Javier Milei asumió la presidencia de la República Argentina el 10 de diciembre de 2023. En este tiempo el mandatario de ultraderecha, defensor del libre mercado a ultranza y arengador del odio, impuso recortes sociales, persiguió la protesta y desplegó la violencia de diferentes maneras, se mostró servil a Israel y EEUU, y comenzó a construir un nuevo enemigo interno: todas las personas que luchan por sus derechos. El “rebelde libertario” aplica nuevas y viejas recetas enmarcadas en un neoliberalismo exacerbado, pero en decadencia. Las nuevas derechas en auge en el mundo traen novedades y continuidades y tienen puntos en común entre ellas: organizar el odio y planificar la miseria.
A fines de marzo, Tierra Nativa – Amigas de la Tierra Argentina organizó un webinario junto al Sistema de Solidaridad Internacionalista de Amigos de la Tierra Internacional para repasar algunos capítulos de la vertiginosa historia de ajustes, desregulación y la profundización del saqueo corporativo que hace un año y cuatro meses vive el pueblo argentino. El espacio contó con la exposición de seis mujeres militantes del campo popular. En este artículo recogemos datos, reflexiones y análisis del encuentro.
Rápido y furioso
Las primeras acciones del gobierno de Milei marcaron el rumbo de lo que fue este casi año y medio bajo su mandato. En sus primeros 20 días presentó su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una ley ómnibus con más de 600 artículos que llamó “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” (aprobada, junto al RIGI, 6 meses después de presentada). Esta ley quita facultades al Poder Legislativo y se las adjudica al Poder Ejecutivo, propone privatizar 41 empresas estatales y criminaliza a quienes convocan, organizan y asisten a manifestaciones populares. Además, modificó leyes con impactos ambientales directos como son la ley de fuego, ley de glaciares, ley de tierras, ley de bosques y la ley de hidrocarburos. También impuso un ajuste inmenso del gasto público, lo que se traduce en recortes de políticas sociales, obra pública e instituciones estatales.
Ya en 2024, o sea un mes después de asumida la presidencia, Milei recortó la investigación nacional, prohibió el lenguaje inclusivo, cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y retomó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No había cumplido cuatro meses de gobierno cuando cerró la agencia pública de noticias Télam. A esta altura la pobreza en Argentina ya alcanzaba el 52,9% de la población, y el presidente con orgullo aseguró que 70.000 trabajadoras/es públicas/os serían despedidas/os.
Las medidas fueron drásticas y, sobre todo, rápidas. Un vertiginoso desmantelamiento casi imposible de seguir. De hecho, la velocidad de los cambios en Argentina sorprende cuando los comparamos con otros procesos extremadamente regresivos como el ocurrido luego del golpe de Estado en 2016 a Dilma Rousseff en Brasil, y la asunción de Jair Bolsonaro -hoy a punto de ser condenado por la justicia por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado a Lula da Silva en 2023- La siguiente infografía recoge algunas de estas medidas de Milei y fue realizada por Tierra Nativa y presentada por una de sus integrantes, María Fernanda López.

El vaciamiento y el olvido como política
La abogada Mariana Katz, integrante del Servicio de Paz y Justicia en Argentina (SERPAJ), expuso sobre la situación actual en materia de derechos humanos, a la que calificó de “retroceso abismal”. Subrayó los impactos del DNU que impuso “un sinfín de desregulaciones que deja a merced del poder corporativo muchas decisiones, como por ejemplo el aumento [del precio] de los medicamentos”, en un contexto donde “las corporaciones tienen mucha incidencia a través de los medios de comunicación”.
Katz destacó también algunas desregulaciones ambientales que tienen impactos directos sobre las personas como la ley de fuego, que en su modificación dejó a las comunidades afectadas por los incendios totalmente desprotegidas, y la ley de tierras que ya no pone límites a la extranjerización de la tierra. Estas desregulaciones vienen acompañadas por discursos oficiales donde se muestra a todas/os las/os defensoras/es y luchadoras/es por los derechos de los pueblos como parte de la llamada “cultura woke” y la prohibición de la movilización en la calle en pro de la libre circulación.
Giuliana Alderete, Licenciada en Gestión Ambiental Urbana e integrante de Tierra Nativa, repasó algunas particularidades del gobierno, que tiene obviamente sus características propias aunque haga parte de un avance internacional de la extrema derecha. La primera que destacó fue el negacionismo como estrategia de poder. Milei niega el terrorismo de Estado, el cambio climático, la desigualdad estructural y el conflicto social. Este negacionismo es estratégico, ya que sin cambio climático solo hay fanáticos ambientalistas, sin conflicto social es más simple criminalizar a la militancia, sin desigualdad estructural no existe la violencia de género ni la injusticia, y sin terrorismo de Estado no hay un reconocimiento de las/os 30.000 desaparecidas/os que dejó la última dictadura cívico militar en Argentina. Estos puntos son clave, según Alderete, para desarmar consensos democráticos y habilitar la violencia estatal.
Otro de los puntos que recogió la activista es el desmantelamiento del Estado con su consecuente vaciamiento de la democracia, ya que el impulso del RIGI comienza un despojo institucionalizado, con el que se limita la soberanía del Estado y se garantizan los beneficios y la impunidad corporativa. Alderete también puso sobre la mesa el fuego como política de vaciamiento territorial: “el fuego limpia lo que molesta”, para habilitar loteos, agronegocios y minería. Otra coincidencia que se puede marcar con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, donde deliberadamente se habilitaron los incendios intencionales para la apropiación y el saqueo de territorios. Y, por otro lado, la transición energética como una nueva frontera extractivista y de despojo, con el litio como mineral estratégico central.
Los de abajo con lo mínimo, los de arriba a sus anchas
Evelyn Vallejos, militante de Catamarca, participó del webinario y trajo a la discusión los impactos sobre la economía popular. Vallejos acompaña el trabajo de recicladoras/es que representan un sector económico clave en la sociedad argentina y hoy está bajo amenaza producto de la devaluación, la apertura de las importaciones de cartón, que afecta directamente el precio del material, y el hecho de que cada vez más personas se vuelcan a estas tareas en busca de un ingreso frente al desempleo. También mencionó que los conflictos por el agua se agudizan como consecuencia de la expansión de proyectos de explotación del litio y otros minerales, y que el despliegue de las empresas en los territorios más vulnerados avanza incluso sustituyendo roles y funciones del Estado. Vallejos puso una alerta sobre grupos paramilitares que disfrazados de asistencia humanitaria reclutan niñas/os y adolescentes en diferentes provincias del país. Otra vez, el avance del capital transnacional que, con la violencia como herramienta, a través de grupos privados y paramilitares, o con las fuerzas del Estado, despliegan la represión que asegura el saqueo.
Todo lo descrito anteriormente por las expositoras se corona con numerosos escándalos que tuvieron al presidente de la Nación argentina como protagonista. El último de los cuales involucró incluso una estafa millonaria impulsada por un mensaje del mandatario en redes sociales promoviendo la inversión en una criptomoneda. Las investigaciones en la justicia continúan y evidencian el nivel de impunidad de la actuación presidencial y su equipo.
Cecilia Anigstein, socióloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), analizó la situación que atraviesa la clase trabajadora destacando los impactos de la pandemia como una variable explicativa de la victoria electoral de la extrema derecha en el país. Las consecuencias son alarmantes: “en el primer año del gobierno de Milei 1.600.000 personas se quedaron sin trabajo”. En el sector público hasta octubre de 2024, 43.000 personas fueron despedidas, y en un año la caída del ingreso en el sector público fue de 18%, confirmando, como dice Anigstein, que “lo que está cayendo son los ingresos”, que afecta al mismo tiempo el consumo en el mercado interno.
Para Anigstein, la desarticulación del movimiento sindical -al ser base estructural de la organización popular en el país- es uno de los objetivos de la ofensiva del gobierno de Milei. Si bien se lograron frenar algunas medidas incluidas en el DNU aprobado al inicio del gobierno, otras medidas vuelven a aparecer y logran ser aprobadas. Por ejemplo, la legalización del fraude laboral. Hoy los empleadores que tienen trabajadoras/es sin registrar y sin protección social no son sancionados ni penalizados. Una vez más aparece el blindaje a la impunidad.
Son derechos, pero el gobierno les dice privilegios
La manipulación de las narrativas es otra de las claves del actual gobierno argentino. Llamarle seguridad a la represión, responsabilizar a la política por los actos de las élites económicas, decirle militancia al periodismo libre y enaltecer a los operadores políticos del gobierno llamándoles periodistas. Hablar de libertad de expresión y opinión para justificar mentiras y discursos de odio. En este aspecto MIlei y su equipo de gobierno ha invertido mucho tiempo y espacio para ir contra el feminismo y la diversidad. Y lo principal, habla de privilegios cuando se refiere a los derechos.
A los avances en materia de derechos e igualdad, Milei, como otros exponentes de la ultraderecha, los denomina ideología de género y los señala como el origen del mal y un “cáncer a extirpar”. Esta fue de hecho la base de su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, al que la sociedad argentina reaccionó convocando a una movilización antifascista y antirracista el pasado febrero.
En este juego sucio que propone el gobierno argentino sobre lo discursivo, repleto de engaños, habilita y valida llamarle “imbécil”, “idiota” y “débil mental” a las personas con discapacidad. Y de las palabras a los hechos: sale a justificar las más de 140 personas detenidas y 60 heridas en la represión de la marcha por las/os jubiladas/os el 12 de marzo, sin mencionar a Pablo Grillo, el fotógrafo que aún se recupera del impacto en su cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno, mientras cubría la manifestación.
Lorena Badilla, trabajadora social e integrante de Tierra Nativa, comenzó por resaltar el tono despectivo y distorsionado con el que Milei y autoridades de su gobierno se refieren a las figuras y representantes del feminismo en el arte y la cultura. Esto tiene fuertes implicancias porque, como afirma Badilla, “cuando la violencia y el odio son impulsados por cargos altos del Estado, se profundiza la desigualdad y se legitima y desinhibe la violencia social en todos los niveles del tejido social».
De entre los ataques directos a los logros alcanzados por el feminismo destaca la eliminación del Ministerio de mujeres, género y diversidades y el desfinanciamiento de la línea 144, que proporciona una vía de atención a las mujeres en situaciones de violencia de género. Con estas medidas se afecta el diseño de políticas específicas dirigidas a mujeres y disidencias y la capacidad operativa y de atención a una población que se encuentra en una situación de emergencia. A pesar de que en Argentina ocurre un femicidio cada 30 horas, el gobierno de Milei también ha propuesto eliminar del Código Penal la figura de femicidio, alegando que la violencia no tiene género.
Otros programas y políticas que fueron desmantelados son por un lado Acompañar, y por otro lado Acercar Derechos, dos políticas que nacieron como dispositivos territoriales para alcanzar a la población más vulnerada. Por otro lado, se avanza en el cambio conceptual también con la modificación de la Ley Micaela, que promovía la capacitación obligatoria para trabajadoras/es estatales en los tres poderes.
A pesar de los enormes retrocesos y la impunidad que rodea al gobierno de Milei, Tierra Nativa destacó las respuestas populares como elementos centrales de resistencia a la crueldad; construir narrativas propias, apostar a las alianzas, la organización popular y mantener una comunidad organizada, recuperar las calles como espacio de disputa, trabajar sobre la memoria como trinchera y el territorio como espacio de producción y reproducción de la vida. Y, más que nunca, defender el sentido de la democracia.










Fotos: Mari Fer López y Johanna Ansiporovich