Desde hace 36 años la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) realiza un registro anual sobre conflictos en el campo brasileño. El 31 de mayo se presentó el informe correspondiente al año 2020 con un promedio de 5,62 conflictos por día y un aumento del 8% en la conflictividad con respecto al año anterior.

El informe “Conflicto en el campo Brasil 2020” cuenta con 5 ítems de análisis de conflictos: tierra, agua, trabajo, violencia contra personas y manifestaciones. El informe de 2019 registró 1.903 casos de conflictos, en 2020 se registraron 2.054. En cuanto al número de personas afectadas pasó de 898.635 en 2019, a 914.144 el año pasado. En estos conflictos estuvieron involucradas 171.625 familias, de las cuales el 41,6% eran indígenas.

Isolete Wichinieski conversó con Radio Mundo Real sobre la realización del informe en un año de crisis mundial sanitaria.

Las fuentes primarias del informe son los movimientos sociales del campo y agentes de la CPT que recaban datos, las fuentes secundarias son los registros de conflictos consignados en periódicos. Debido a las dificultades de movilidad que presentó la pandemia el cierre del informe del año 2020 se retrasó algunos meses.

Wichinieski analizó los factores que explican el aumento histórico de la conflictividad y subrayó que estos datos son el resultado de un proceso que comenzó hace varios años, pero que en 2020 se vio agudizado por la pandemia del Covid-19.

Las elecciones de 2018 con la asunción de Jair Bolsonaro, el nuevo Congreso con una gran influencia de la derecha conversadora, el capital financiero internacional presionando sobre las tierras, las aguas y la naturaleza, los cambios en las leyes que favorecen el mercado de tierras y la falta de políticas agrícolas, generaron presiones sobre las comunidades rurales y devinieron en conflictos.

Los conflictos por el agua tuvieron su récord de asesinatos en el año 2020 en lo que se conoce como la masacre del Rio Abacaxís, en el Amazonas, donde cuatro personas fueron asesinadas.

Los conflictos laborales se vieron agravados por la pandemia, 7% más que el año anterior.

La CPT incluye en sus informes un análisis específico del impacto de estos conflictos sobre las mujeres porque, como consta en el texto del informe, “la violencia patronal del campo es blanca y misógina”.

Sobre esto Isolete Wichinieski subrayó: “Es importante destacar que en los últimos 10 años las mujeres sufrieron conflictos y agresiones que se viven diferente que en los hombres, son conflictos que atañen a sus cuerpos, a sus niños y a la vida, las mujeres son aquellas que cuidan y dan la vida (…) de 2011 a 2020 la CPT registró 77 intentos de asesinatos y 37 asesinatos de mujeres en el campo, estos son datos importantes porque nos dejan ver la realidad de una manera diferente”

La coordinadora de la CPT recordó que Brasil mantiene un modelo de país “patriarcal, blanco, racista y que coloca al hombre como dueño de la propiedad privada y del cuerpo de las mujeres”. Durante 2020, la CPT registró 18 asesinatos en el marco de conflictos en el campo: el 39% de las víctimas (7) fueron indígenas, que representan un porcentaje similar entre las 35 personas que sufrieron intentos de asesinato y son 25 de las 159 personas amenazadas.

El último informe incluye, por primera vez, el análisis de datos de la población LGBTI en el campo. Esta intersección será incorporada en los próximos informes ante la necesidad de la realidad brasileña. Wichinieski  recordó que Brasil “es un país que lidera los números de asesinatos relacionados a lgbtifobia en el mundo”.

Sin acceso a la justicia, pero con cuidados comunitarios

Una cuestión que atraviesa a los conflictos en general es la falta o la dificultad de acceso a la justicia por parte de las comunidades o personas afectadas. Además, según contó Wichinieski “hay influencia del capital en la justicia, e influencia también de las grandes familias que tiene representantes en la justicia, como el agronegocio, familias de hacendados y la burguesía brasileña.”

A todos estos factores de conflicto hay que sumarle el impacto de la pandemia y un estado ausente. En los registros de la CPT constan 316 ocurrencias de conflictos relacionadas al Covid-19, involucrando a 79.038 familias. El impacto fue mayor en las comunidades tradicionales, indígenas y quilombolas. Ante la situación de emergencia en salud y la falta de respuesta del gobierno federal, las comunidades resolvieron montar “barreras sanitarias”.

“Con la pandemia, la defensa de la naturaleza se convirtió en la defensa de la vida de la comunidades, fue necesario que crearan barreras sanitarias para impedir el acceso del virus”, dijo Wichinieski. “Muchas de esas vidas indígenas que se perdieron eran ancianos, con conocimiento ancestral y que no tuvieron tiempo suficiente para pasar el conocimiento a sus comunidades, esto por falta de asistencia del gobierno federal”. 1.038 indígenas murieron a causa del Covid-19.

Además Wichinieski destacó la solidaridad de los pueblos y familias rurales donando alimentos y tendiendo una mano a las comunidades que se encuentran más vulneradas: “las comunidades campesinas tienen en su cultura la solidaridad”.

Este informe es importante como documento para visibilizar la situación del campo brasileño, pero también para poder realizar propuestas de cambios a partir de estos datos, que son el reflejo de la vulneración sistemática de las condiciones de vida de miles de personas.