El crimen contra Maritza Quiroz, lideresa de la Mesa de Participación de Víctimas de Santa Marta, cometido el 6 de enero, es el sexto asesinato político en la primera semana de este año. Los crímenes contra defensores y defensoras del territorio colombiano no han cesado y mantienen en alerta a organizaciones sociales de todo el país que defienden los Acuerdos de Paz sellados en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Según la crónica de Colombia Informa, “en la madrugada del 6 de enero, hombres desconocidos y armados irrumpieron en una finca de la vereda San Isidro, zona rural de Bonda de la ciudad de Santa Marta, donde se encontraba Maritza Quiroz. La asesinaron fríamente, aunque la Corte Constitucional había solicitado protección para su vida”.

Quiroz era reclamante de tierras y en reiteradas ocasiones había sido víctima del conflicto armado, obligándola a sufrir el desplazamiento forzado y la tragedia del asesinato de su esposo en Palmor, Magdalena.

Desde el Equipo de Trabajo del Proyecto Planeta Paz, que trabaja con sectores sociales populares para la paz en Colombia, expresaron su dolor ante este asesinato y destacaron a Maritza como lideresa social y popular por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres, de la población desplazada y rural.

Al femicidio de Quiroz se suma el de Wilson Pérez Ascanio, de 34 años, en Hacarí (Norte de Santander). Ascanio lideraba varios procesos sociales y era integrante del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP).

José Rafael Solano, presidente de la Junta de Acción Comunal, reconocido en el municipio de Zaragoza y Caucacia (departamento de Antioquia) por defender la minería ancestral. Solano tenía 60 años y fue muerto a tiros el 4 de enero, en su hogar ubicado en la vereda El Jobo, denunció la Fundación Sumapaz.

El mismo 4 de enero mataron a Wilmer Antonio Miranda, integrante de FENSUAGRO, en el municipio Cajibio (Cauca); Jesús Adier Perafán, fundador de la organización política Coraje Caicedonia en Caicedonia (Valle del Cauca) fue asesinado el 2 de enero, y Gilberto Valencia, gestor cultural de Suárez (Cauca) el 1 de enero, informó Marcha Patriótica.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las FARC en el año 2016 se han incrementado los crímenes contra defensores y defensoras de pueblos y territorios. En 2018, la Defensoría del Pueblo registró 164 asesinatos, siendo que 84 se cometieron desde agosto tras la asunción de Iván Duque como presidente; mientras que Indepaz registra 226 los líderes asesinados.