Las movilizaciones comenzaron el 7 de febrero con la población haitiana harta de la corrupción del gobierno de Jovenel Moïse y los altos costos de vida. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente y de su primer ministro, que se convoque de inmediato a un diálogo nacional para establecer un gobierno de transición y llamar a una Asamblea Constituyente.

También reclaman que se juzgue a los responsables del desfalco de 3800 millones de dólares (un monto de dinero que llegó al país desde Venezuela, en el marco de la plataforma de integración energética Petrocaribe) que debía ser destinado al desarrollo de infraestructuras sociales y energéticas para paliar la grave situación social que atraviesa el país.

La falta de combustible, debido a la deuda impaga del Estado con la empresa que monopoliza la importación, ha repercutido en el aumento del costo de vida para los haitianos, con la devaluación de la moneda local y una fuerte inflación en su economía.

A una semana de que comenzaran las manifestaciones pacíficas, unas 52 personas han sido asesinadas por la represión de la Policía Nacional en la que también se han involucrado soldados de la Misión de las Naciones Unidas para el apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), según denuncian partidos de la oposición y movimientos sociales. También hay unos 47 heridos y entre 200 y 300 detenidos.

Por el momento Moïse permanece en su cargo presidencial y ha recibido el apoyo del Core Group, (integrado por el representante especial adjunto del Secretario General de las Naciones Unidas, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, y representantes de España, de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos-OEA) que celebró el accionar de las fuerzas represivas.

Desde Haití, Lautaro Rivara, sociólogo, comunicador y miembro de la Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití, envió un reporte especial para Radio Mundo Real.