El Congreso de Chile se disponía a aprobar el miércoles 13 de marzo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (conocido como TPP-11) pero al mediodía suspendió la votación que no cuenta con apoyo popular.

Movimientos campesinos e indígenas, entre otras organizaciones nucleadas en la Plataforma Ciudadana Chile Mejor SIN TLC, habían realizado una fuerte movilización hacia el Congreso para manifestar una vez más su rechazo al proyecto del Acuerdo integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés), por considerarlo “un tratado de libre comercio negociado a espaldas de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y del Parlamento”.

Chile ya cuenta con acuerdos comerciales con todos los países miembros de este nuevo pacto, por lo tanto, el CPTPP “generaría nulos o mínimos beneficios comerciales e impondría nuevas normas y regulaciones que restringirían la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que se implementen en el país”, señalaron desde la Plataforma Ciudadana.

Además de no realizar estudios previos para evaluar los impactos ambientales y sociales del TPP-11, tampoco se ha realizado hasta el momento una consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para evaluar si los derechos de los pueblos están en riesgo con este tipo de acuerdos de libre comercio.

El TPP también dispone la eliminación de derechos laborales como el salario mínimo, licencias vacacionales y por maternidad, mientras que habilitaría el trabajo infantil y el aumento de la edad jubilatoria, denunciaron desde Chile Mejor SIN TLC.

Vulnera la soberanía nacional porque establece garantías para los inversores, es decir las corporaciones transnacionales como la industria farmacéutica, las corporaciones informáticas, de energía, las mineras, forestales y la agroindustria, que buscan asegurar y aumentar sus ganancias.

Elimina la soberanía alimentaria, privatiza las semillas criollas con la ley conocida en la región como Ley Monsanto, que abona el monopolio de la semilla transgénica en compra, siembra y cosecha, sumado a los plaguicidas especiales que se le debe tirar, como parte del “paquete tecnológico” de la norma. Además de privatizar bienes comunes como el cobre.

El TPP también implica una mayor privatización de los servicios de salud y la restricción del acceso al derecho a una salud integral, patentando y debiendo pagar licencias para la producción de medicamentos, lo que afecta especialmente a quienes padecen enfermedades raras, cáncer o viven con VIH.

Por estos y otros motivos la Plataforma Ciudadana se opone al TPP que fue firmado en marzo de 2018 por el gobierno chileno y que debía aprobarse y ponerse en marcha este 13 de marzo. Esta votación se suspendió, como exigía Chile Mejor sin TLC y reclaman que, al lo menos, se realicen los estudios de impacto ambiental y social adecuados y la consulta indígena que corresponde.