Este jueves 22 de octubre, la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT) presentó por tercera vez en el Congreso de la Nación argentina la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa que busca crear un sistema de crédito rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Además, la ley busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable.

«Construimos agroecología en un territorio bañado de veneno» – Rosalía Pellegrini, UTT.

Si bien la fuerte tormenta impidió realizar un “verdurazo” en la Plaza Congreso -que implicaba la instalación de una chacra agroecológica y una radio abierta-, lxs productorxs de UTT entregaron a lxs vecinxs la verdura agroecológica cosechada el día anterior y luego se participaron de una audiencia pública donde presentaron la ley en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso junto a ministros, diputados y diputadas.

Para conocer más sobre este proyecto de ley entrevistamos con Rosalía Pellegrini, secretaria de Género de la UTT.

El proyecto de ley busca saldar la situación injusta de la propiedad de la tierra. “Es una propuesta realizable para la Argentina de hoy: donde lxs pequeñxs productorxs tenemos que alquilar pagando 15 o 20 mil pesos la hectárea, mientras el 40% del territorio nacional está en manos de mil terratenientes. Los empresarios, las mafias inmobiliarias, ésos son los verdaderos usurpadores de la tierra”, dijo Pellegrini.

“EL TERRITORIO ESTÁ”

Desde la organización, presente en 18 provincias del país, buscan demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo.

En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. Según estiman, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. Solo con un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín (U$300 millones), o con un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 ($233.200 millones), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina.

El proyecto prevé dos maneras de acceder a la tierra: “la compra a privados, si el Estado genera un fondo fiduciario con estas tierras para poner a la venta; por otro lado hay tierras del Estado que hoy están improductivas o con las que se están haciendo negociados a espaldas del pueblo”, detalló la vocera de UTT.

«Hay una obscenidad de esa desigualdad [sobre la propiedad de la tierra] en un país donde hay hambre, hay mal nutrición, una economía devastada. Y acá hay una propuesta del ‘otro campo’, del que trabaja la tierra, que tiene la solución para acceder a los alimentos sanos, a precios populares, en armonía con este ecosistema que nos está diciendo ‘hasta acá llegamos, éste es el techo de este tipo de sistema económico'» – Rosalía Pellegrini, UTT.

Es la tercera vez que la ley de acceso a la tierra es presentada en el Congreso argentino. En 2016 y 2018 fue acompañada por decenas de legisladores, entre ellos muchos funcionarios del actual gobierno como el ministro de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Si tuvimos esos apoyos durante el gobierno de Mauricio Macri, no caben dudas de que hoy deberíamos contar con el mismo respaldo para que esta vez la ley se apruebe”, concluyó Pellegrini.