A días de que se cumpliera un año de los asesinatos el 3 de diciembre de 2017 de ocho indígenas en la aldea filipina de Datal Bonglangon, en la isla de Mindanao, uno de los abogados que apoya a la comunidad local, Pochoy Labog, acusó directamente a la empresa que desde inicios de la década de los 90 del siglo pasado ocupó ese territorio originario. Y al gobierno nacional de Rodrigo Duterte, por su política complaciente con la empresa y anti derechos humanos.

“Lo que sucedió en el dominio ancestral de las comunidades indígenas T’boli–Manobo, en las provincias de Sultán Kudarat y Cotabato del Sur (Mindanao), es una invasión ilegal de una corporación determinada, Silvicultural Industries”, manifestó Labog a Radio Mundo Real. Esa empresa, parte del conglomerado “Consunji”, tiene en las tierras indígenas plantaciones de café para la exportación.

Labog es el coordinador del área de Servicios Legales de la organización ambientalista Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas, que apoya la causa de los indígenas T’boli–Manobo, agrupados para hacer valer sus derechos en la organización TAMASCO.

“Lo que ellos quieren es la cancelación de la fuente de sus problemas, el ‘Acuerdo de Manejo Forestal Integrado’ (IFMA, por sus siglas en inglés)”, que permitió en 1991 la invasión del territorio indígena y que en 2016 fue ilegalmente renovado. “Reclaman esa cancelación así pueden de una vez por todas disfrutar a cabalidad de su derecho a sus tierras de dominio ancestral”, agregó Labog en la entrevista realizada para Radio Mundo Real por Norly Grace Mercado, de Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas.

Las comunidades indígenas fueron desplazadas de sus tierras, sufren persecuciones de los guardias de seguridad de Silvicultural Industries, y ni siquiera tienen dónde producir suficientemente sus alimentos.

El aparato ilegal

El 3 de diciembre del año pasado fuerzas del Ejército de Filipinas acribillaron a balazos a ocho indígenas campesinos T’boli–Manobo de la aldea de Datal Bonglangon (Cotabato del Sur). Entre ellos al líder de TAMASCO en ese entonces, Datu Victor Danyan. La excusa del gobierno de Duterte, famoso por su política de mano dura, fue que los indígenas eran “rebeldes”, “comunistas”, integrantes del grupo Nuevo Ejército del Pueblo (NPA, por sus siglas en inglés). Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas, dicen que la acusación es sencillamente falsa.

Esa organización ambientalista, parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional, una de las redes de organizaciones ecologistas más reconocidas mundialmente, explica que el IFMA 22 que beneficiaba a Silvicultural Industries expiró a fines de 2016. La corporación pidió el consentimiento previo, libre e informado de TAMASCO, y la respuesta indígena fue contundente: “NO”.

“Pero para la sorpresa de TAMASCO, el IFMA fue renovado mágicamente, fraudulentamente, a través de un proceso de fusión”, dijo Labog. “El IFMA 22 se consolidó con otro IFMA, número 18, que expira en 2032. Así que imagínese la decepción de las comunidades indígenas, ellas pensaban que ese acuerdo se cancelaba en 2016”, explicó el abogado.

Fue entonces que las comunidades decidieron protestar y movilizarse, y pagaron con la muerte de ocho indígenas. Las diversas organizaciones de apoyo a TAMASCO, que crearon un paraguas que denominaron “Grupo de Apoyo a TAMASCO”, no dudan que Datu Victor y sus siete compañeros fueron silenciados deliberadamente.

La causa indígena como bandera frente al miedo y la persecución

Filipinas vio el año pasado cómo más de 40 personas fueron asesinadas por defender sus tierras y el medio ambiente. La política de persecución y sangre y fuego del mandatario Duterte pone a los defensores de los territorios y la vida de rodillas.

Legal Rights and Natural Resources Center – Amigos de la Tierra Filipinas, al igual que las varias agrupaciones que hacen parte del Grupo de Apoyo a TAMASCO, buscan la devolución de las tierras de dominio ancestral a las comunidades T’boli–Manobo. Les brindan varios servicios, apoyo en casos de emergencia, realizan investigaciones y asistencia legal, y presentan los casos en su defensa ante la justicia.

Sin embargo, el trabajo y la militancia podrían dar mayores resultados si la realidad política nacional fuera otra, se quejó Labog. Si bien el abogado dice que no se siente amenazado personalmente, reconoce que no puede ir a la comunidad porque es peligroso. “Se nos aconseja, siempre que tenemos reuniones con la comunidad, encontrarnos en otro lugar, porque ir a la zona no es seguro”, relató. Asimismo, a los grupos locales que apoyan a TAMASCO y que están más en el nivel territorial, los amenazan y los catalogan también de rebeldes.

Nuestro entrevistado alertó que “la retórica de Duterte contra los derechos humanos y su muy agresiva guerra contra las drogas, que ya mató a más de 20 000 personas, han erosionado los derechos humanos y el Estado de derecho en realidad”. El abogado, que agregó que hay una Ley Marcial en Mindanao (estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias que otorga facultades extraordinarias a las fuerzas represivas del Estado), concluyó que ese panorama nacional “exacerba los problemas de las comunidades indígenas”.

Táctica y estrategia: el camino que viene

Pero en esa realidad deben moverse los defensores de los derechos humanos en Filipinas. Por eso el Grupo de Apoyo a TAMASCO escribió una carta al gobierno nacional pidiendo que se investigue la “ampliación anormal” del IFMA que favorece a Silvicultural Industries en su ocupación de territorio indígena. Labog dijo, no obstante, que el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales respondió que estudiaría el caso, pero adelantó que presume que la ampliación es legal.

Además, el Grupo de Apoyo a TAMASCO sigue estudiando acciones y elabora una estrategia que precisará del apoyo de la comunidad internacional. Del gobierno nacional no se puede esperar nada. En contrapartida, la administración de la provincia de Sultán Kudarat también reclama que se investigue la renovación ilegal del IFMA, y no quiere a Silvicultural Industries en la zona, según dijo Labog, lo que brinda una ventana de oportunidad para la causa de TAMASCO y las organizaciones que la respaldan.