En una conferencia de prensa brindada el 24 de octubre en Tegucigalpa, las hijas de la defensora hondureña Berta Cáceres, criticaron la actuación de la Justicia en su país que excluyó a sus abogados del juicio donde son juzgados 8 imputados por el crimen de su madre.

Aunque jueces y juezas de la Sala 1 del Tribunal de Sentencias están recusados por abuso de funciones e irregularidades en el proceso judicial, decidieron dar comienzo a las audiencias el sábado 20 de octubre e interpretaron que la representación legal de la familia Cáceres había “abandonado” el juicio por estar “ausente” en la sala, siendo que en verdad no reconocían el comienzo del juicio debido a la irregularidad e imposición como se estaba dando. Así fue que excluyeron a los abogados de las víctimas y éstas pasaron a quedar representadas por el Ministerio Público fiscal.

Esto es rechazado por las hijas e hijo de Berta y exigen que el juicio sea “reiniciado y desarrollado con las garantías que corresponde”. Señalan que les han quitado participación en el juicio como “represalia” por haber develado “la falta de acceso a la información, la falta de investigación del Ministerio Público, la destrucción y alteración de pruebas, la falta de voluntad de perseguir a los autores intelectuales y la falta de protección de los derechos de las víctimas e incluso de los acusados”.

En este sentido, Bertha Zúñiga declaró que «las pruebas demuestran la participación en el crimen de los empleados de la empresa DESA; Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como de los militares Mariano Díaz y Henrry Hernández junto a un grupo de sicarios, pero el juicio contra ellos busca ocultar la verdad de quienes pagaron y ordenaron realmente el asesinato».

La otra hija de Berta Cáceres, Laura Zúñiga también criticó al Ministerio Público “que nos ha violentado, no representa los intereses de las hijas, hijo y madre (de la defensora) ni del COPINH” en esta búsqueda de Justicia. Además señaló que el Tribunal que ahora les impone ser representados en el juicio por el MP es el mismo tribunal “que nos ha negado pruebas como peritajes de contexto e impidió que testifiquen aquellos que sabían sobre los ataques a Berta Cáceres. Es un tribunal que no representa a la justicia”, a la vez que aseguró que seguirán “dando batalla” para encontrar a los autores intelectuales del crimen y “castigarlos por creerse impunes”.

Desde lo jurídico se están agotando todos los recursos para exigir un juicio con garantías procesales. El equipo de defensores que representa al COPINH no descarta llegar a instancias internacionales. El 2 de noviembre finaliza la prisión preventiva de los acusados, ya que cumple un plazo máximo de dos años y medio para privar de libertad a los detenidos sin juicio.

Víctor Fernández, abogado de las hermanas Zúñiga, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, señaló que, al decidir apartarle de la representación legal en el juicio, el tribunal está restringiendo el derecho de las víctimas y el derecho de la sociedad a saber la verdad sobre lo ocurrido.

“El tribunal que lleva el caso no solo es ilegal sino mentiroso», dijo Fernández. También respondió a las acusaciones del tribunal sobre haber «abandonado» el juicio: “No abandonamos la causa: notificamos por escrito que no podemos asistir a diligencias realizadas por u Tribunal que está recusado”.

Consideró que las juezas no entienden a los familiares de la víctima como sujetos de derecho, sino como “objetos”, a pesar de que “han hecho aportes valiosísimos al proceso”. “No tenemos obligación de presentar pruebas, pero aun así lo hemos hecho, y por eso el poder judicial margina a las victimas, porque aportamos pruebas contra autores intelectuales”, añadió y reafirmó: “No es admisible que comiencen las audiencias mientras hay recursos contra tribunal”.