En 2011 la justicia de Ecuador dictaminó que Chevron Corporation debía pagar 9500 millones de dólares, por los daños ambientales causados a comunidades indígenas y colonos de Orellana y Sucumbíos, en la Amazonia ecuatoriana, durante la explotación de 1964 a 1990. Fue un triunfo de comunidades afectadas.

Chevron apeló la decisión. El 10 de julio de este año, la Corte Constitucional dio a conocer su decisión de negar la acción de protección solicitada por la transnacional. Mientras tanto, como Chevron no tiene activos en Ecuador, la Unión de Afectados/as por Texaco (UDAPT) mantiene su intento de hacer valer esa sentencia que les favorece en otras partes del mundo donde Chevron sí tiene activos.

Días atrás, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, donde Chevron había presentado un recurso contra el fallo de Ecuador, acogiéndose al Tratado de Protección de Inversiones Ecuador – Estados Unidos, resolvió que el gobierno de Ecuador debe buscar la anulación de la decisión de la justicia. La decisión del tribunal de La Haya también insta a Ecuador a impedir nuevas acciones para ejecutar la condena.

“Es un gigantesco abuso”, dijo Pablo Fajardo, representante legal de la UDAPT, en diálogo con RMR. “Cuando la Justicia acorrala a las corporaciones, las empresas corren a los árbitros para protegerse y pedir la impunidad”, añadió.

La UDAPT lleva desde hace 25 años un caso contra Texaco por haber vertido agua tóxica en los ríos, en forma intencional, y causar daño ambiental en la Amazonia ecuatoriana; un caso que han ganado en todas las instancias judiciales de Ecuador, incluyendo la Corte Suprema y la Corte Constitucional, por el que la petrolera fue condenada a pagar 9500 millones de dólares por los daños causados a comunidades indígenas y colonos de Orellana y Sucumbíos. Chevron apeló en distintas instancias para no pagar su condena.

Entre esas apelaciones está este otro caso, al que refiere esta decisión de La Haya, ya que Chevron solicitó un arbitraje, acogiéndose al tratado de inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, y el fallo dado a conocer recientemente “ordena al Estado ecuatoriano que viole su propia Constitución -señaló Fajardo-, que sacrifique los derechos humanos, ambientales, de la naturaleza, de los compañeros y compañeras de Sucumbíos, para darle un beneficio a la empresa Chevron”. Este fallo le ordena al Estado de Ecuador que “busque los mecanismos para que anule la sentencia” que condenó a la transnacional en 2011 por la demanda de 1992. Es decir: exhorta a que el Poder Ejecutivo actúe por encima, o tenga injerencia, sobre el Poder Judicial.

A su vez, ese fallo de arbitraje insta al Estado ecuatoriano a que impida que los demandantes puedan ejecutar la sentencia contra Chevron fuera del país. “Afortunadamente, la sentencia que tenemos está plenamente vigente”, recalcó el abogado representante de UDAPT, pero advirtió sobre el peligro que representa este gesto judicial internacional al pretender aplicar el derecho en forma retroactiva para defender un tratado bilateral de protección de inversiones vigente desde 1997.