Finalmente fueron 797.261 firmas las entregadas el jueves por la Comisión Nacional Pro Referéndum a la Corte Electoral de Uruguay a fin de que la población pueda decidir si deroga o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), del derechista gobierno de Luis Lacalle Pou. Se necesitaban 670.000 firmas para habilitar el referéndum.

Ahora si!

Esta es la cifra final presentada en la Corte Electoral!

📢 7️⃣9️⃣7️⃣. 2️⃣6️⃣1️⃣

La hazaña fue épica

El poder de nuestras firmas juntas

El poder del pueblo!#HabraReferendum pic.twitter.com/2JwrIyqLFe

— Yofirmouy (@Yofirmouy) July 8, 2021

“Obviamente que la emoción desborda pero queremos decir bien fuerte y bien claro que habrá referéndum”, anunció en una conferencia de prensa al mediodía la dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) Amira Fagúndez, a nombre de la Comisión Nacional Pro Referéndum.

La rueda de prensa se realizó en la sala de actos de la sede de la central sindical de Uruguay, PIT-CNT, en Montevideo, capital del país, y ante el anuncio oficial de Fagúndez todos/as los/as representantes de las organizaciones sociales que integran la Comisión dieron rienda suelta a las manifestaciones de satisfacción por el objetivo logrado.

A su turno, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que “hoy el movimiento sindical a las 5:15 de la mañana contabilizó 763.443 firmas”. “Habrá referéndum porque desbordamos el vaso. Lo desbordamos por más de 100.000 firmas señores y señoras”, agregó, y la sala volvió a explotar de algarabía. Las papeletas oficiales con las firmas siguieron llegando. Ya en horas de la tarde, luego de una masiva caravana que acompañó al camión que transportaba las firmas desde la sede del PIT-CNT a la Corte Electoral, a lo largo del centro montevideano y con miles de personas que aplaudían desde las aceras, se entregaron 797.261 papeletas.

La LUC es un paquete de casi 500 artículos que modifican cuestiones de seguridad pública, sistema educativo, manejo de empresas públicas, acceso a vivienda, con restricciones al derecho a la protesta y a la huelga, entre otros puntos destacados.

En diciembre la Comisión Nacional Pro Referéndum lanzó la campaña de recolección de firmas, que debió enfrentar varios obstáculos, en un contexto de pandemia y con las consecuentes limitaciones para reunirse, hacer actos y manifestaciones. Además, el gobierno nacional negó la posibilidad a la Comisión de realizar una cadena nacional para informar a la ciudadanía y no se le había permitido antes la extensión del plazo para la recolección de firmas, a pesar de la emergencia sanitaria que dificultaba esa tarea.

La Comisión Nacional Pro Referéndum tiene el apoyo de más de 100 organizaciones, entre las que se destacan el PIT-CNT, la FEUU, el Frente Amplio, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Intersocial Feminista, y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.

En diálogo con el equipo de comunicaciones de la Comisión Nacional Pro Referéndum finalizada la conferencia de prensa del mediodía de ayer, Amira Fagúndez consideró que “llegamos a las firmas porque una gran parte del pueblo se comprometió con esta causa, porque es un pueblo que sabe de democracias y entiende que esta LUC daña nuestros derechos”. “Se puso al hombro esta campaña un montón de militantes de las organizaciones sociales que hoy estamos acá, con la convicción de que esta LUC debe ser derogada, poniendo todo de si para que esta Campaña saliera a flote a pesar de todas las trancas que nos han puesto en este tiempo, a pesar de no tener la cadena nacional, a pesar del frío, de la falta de financiamiento muchas veces, pero teniendo claro cuál era el objetivo”, agregó Fagúndez.

Por su parte, Fernando Pereira evaluó que haber llegado a las firmas para habilitar el referéndum “tiene ni más ni menos que la importancia de que el pueblo pueda decidir sobre una ley que fue votada en 90 días, que no tuvo discusión con las organizaciones sociales, que la gente no conoce y que a partir de ahora va a conocer en profundidad”. Dijo además que se genera un “precedente para que ningún gobierno, sea del color que sea, sea del signo que tenga, gobierne con LUC, porque este no es el mecanismo de mayor calidad democrática”.

Para el presidente del PIT-CNT, el objetivo logrado es una “victoria de los de a pie, de los que salieron mano a mano, de los que hicieron delivery (fueron a buscar firmas a casas de gente que no podía salir o prefería no hacerlo), de los que estuvieron en el centro de cómputos, de los que cubrieron los vacunatorios, los hospitales, los centros, las playas, los parques en todo el país”.

Por otra parte, en diálogo con Radio Mundo Real la representante de la Intersocial Feminista Soledad González catalogó la jornada de ayer como “histórica”. Se alcanzaron las firmas “en condiciones totalmente contrarias a favorecer su recolección”, dijo. “El mensaje principal al gobierno es que a los uruguayos no nos gusta que nos avasallen la democracia, que nos avasallen votando ‘leyes ómnibus’ en 90 días inmersos en una pandemia”, sentenció.

En tanto, la integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay Natalia Carrau, manifestó a Radio Mundo Real que “este proceso que nos llevó más de seis meses ha levantado a la militancia en todos los territorios, a los/as compañeros/as que con muchísimo esfuerzo han puesto su tiempo, su cuerpo, su trabajo de convencer a otros/as compañeros/as de que vale la pena este esfuerzo, de que la militancia y de que el campo popular uruguayo está vivo, afrontando con resistencia los retrocesos en nuestros derechos”. Los 135 artículos de la LUC que se pretende derogar “imponen cambios en la vivienda, en el carácter público de nuestra educación y en el papel y el rol del Estado en las actividades que hacen a la sociedad”, dijo Carrau. Agregó que ese articulado también impone cambios en las empresas públicas, entre otros que “implican retrocesos y son un avance del mercado por sobre lo público”, sentenció.

Según informa el periódico uruguayo La Diaria, a partir de la entrega de las firmas la Corte Electoral tiene 150 días hábiles para hacer el estudio de las adhesiones presentadas y legitimar su validez. Si al finalizar ese período el pronunciamiento es favorable, comienza a correr un nuevo plazo de 120 días hábiles para convocar al referéndum. En cualquier caso, hay un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso de apelación.