Sobre la hora, la Procuraduría General del Estado ecuatoriano informó a la Unión de Afectados/as por Texaco (UDAPT) que inició el proceso de apelación del laudo arbitral a favor de Chevron en La Haya.

En una reciente entrevista con RMR, Pablo Fajardo, representante legal de UDAPT, explicaba en Radio Mundo Real las implicancias que tendría a nivel social, ambiental y económico, si Ecuador no apelaba la sentencia, cuyo límite vencía el 16 de diciembre.

Finalmente el 15 de diciembre la Procuraduría General del Estado, en representación de los intereses del Ecuador, notificó a Chevron su decisión de interponer un recurso de apelación de la sentencia emitida el 16 de septiembre de 2020 por la Corte Distrital de La Haya, Países Bajos, que rechazó la demanda de nulidad del Segundo Laudo Parcial dentro de este caso. Dicho recurso busca revertir la decisión dictada en primera instancia y, por lo tanto, insistir en la solicitud de anulación del laudo arbitral que determinó la responsabilidad del Estado en favor de esa empresa. La Procuraduría General del Estado ejecutará todas las acciones previstas en la Ley para precautelar el patrimonio nacional y el interés público en todos los casos.

Desde UDAPT, las personas afectadas por la contaminación y violaciones a los derechos colectivos de los pueblos de la Amazonía, agradecieron «el masivo respaldo y apoyo» a esta causa » en todos los rincones del mundo».

Aquí abajo se encuentra la carta del Procurador General del Estado a UDAPT.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Oficio Nº 11573
Quito, DM, 16 de diciembre de 2020
Señor
Pablo Fajardo Mendoza
UNIÓN DE AFECTADOS POR LAS
OPERACIONES PETROLERAS DE TEXACO
Nueva Loja.-

De mi consideración:

Me refiero a su comunicación de 25 de noviembre de 2020, ingresada en la misma fecha a esta Procuraduría, por medio de la cual nos exhorta a presentar el recurso de apelación en contra la sentencia dictada por la Corte Distrital de La Haya, dentro del proceso de anulación del Segundo Laudo Parcial, emitido en el arbitraje conocido como “Chevron III”. En virtud de las competencias constitucionales y legales, corresponde al Procurador General del Estado la representación judicial y el patrocinio del Estado y de sus instituciones. Por lo tanto, en ejercicio de las mismas, interpondré todas las acciones que, de conformidad con la ley y en mi criterio, procedan en defensa del patrimonio nacional y el interés público.

Atentamente,
Firmado
digitalmente por
IÑIGO FRANCISCO
ALBERTO
SALVADOR CRESPO
Dr. Íñigo Salvador Crespo
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO